El Gobierno tira la toalla con Podemos y asume la «derrota» de Yolanda Díaz con el ‘sí es sí’
Los socios van por libre y ambos sufrirán un coste electoral en mayo por su incapacidad para el acuerdo.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. | Pool Moncloa/Diego del Monte
Se acabó. Las cartas se han puesto boca arriba y los órdagos se han convertido en farol. Veinticuatro horas después de la ruptura de bloques en el Congreso y el retraso de la reforma del solo sí es sí hasta la víspera del 8-M, la coalición agoniza consciente de que los socios van por libre y ambos sufrirán un coste electoral en mayo por su incapacidad para el acuerdo. Desde la órbita socialista, confían en que la ciudadanía perciba su voluntad real de llegar a un acuerdo frente al bloqueo y la cerrazón de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Asuntos Sociales, Ione Belarra: «Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer», dicen en Moncloa señalando al socio minoritario.
Los socialistas culpan de la falta de acuerdo a la tensión existente en el espacio morado y a la «derrota» de Yolanda Díaz frente a las lideresas de Podemos. Un punto en el que coinciden con el entorno de la vicepresidenta segunda. Fuentes cercanas a Díaz también asumen ese potencial coste electoral que pudiera tener la falta de acuerdo: «Hay que saber cuándo aflojar y cuándo ceder», de la misma manera que «hay que saber ganar y saber perder». El reproche velado a Montero y Belarra por haber tensado la cuerda se hace explícito en esferas privadas.
La «derrota» de Yolanda Díaz
Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE asumen que Díaz ha intentado forzar a la parte de Podemos para «ceder» y llegar a un acuerdo con el socio mayoritario, pero las múltiples reuniones que la responsable de la cuota morada de la coalición ha convocado en el Congreso con todo el grupo morado han consensuado una posición de enroque sobre la posición del Ministerio de Igualdad. Son unas reuniones en las que la propia Díaz ha advertido del riesgo de «regalar una baza a la derecha», facilitando que el PP rentabilice su apoyo a la proposición de ley presentada por el PSOE.
Es una rentabilidad electoral que, según fuentes gubernamentales, aprovecha el PP, pero también la parte más extrema de Podemos, en donde ubican a Montero, Belarra y al propio Pablo Iglesias, quien azuza con la intención de forzar una ruptura que «no puede producirse». La intención del ‘emérito’ morado es tomarse la libertad que aporta situarse como oposición al Gobierno: «Cuando hay elecciones, la gente loquea», deslizan desde el Ejecutivo, conscientes de lo endiablado de los plazos del trámite parlamentario.
Si nada cambia, PSOE y Podemos acudirán divididos al pleno de toma en consideración de la ley del solo sí es sí el 7 de marzo, después de que Podemos, ERC y Bildu rechazaran en la Junta de Portavoces de este martes la unanimidad que exigía el tramite de urgencia para cumplir el objetivo de celebrar dicho pleno el 21 de febrero, como adelantó THE OBJECTIVE. La única manera de evitarlo sería a través de la intervención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a iniciativa del Gobierno con la convocatoria de un pleno extraordinario, lo cual podría hacerse con 48 horas de antelación desde su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes este mismo martes.
Moncloa descarta ‘forzar’ a Batet
Sin embargo, tanto La Moncloa como Podemos descartan esta posibilidad : «No lo vamos a hacer. Nos vamos al día 7», sostiene la cuota socialista del Ejecutivo. Lo descartan también los morados: «Sería muy insensato porque comprometería a Batet. No quiero que quieran meterla en esa tesitura». Una negativa a utilizar esta vía de escape que perjudica al PSOE en tanto en cuanto se proyectará su apoyo en el PP para sacar adelante el primer trámite de la reforma legislativa en la víspera del Día de la Mujer, el 8-M. Pero también perjudica a Podemos, dado que sufrirán el coste de negarse a rebajar sus posiciones maximalistas, lo que, según los socialistas, tendrá más penalización aún.
La pregunta que surge entonces es por qué el PSOE, a sabiendas de que no obtendría la unanimidad, incluyó la iniciativa en el orden del día de la Mesa este martes y forzó la votación en la Junta de Portavoces. Y la respuesta no es otra que la búsqueda de responsabilidades. El PSOE quiere volcar las culpas en su socio morado, responsabilizarle del rechazo de la tramitación exprés, y controlar el relato que le permita minimizar los costes electorales de la falta de acuerdo con Podemos. Descontado absolutamente el qué, en Moncloa se preocupan del cómo se interpreta. Y, por ello, evitarán recurrir a la vía Batet para adelantar el debate en el Congreso, porque ahí está la garantía de su victoria narrativa.
En la víspera del 8-M, dos años después de las manifestaciones masivas que celebraron la aprobación de la ley del solo sí es sí, el Ejecutivo quiere evidenciar que Podemos se abstiene en la toma en consideración que pretende «atajar las revisiones a la baja de condenas y excarcelaciones a agresores sexuales, lo que nadie entiende». Hasta la órbita morada del Ejecutivo admite a este periódico la dificultad de salir airoso de esta estrategia: «A ver si llegamos vivos al 8-M», sostienen.
La aprobación, en abril
Sin embargo, la operación no esta exenta de riesgos para el PSOE. La tramitación exprés permite al Ejecutivo aprobar la reforma legislativa en un plazo mínimo de un mes. Es decir, que en el mejor de los casos, la Ley de Libertad Sexual y su reforma en el Código Penal no podría ser modificada hasta la segunda semana de abril, del 6 al 10, dos semanas más tarde de lo previsto, ya que la última semana de febrero -del 27 de febrero al 3 de marzo- no hay actividad plenaria.
Si no hay sorpresas ni aplazamientos de trámites de enmiendas durante ese periodo, y apurando mucho los plazos de la vía de urgencia, la norma tendría que pasar del pleno al trámite de enmiendas parciales en ponencia, comisión, nuevamente a pleno, pasando por el Senado y, si se introducen modificaciones del texto, volviendo al pleno del Congreso. Y todo con el único apoyo del PP, a las puertas de la campaña electoral de las municipales de mayo y tras haber inaugurado un nuevo tiempo de ruptura de los bloques en el terreno parlamentario. Un pedregoso camino no exento de sorpresas, aunque las dos partes de la coalición hayan desistido ya de cerrar un acuerdo «imposible».
