Esquerra Republicana (ERC), Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP han acusado al Gobierno de «obstruir» la labor de la delegación de eurodiputados miembros de la Comisión de investigación sobre Pegasus en la Eurocámara, y han exigido la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según han dicho en una rueda de prensa tras reunirse con la misión de eurodiputados en Madrid.
La diputada de la CUP Montserrat Vinyet; la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, y el portavoz de Junts, Josep Rius, han comparecido para informar de la reunión.
En esta rueda de prensa, Vilalta ha agradecido la oportunidad de poder denunciar ante la misión europea el «escándalo democrático» de Pegasus y el ‘Catalangate’, «que ha vulnerado derechos fundamentales y derechos humanos de representantes del ámbito político del independentismo catalán, periodístico y activismo», según las declaraciones recogidas por Europa Press.
«El Estado español ha demostrado una baja calidad democrática al no haberse dignado a investigar una vulneración tan flagrante de derechos fundamentales y derechos humanos», ha agregado, para explicar que ha avisado a la misión del «bloqueo», «boicot» y la «no colaboración del Gobierno y de las principales autoridades españolas» ante este caso.
Por su parte, Rius ha anunciado que desde Junts van a «redoblar la presión para que durante la Presidencia española del Consejo de la UE se aclare el caso Pegasus y Pedro Sánchez se vea obligado a dar las explicaciones que esta semana se ha negado a dar escondiéndose detrás de la moción de censura de Vox».
Así, ha incidido en la necesidad de «depurar responsabilidades» y esclarecer los hechos relativos al caso, en lo que ha coincidido con Vinyet, quien ha apuntado a una «estrategia organizada» que consiste «en pasar página de este caso de espionaje y construir una pared de hormigón», todo ello «con la excusa de la idea de la seguridad nacional».
Esa estrategia para por «obstaculizar la comisión de investigación en el Congreso» o la falta de un «informe del Defensor del Pueblo», así como que la Fiscalía «se autoexcluya de la necesidad de investigación», ha detallado. Por otro lado, ha alertado de que «no descarta que este programario espía de control remoto de comunicaciones no se haya utilizado por parte de otros poderes del estado», como el Ministerio del Interior.
Por ello, ha demandado la dimisión de Robles, cuyo departamento «ha reconocido el uso de programario contra la disidencia política», pero también la de Marlaska. «Todo apunta que estas prácticas de espionaje continúan», ha añadido, para subrayar que «a fecha de hoy en Cataluña se están dando infiltraciones en movimientos sociales que precisamente vienen avalados por Interior».