El Defensor del Pueblo da otro golpe a Marlaska y envía pruebas a la Fiscalía sobre Melilla
Ángel Gabilondo ha remitido más información sobre la tragedia en la valla a la Fiscalía pese a que archivó su investigación el pasado diciembre
El Ministerio del Interior, junto al Defensor del Pueblo. | EP
El Defensor del Pueblo ha asestado el enésimo varapalo al Ministerio del Interior por su política de devolución de inmigrantes, después de que en junio del pasado año al menos 23 refugiados subsaharianos murieran intentando traspasar el perímetro fronterizo de Melilla. En su informe anual, el departamento dirigido por Ángel Gabilondo vuelve a criticar la actuación de las fuerzas de seguridad e insiste en la necesidad de crear un protocolo que regule los rechazos en frontera conforme establece el Tribunal Constitucional.
En las conclusiones previas sobre su investigación de la tragedia de Melilla, el Defensor del Pueblo ya advirtió en noviembre de la devolución de 470 inmigrantes en la ciudad autónoma sin que se tuvieran en cuenta garantías legales nacionales e internacionales, mientras Interior defendía un «cumplimiento escrupuloso de la ley». Un mes después, el Ministerio Público archivó las pesquisas sobre el caso al no advertir indicios de delito.
Desde el área de Gabilondo, no obstante, están tratando ahora de reabrir la investigación en la Fiscalía, según admiten en el documento: «Tras la lectura de su decreto, el Defensor del Pueblo ha considerado necesario iniciar actuaciones con el Ministerio Público, dando traslado de la información recabada por si fuera de su interés». Este organismo mantiene todavía abiertas sus actuaciones sobre la tragedia de Melilla.
Devoluciones en Melilla
La sentencia del Tribunal Constitucional que avala las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, señala el Defensor, establece que «ha de permitir su aplicación las entradas individualizadas, un pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España». Premisas que, según argumenta esta institución, no se cumplen.
Cuando se produce un asalto a los perímetros fronterizos en las ciudades autónomas, «se constata que la actuación de las fuerzas de seguridad se centra en intentar que todos o la mayor parte de quienes participan en el intento no lleguen a superar la valla, así como en su devolución». Por lo que, prosigue, «no resulta posible detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad».
Ante este escenario, el área de Gabilondo recomienda que, ante una devolución en caliente, siempre se prevea la forma de facilitar información sobre protección internacional y de verificar la situación y necesidades de protección de los inmigrantes. Todo ello, dice, a través de un «mecanismo adecuado y ágil de identificación y derivación que, entre otras cosas, elimine la posibilidad de que puedan ser, por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos.
Obstáculos en Marruecos
El Defensor del Pueblo es consciente de que no «es un problema exclusivamente español, sino que tiene una dimensión europea y una trascendencia supracontinental». Pero esto no exime que España «no haga las cosas de acuerdo con los estándares que se ha impuesto en su norma constitucional y que se han reforzado con su participación en los tratados internacionales». Entre ellos, el Pacto Mundial para las Migraciones, en el que el Gobierno se comprometió a «respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los migrantes» con una gestión de fronteras «de manera integrada, segura y coordinada».
También pone el informe de relieve los obstáculos, «en la mayoría de los casos insalvables», a los que se enfrentan los inmigrantes para acceder regularmente a Europa. Uno de ellos es la imposibilidad de su acceso físico a la embajada o a los consulados españoles de los países por los que pasan en su tránsito migratorio. Una cuestión que se ha agravado aún más con el covid, ya que ahora los trámites, en muchos casos, solo se realizan de forma telemática.
Sobre este aspecto, el departamento de Ángel Gabilondo señala, principalmente, a Marruecos. Un país que «preocupa especialmente» a la institución por el «alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional, que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas para poder formular dicha solicitud —esto es, saltar los perímetro fronterizos españoles— en lugar de hacer uso del procedimiento previsto en la legislación de asilo».
Desesperación
Es por lo que, en el marco de los acuerdos internacionales suscritos, esta institución reclama «un modelo de actuación y de coordinación que evite que la única opción al alcance de muchas personas, mayoritariamente de origen subsahariano, sea jugarse la vida en el intento de llegar, a cualquier precio, a un lugar seguro o donde mejorar sus opciones personales».
Porque, sentencia el Defensor del Pueblo, mientras se perpetúe el sistema actual, «ninguna frontera será lo suficientemente inexpugnable, ni ninguna valla lo suficientemente alta, como para impedir actuaciones dictadas por la búsqueda del reconocimiento de la propia dignidad, la desesperación y la ausencia de perspectivas vitales».
