El Gobierno se olvida de 40.000 alumnos de Educación Especial en su nueva ley de becas
Familias y asociaciones exigen que el Real Decreto que regula las ayudas al estudio haga referencia a esta modalidad para acceder al cheque de 400 euros
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. | EP
El pasado 18 de febrero Pedro Sánchez anunciaba a bombo y platillo «la mayor partida presupuestaria» en política de becas, además de una ayuda «universal» de 400 euros para los estudiantes que sufren algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, que regula las becas al estudio para el próximo curso, obvia a los alumnos que están escolarizados en centros de Educación Especial, unos 40.000, y que son escolares que requieren una atención muy especializada al presentar trastornos graves o plurideficencias.
La ley, que dedica el capítulo III entero a las ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, no menciona los niveles EBO (Educación General Básica) ni las aulas de TVA (Transición a la Vida Adulta), que son los proyectos educativos que se imparten en centros de Educación Especial; por contra, sí hace mención expresa a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, ciclos formativos de Grado Básico, así como otros programas formativos de Formación Profesional.
El objetivo de esta nueva ayuda es que los estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33% puedan sufragar los gastos adicionales a los que tienen que hacer frente. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, explicó recientemente en una rueda de prensa que se beneficiarán de esta medida 214.000 alumnos «con necesidades específicas de apoyo educativo». Sin embargo, padres, profesores y diferentes asociaciones de personas con discapacidad solicitan una modificación de la ley para que esta haga mención de forma expresa a los grados de Educación Especial y facilitar la solicitud del cheque de 400 euros a las familias de los menores que cursan esta modalidad.
«La ausencia de esta referencia supone obviar a una modalidad educativa que goza de una tradición de décadas en España y a los miles de menores con discapacidad que estudian en Educación Especial. Y lo que es aún peor, puede dar lugar a malinterpretaciones de la ley que dejen sin los 400 euros a familias que se sientan excluidas y verdaderamente lo necesiten», apunta a THE OBJECTIVE Mar Ugarte, presidencia del Consejo Español para Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), que aclara: «En el decreto no pone expresamente que queden excluidos los alumnos de Educación Especial, eso no tendría lógica y sería anticonstitucional, pero viendo todos los antecedentes que tenemos, no nos extrañaría que estos alumnos queden fuera de esta ayuda. Puesto que lo que no se menciona no existe».
La respuesta del Ministerio de Educación
Ugarte se refiere a la disposición cuarta de la nueva Ley educativa (la Lomloe o ‘Ley Celaá’) –que comentaremos más adelante– y que pretende un «trasvase» de la Educación Especial a la Educación Ordinaria, «mal llamada», en opinión del Ceddd, Educación Inclusiva, y que supone «un riesgo para la supervivencia de la enseñanza especial».
No obstante, desde el Ministerio de Educación señalan a THE OBJECTIVE que esta asignación «no excluye a los alumnos de Educación Especial», y aseguran que «las familias podrán solicitar esta ayuda a través de la sede electrónica del Ministerio o a través de los propios centros educativos».
Sin embargo, las familias consultadas por este diario manifiestan que en el impreso a rellenar para solicitar el cheque, las casillas solo están preparadas para Educación Ordinaria, de forma que no pueden especificar en él que sus hijos estudian EBO porque no aparece, solo aparecen «las clasificaciones de la ordinaria».
«Desmantelamiento» de la Educación Especial
La Educación Especial ha sido uno de los temas más polémicos a raíz de la aprobación de la conocida Ley Celaá, ya que ésta fija un plazo de 10 años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».
Buena parte del alumnado con discapacidad está en educación ordinaria. De hecho, solo el 17% (38.068) de estudiantes con discapacidad está en Educación Especial. Las estadísticas del Ministerio señalan, por tanto, que 185.854 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave están escolarizados en centros educativos ordinarios, es decir, en centros en los que estudian alumnos con y sin discapacidad, lo que representa el 83% del total de alumnos con discapacidad o trastornos graves, que ascienden a 223.805.
De esta forma, hay quienes entiende que esta ley supone el «desmantelamiento» de los centros de educación especial y, por tanto, una limitación en el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. PP, Cs y Vox han mostrado su rechazo.
«La supervivencia de los centros de Educación Especial está en entredicho. Si bien es cierto que la ley no establece explícitamente su cierre, la Lomloe los relega a la escolarización de alumnos que requieran una atención muy especializada», manifiesta Mar Ugarte, que asegura que de ser finalmente así estos «van a quedar solo como un apoyo a la Educación Ordinaria» hasta acabar desapareciendo.
Además, desde el Consejo Español para Defensa de la Discapacidad y la Dependencia denuncian que esta ley quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad y se la da a un profesional, al establecer que será esta figura la que evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al menor
Un hecho, según manifiesta el Ceddd junto a la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (Ancee) en un comunicado conjunto, que «vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de la Constitución española», que garantiza el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, «y el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», en el cual se reconoce el derecho preferente de los padres para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos.
