El jefe de los antidisturbios ya fue investigado por utilizar el coche oficial los fines de semana
Asuntos Internos investigó en 2019 a Francisco López Gordo por presuntamente usar el vehículo oficial para desplazarse los fines de semana a Madrid
El comisario jefe de la UIP, Francisco López Gordo. | Youtube
Asuntos Internos ya tuvo en el punto de mira a Francisco López Gordo, comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), entre 2018 y 2019. Entonces, era el jefe de la comisaría de Policía Nacional en la Línea de la Concepción, aunque poco después tomaría el mando de la de Algeciras, ambas en el Campo de Gibraltar, Cádiz. Según revelan fuentes policiales a THE OBJECTIVE, esta unidad investigó al mando por supuestamente hacer uso del coche oficial durante los fines de semana para visitar a su familia en Madrid, de donde es oriundo López Gordo.
No obstante, según estas mismas fuentes, las pesquisas concluyeron después de que otro mando asegurase que en esos viajes López Gordo mantenía reuniones relacionadas con su trabajo en la capital española. Tras la mencionada justificación, Asuntos Internos archivó la investigación. Pese a esto, las fuentes consultadas insisten en que «el comisario rellenaba previamente bidones de gasolina» para encubrir a su regreso el uso del vehículo.
Tras esto, en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia, el comisario fue nombrado máximo responsable de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Un cargo que dejó en septiembre de 2021, cuando fue designado jefe de los antidisturbios. Bajo su mando, aunque previamente también bajo el de su antecesor, el comisario José Miguel Ruiz Igusquiza, se han venido celebrando distintas fiestas de mandos policiales en la sede de la UIP en el complejo policial de Moratalaz, tal como ha denunciado este periódico.
Valiéndose de su posición durante y después del coronavirus, los responsables policiales se citaban todos los viernes en el citado complejo, en la madrileña calle de La Tacona, para comer en una de las salas de la primera planta de la sede de las UIP. Veladas, aseguran las fuentes policiales, que se alargaban horas y en las que abundaba el consumo de alcohol de todo tipo. «Todo dependía de cómo se desarrollara la fiesta, unas veces se iban a las 5 de la tarde, en otras ocasiones se iban a medianoche…», revelan.
Comidas y alcohol
En las imágenes, publicadas por este periódico, se observa a distintos hombres, todos ellos mandos de Seguridad Ciudadana y de la UIP, según acreditan fuentes policiales, que se arremolinan en torno a la mesa. Sobre ella, en uno de los vídeos, se ven platos de comida, así como bebidas alcohólicas, vino y cerveza, mientras charlan entre ellos. En otro, aún con el tablero vacío, se advierte cómo agentes cocinan con fuego vivo en el interior de habitación, sin ningún tipo de ventilación ni medida de seguridad.
Estos últimos, en cualquier caso, no son los jefes policiales que disfrutarán más tarde de la comida y la celebración. Se trata de agentes antidisturbios, encargados de preparar la comida con una o varias cocinas de gas en esa estancia; servirla a los comensales, es decir, sus superiores; recoger después los platos y demás restos, y limpiar todo lo ensuciado, incluida la vajilla. Lejos de los cometidos de un agente de la UIP, estos funcionarios son cocineros, camareros y encargados de la limpieza.
Restaurante ilegal
Y es que, en paralelo, López Gordo también ha gestionado desde septiembre de 2021 el restaurante ilegal que esconde la sede de la UIP en el sótano desde al menos tres décadas. Sin licencia de actividad ni cumplir ningún requerimiento higiénico-sanitario o de seguridad, 14 antidisturbios trabajan en una cocina ‘fantasma’ preparando menús a diario por cinco euros para sus compañeros y jefes, según ha desvelado también THE OBJECTIVE.
Se trata de un establecimiento que funciona al margen de la ley y que ha administrado siempre a través de una contabilidad paralela el comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), en este caso, Francisco López Gordo. El papel principal, no obstante, lo ostenta, por decisión del citado mando, una subinspectora, encargada de llevar todas las cuentas del restaurante ilícito. Un establecimiento que suele recaudar, a partir de la venta de comida, unos 20.000 mensuales, 240.000 euros al año.
Es una gestión que, a principios de 2023, terminó con la expulsión de seis agentes de su puesto en la cocina, después de que la jefatura les acusase del robo de 3.000 euros. A su vez, estos últimos, sobre quienes pesa una investigación de Asuntos Internos por estos hechos, señalan que ese ‘agujero’ en la contabilidad se debe a las comidas y a las fiestas que han celebrado los mandos y costeado a partir de la recaudación del restaurante.
