El Govern interrogó durante 50 minutos y sólo en catalán a la enfermera andaluza hostigada
Begoña Suárez no domina la lengua, pues solo estuvo seis meses en la comunidad. La letrada le tradujo las 40 cuestiones, realizadas de forma «agresiva» y «policial»
La enfermera hostigada por criticar la petición del C1 de catalán. | TikTok
La enfermera andaluza perseguida por el independentismo tras publicar un vídeo en el que criticaba la necesidad del nivel C1 de catalán en los hospitales de la comunidad fue interrogada durante 50 minutos por un enviado de la Generalitat. Las preguntas, realizadas en un tono de gran dureza, se realizaron íntegramente en catalán a sabiendas de que la joven no dominaba la lengua al haber estado solo seis meses en la comunidad, tal y como desvela el diario El Mundo.
Begoña Suárez, nombre de la enfermera gaditana, fue asistida por su letrada durante todo el proceso para poder contestar a las 40 preguntas que se le lanzaban. La Generalitat, que vetó que el propio Vall d’Hebron asumiera las investigaciones, trata el asunto como una «información reservada» y ha ordenado que las pesquisas corran a cargo de un instructor del Instituto Catalán de la Salud (ICS).
Fuentes consultadas por el citado medio se muestran sorprendidas por la decisión del Govern de emprender una investigación por su cuenta y no por los cauces establecidos en el propio Vall d’Hebron, que cuenta con sus propios instructores. Además, destacan el tono «policial y muy agresivo» utilizado durante el proceso contra Suárez y las otras profesionales que aparecen en el vídeo, a quienes también se dirigió en catalán aunque solo una dominara la lengua.
El interrogatorio no estuvo dedicado a conocer el desempeño de las profesionales, ni su labor en el centro o los servicios prestados a los pacientes. Durante los 50 minutos que duró la conversación no se trataron estas cuestiones, esenciales para conocer la habilidad de los profesionales. Las pesquisas estuvieron relacionadas con el video, grabado durante su horario de descanso para comer y en la zona que les había sido asignada.
Una campaña de acoso contra la enfermera
La joven ya ha abandonado el centro tras no haber renovado su contrato. No pudo disfrutar sus últimos días en el hospital al tener que pedir una baja por un cuadro de ansiedad ante los continuos ataques que recibió a través de las redes sociales tras viralizarse el vídeo. Entre los hostigadores se encuentran también cargos públicos de la propia Generalitat, que pusieron a Suárez en la diana de radicales que, como recuerda El Mundo, llegaron a amenazarla de muerte con mensajes como: «Te exiliaba a tu puta comunidad o te fusilaba y te dejaba en una puta cuneta tirada hija de la grandísima puta».
El propio consejero de Salud de la Generalitat, Manel Balcells, se dirigió a la joven en redes para reprocharle el vídeo, comenzar un proceso en su contra y exigir que todos los profesionales de la comunidad debían poder dispensar los servicios sanitarios en la lengua catalana: «Desde el centro hasta el Departamento de Salud llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña».
Balcells explicó que al no haberse renovado el contrato de Suárez (por voluntad de la afectada ante los ataques), que finalizaba el pasado 31 de marzo, había decaído la investigación. Las compañeras de la joven fueron renovadas y permanecen a la espera de que se les notifique la incoación del expediente o el archivo de las actuaciones.
En un mensaje enviado a sus compañeros del centro al que ha tenido acceso El Mundo, Suárez explicaba las consecuencias de este acoso: «Ahora mismo me da mucho miedo salir a la calle, por las consecuencias más allá del hospital. Hay gente que está muy loca y puede venir a darme una paliza. He recibido un montón de amenazas».
Balcells, por su parte, mantuvo la presión contra las jóvenes y en el propio Parlament las puso en la diana por sus críticas a la lengua: «La empresa tiene que tomar medidas independientemente de la falta de respeto hacia la lengua propia». Tiempo después cambiaron la acusación, centrándola en que habían grabado «en el lugar de trabajo, con la bata institucional, sin mascarilla y sin las medidas higiénicas propias del lugar».
