Aprobadas la nueva ley del aborto y la ley trans: polémica por el giro del PP primero y el "nuevo sí es sí" después
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a ambos proyectos impulsados por el Ministerio de Igualdad a pesar de la oposición de PP y Vox
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a ambos proyectos impulsados por el Ministerio de Igualdad a pesar de la oposición de PP y Vox
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde de forma definitiva a la reforma de la ley del aborto, que acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y consagra la red pública como referente a la hora de practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Con 185 votos a favor, 154 votos en contra y tres abstenciones de diputados de PdeCat, la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sale adelante con la oposición de PP y Vox y en medio de la polémica por la resolución del Tribunal Constitucional, que ha avalado la ley de plazos de 2010 recurrida por el PP.
La reforma del aborto ha unido en esta ocasión a los socios de gobierno en una semana en la que los roces han sido constantes a causa de la reforma de la ley del solo sí es sí. La ley, que permite abortar libremente a las mujeres mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación, elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esta práctica.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha celebrado el apoyo de la mayoría feminista del Congreso a esta reforma, ha alertado de que habrá resistencias a la hora de aplicar la ley, tal y como ha ocurrido en todas las normas feministas. Por eso, ha señalado que ahora toca trabajar con las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las administraciones competentes para garantizar que en todos los hospitales públicos haya personal suficiente para realizar abortos, respetando el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios.
El texto recoge la creación de un registro de objetores de conciencia para el personal sanitario y elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días. Este punto ha sido uno de los más cuestionados por los partidos de la derecha.
La diputada del PP Marta González ha criticado que se prohíba informar a las embarazadas que van a abortar de las alternativas y ayudas a las que pueden acogerse, y ha denunciado que, con esta medida, el Gobierno trata de manera infantil a las mujeres impidiendo que puedan tomar una decisión de manera consciente. «El Gobierno lleva su sectarismo hasta el punto de hurtar esa información a las mujeres», ha dicho la diputada del PP, que ha afeado que la ley se haya tramitado por la vía de urgencia y sin tener en cuenta los informes de los órganos consultivos, críticos con el texto.
Desde el PSOE, Laura Berja ha afeado al PP el «espectáculo» de esta semana con las afirmaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el aborto y la decisión del Constitucional, y ha celebrado que «lo bueno de que el aborto sea un derecho» es que no depende del PP, sino de la mayoría social y política que lo hizo ley. «Teníamos una deuda con las mujeres jóvenes de este país», ha dicho Berja, que ha añadido que hoy el Congreso hace justicia a las mujeres a las que el PP quitó su derecho al aborto libre. «Ustedes han tenido recurridos 13 años los derechos de las mujeres», ha dicho.
Desde Vox, Lourdes Méndez ha afeado al PP que no derogara la ley de 2010 durante el Gobierno de Mariano Rajoy y ha defendido que el aborto «no es un avance ni un progreso» sino que, a su parecer, «es la mayor expresión de la barbarie». El diputado del PNV Joseba Antoni Agirretxea ha recordado a los grupos políticos que se han mostrado en contra de la ley que la obligación de los poderes públicos es «legislar para todos y no solo para los que piensan como uno mismo», así como «dar soluciones independientemente de los códigos morales y éticos de quienes estén legislando».
Desde Ciudadanos, Sara Giménez ha criticado que la reforma de la ley del aborto «meta por la puerta de atrás» la «criminalización» de la gestación subrogada, algo que, a su parecer, coarta la libertad de las mujeres de decidir «cuándo y cómo» ser madres y «ahonda la inseguridad jurídica» de aquellos que recurren a los vientres de alquiler. Sin embargo, los naranjas han votado a favor de la reforma porque, en palabras de Giménez, abogan por un «marco normativo valiente y garantista», que permita a las mujeres españolas «disfrutar de su sexualidad y si así lo desean de su maternidad».
El diputado de Más Madrid Íñigo Errejón se ha mostrado convencido de que «entre las filas de los que van a votar en contra del aborto» hay quien ha ejercido este derecho y ha apuntado que el Congreso no va a legislar si la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho o no porque «ese es un debate de otro siglo», sino que va a garantizar que se haga con «tranquilidad, seguridad, en la pública y con respeto».
«No hablamos del aborto en sí, hablamos de si garantizamos el derecho a hacerlo con seguridad para la salud física y mental de las mujeres», ha coincidido la diputada de ERC Pilar Valluguera, quien ha subrayado que «los derechos no están nunca suficientemente garantizados». «Como ganen Vox y el PP me veo otra vez en Londres abortando», ha avisado. Durante el pleno, antes de la votación, ha habido un acto de protesta organizado por la Fundación Más Vida frente a las puertas del Congreso en el que se han escuchado los latidos del corazón de los bebés de dos mujeres embarazadas a través de unos megáfonos.
La ley trans también sale adelante
La ley trans ha salido adelante este jueves en el Congreso con los apoyos del PSOE, Unidas Podemos y el bloque de la investidura tras superar las discrepancias entre los socios de Gobierno y parte del movimiento feminista por las diferencias de criterios sobre los menores trans y la autodeterminación de género. En las votaciones de las enmiendas procedentes del Senado se ha abstenido la presidenta de la Comisión de Igualdad y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, que ya se abstuvo en la anterior votación en el Congreso bajo una multa de 600 euros.
El texto reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años, despatologizando dicho proceso, e introduce varios avances para la comunidad LGTBI. Se trata de una de las leyes estrella del Ministerio de Igualdad, cuya titular, Irene Montero, ha prometido seguir avanzando en la conquista de derechos para el colectivo LGTBI tras su aprobación.
Una vez salvado el escollo que hizo peligrar la ley durante su tramitación parlamentaria después de que el PSOE presentara una enmienda que proponía que los menores de 16 contaran con una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro que fue rechazada, el PSOE se ha sumado también a la celebración. La diputada socialista, Raquel Pedraja, ha asegurado la ley que hará de España «un país más justo y respetuoso con su diversidad» y ha puesto en valor el trabajo de su partido que «una vez más ha acogido las reivindicaciones de la sociedad civil y las ha convertido en leyes».
Frente a ellos, ha censurado la postura del PP, «siempre instalado en el no», dedicado a «poner piedras en el camino», en cada votación y en cada recurso que presentan al Tribunal Constitucional. Desde este partido, la diputada María Jesús Moro ha alertado de los «graves defectos» y las «consecuencias lesivas» que a su juicio traerá esta ley, y se ha dirigido al PSOE para «rogarle» que paren la norma. Se ha referido al caso de Escocia y a otros países que «han dado marcha atrás porque saben que se precipitaron» al sacar adelante este tipo de leyes y que eso ha costado «mucho sufrimiento».
A la ministra de Igualdad le ha pedido que no venda esta ley como un éxito. «No se ría de las lágrimas que provoca». «No a esta ley, no a este nuevo sí es sí», ha dicho en referencia a la ley de garantía integral de la libertad sexual que el Gobierno se ve obligado a modificar después de la rebaja de penas a numerosos agresores sexuales. María de la Cabeza Ruiz, diputada de Vox, ha avisado de que si su partido llega al Gobierno derogará la norma que, en sus palabras, es «dañina y perversa» y «no traerá derechos, sino dolor y sufrimiento». «Pierdan toda esperanza de que demos este debate por perdido», ha reseñado.
Desde el grupo Plural, Joan Baldoví ha lamentado que el ruido haya sepultado todo el trabajo realizado durante tres años, un «lodazal que todo lo embarra» y que da alas a la derecha, ha advertido al Gobierno, a quien ha reclamado que cierre de una vez una propuesta consensuada para reformar la ley del sólo sí es sí. Ha recordado que las Cortes valencianas ya han aprobado una ley trans «y no se ha borrado nada, sólo la transfobia, sólo se han escrito derechos» y se ha dirigido a la derecha, a quien ha espetado: «Una vez más la realidad pasará por encima de este PP cobarde que siempre se borra de todos los derechos».
La diputada de Ciudadanos, Sara Giménez, que ha lamentado el aumento del 70% de los delitos de odio contra las personas LGTBI, ha criticado que el Gobierno no ha estado a la altura durante la tramitación de la ley y ha recordado las múltiples disputas entre PSOE y Unidas-Podemos. «Me hubiera gustado mayor rigor y una propuesta que generara cohesión en materia de igualdad», ha subrayado Giménez, que cree que el ministerio de Irene Montero no ha sido capaz de establecer una legislación garantista con las personas trans. El diputado del PNV, Joseba Antoni Agirretxea, por su parte, ha mostrado su apoyo a esta ley que «suma derechos y no se presenta contra nadie».
Fuente: EFE
