Comisiones Obreras lleva al Defensor del Pueblo el «colapso» de las jefaturas de tráfico
El sindicato reprocha que esta crisis en las oficinas se ha agravado en Madrid, haciendo que algunas de ellas deban operar con el 80% de los puestos sin cubrir
El secretario general de CCOO, Unai Sordo. | Carlos Luján (Europa Press)
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por el «colapso» de las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT), que en algunas provincias tienen que atender a los ciudadanos con el 80% de los puestos de personal sin cubrir.
Según denuncia este sindicato en un comunicado citando datos de la propia DGT, la progresiva pérdida de empleados públicos no ha dejado de ir en aumento en la última década, de tal forma que en el 40% de las provincias las oficinas de atención al público de las Jefaturas de Tráfico tienen que hacer frente diariamente a la demanda ciudadana con más del 50 % de los puestos de su plantilla sin ocupar.
Una situación que «se agrava» en oficinas como las de Madrid, Soria, Navarra, Alcorcón, Ceuta, Guipúzcoa, Lugo, Toledo o Girona, en las que se sitúa por encima del 70% y llega a superar el 80% en Ibiza o los servicios centrales de Madrid.
Esa falta de personal supone que casi el 70% de personas que trata de obtener cita previa no lo consiga, cifra que aumenta hasta el 75% en algunas provincias y al 91% cuando se trata del trámite de canje de licencia.
La falta de operadores de información también está incidiendo de manera negativa en el servicio público de exámenes para la obtención del permiso de conducir.
CCOO recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en marzo en sede parlamentaria un plan de choque para la DGT, además de un incremento inmediato de la plantilla de personal funcionario, que sería efectivo en el plazo de un mes.
Ha pasado el plazo y no se ha anunciado «cómo y en qué condiciones se va a acometer ese plan», razón por la cual la sección sindical de FSC-CCOO del Ministerio del Interior ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, así como ante la representación territorial con la que cuenta la institución en Aragón y en otras 8 comunidades autónomas.
