España ha destruido 1,4 millones de vacunas covid tras detectarse 135 lotes defectuosos

Casi un millón y medio (1.403.117) de vacunas contra la covid-19 han sido destruidas en los almacenes del Ministerio de Sanidad y en las comunidades autónomas, según ha informado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a la Asociación Liberum mediante un documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Si bien en la respuesta no especifican los motivos de la destrucción, la agencia, perteneciente al Ministerio de Sanidad, responde a la pregunta «¿cuántos lotes han tenido que ser inmovilizados o retirados de la comercialización?». De esta forma, según el escrito facilitado, estas vacunas corresponden a 135 lotes entregados a las comunidades que han sido tiradas a la basura sin ser inoculadas.

Según fuentes expertas consultadas próximas a la AEMPS, esta demolición corresponde, en su mayoría, a vacunas que estuvieron en malas condiciones tras haberse roto en ellas la cadena del frío. Las inyecciones en general se mantienen en temperaturas que van de dos a ocho grados como cadena de frío, superior a ello son temperaturas críticas para su mantenimiento. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los 14 millones de pinchazos caducados que el Ministerio tiene en sus almacenes y cuyo destino final es también la destrucción, como informó en primicia este medio el pasado mes de diciembre.

Por compañías, de acuerdo con este documento, fechado a 10 de febrero de 2023, se ha llevado a cabo la destrucción de las siguientes dosis defectuosas: 683.305 de Moderna, 405.412 de Pfizer, 136.890 de Janssen, 117.810 de Astrazeneca y 920 de Novavax.

No obstante, aunque la AEMPS no ha detallado a cuánto asciende el gasto de estas vacunas inservibles, según cálculos propios –ya que los acuerdos de confidencialidad de las compañías multinacionales con los distintos gobiernos para la compra de dosis tampoco ayudan a hacer una estimación precisa–, el importe de estas superaría los 30 millones de euros*.

Por comunidades, Castilla y León y Cataluña han sido las que más vacunas covid han destruido: con 357.578 y 332.518, respectivamente. Le seguirían la Comunidad de Madrid (146.742), Baleares (101.714), Aragón (95.919) y Asturias (87.504). Por el contrario, las regiones que menos inyecciones han tenido que demoler son País Vasco, que ha aniquilado 834 dosis, y la Región de Murcia, que apenas llega a las cien (90).

Coste de destrucción: hasta 3.000 euros por tonelada

El Ministerio de Sanidad, mediante el Portal de Transparencia, ha informado a THE OBJECTIVE que la destrucción de vacunas «se realiza siempre por gestores autorizados, que emplean, según el almacén empleado, dos métodos alternativos». Estos son: la destrucción por incineración, que según el departamento de Darias «es el método empleado por la mayoría de almacenes y que afecta, asimismo, a la mayoría de vacunas»; y la destrucción por inertización + trituración, que es el procedimiento usado para «algunas inyecciones de Moderna», ya que son destruidas como «medicamento peligroso». Los restos son depositados en vertederos de residuos peligrosos.

En cuanto al coste de la destrucción, Sanidad señala que «dependiendo de la marca y del método, se cifra en un rango de precio que abarca desde los 1348,48 euros por tonelada hasta los 2.981,05 euros por tonelada».

Javier García Pellicer, Jefe de Sección de la Unidad de Logística y Gestión del Conocimiento del Servicio de Farmacia del Hospital Universitari i Politecnic La Feel, informa a este periódico que una dosis de Pfizer pesa 1,32 gramos, por lo que triturar 405.412 pinchazos de este laboratorio le sale al Ministerio muy barato, apenas unos 1.500 euros, ya que este monto no llega a pesar ni una tonelada (536.197 kilos). Si estimamos que las vacunas del resto de las compañías tienen un peso similar, la Administración de Darias no habría pagado ni 5.000 euros por deshacerse de este millón y medio de inyecciones.

En el caso de tener que destruir laos 14 millones de pinchazos caducados, según cálculos propios, el importe no alcanzaría ni los 30.000 euros.

En este sentido, desde la Administración de Darias matizan que «no se procede sistemáticamente a la destrucción de todas las vacunas que alcanzan la fecha de caducidad, puesto que esta fecha es susceptible de ser pospuesta». «Es práctica corriente que el laboratorio titular solicite una extensión del periodo de validez de su vacuna al disponer de datos de estabilidad a lo largo del tiempo», matizan, y agregan: «Así ha ocurrido en varias ocasiones en el caso de las vacunas frente a la COVID-19 almacenadas en España». El pasado mes de agosto la EMA anunció que Pfizer ampliaba la vida útil de su inyección en 90 días; es decir, de 12 a 15 meses.