Comisiones Obreras arremete contra Mediapro por sus presuntas prácticas antisindicales

Mediapro ha vuelto a ser acusada de cometer prácticas antisindicales. En este caso ha sido la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Madrid la que aseguró hace unos días que la productora dirigida por Jaume Roures les negaba la posibilidad de realizar una negociación colectiva relacionada con la extensión del teletrabajo. 

Los trabajadores afectados por estas restricciones son los pertenecientes a una de las principales filiales de la compañía, Grup Mediapro, S.A.U. (antes denominada Imagina Media Audiovisual, S.A.U. y encargada de prestar servicios corporativos al resto de empresas del holding). 

Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo. Desde Mediapro aseguran a THE OBJECTIVE que este conflicto se resolvió de forma satisfactoria, lo que conllevó que se anularan las acciones sindicales de protesta que estaban previstas en las últimas semanas.

Cambio de accionistas y de prácticas

Asegura CCOO que la compra de Mediapro por parte del fondo de inversión chino Southwind Group (antes Orient Hontai) ha diluido el porcentaje accionarial que tienen los socios fundadores del gigante audiovisual, Jaume Roures y Tatxo Benet.

«Como consecuencia del cambio de accionariado, el rumbo de la nueva dirección dista mucho de aquel Mediapro en el que sus socios fundadores mantuvieron durante décadas el espíritu de pertenencia a una empresa de las que sus trabajadoras y trabajadores se sentían orgullosos porque sentían que les valoraban y por la que muchas y muchos entregaron todo lo mejor de sus vidas, de su labor y de su profesionalidad en pro de la consecución de los objetivos y del crecimiento conjunto», explican. 

El sindicato recuerda que «se hablaba entonces del ADN de Mediapro. El cambio de trayectoria fomentado por la nueva directiva pugna por destruir los sólidos cimientos sobre los que se sustentaba el perfecto equilibrio entre empresa y trabajadores y opta por aplicar la imposición y el despotismo en sus relaciones con ellos. En este contexto autoritario, pese a los reiterados esfuerzos llevados a cabo por la representación legal de los trabajadores del GrupMediapro, S.A.U. y, en contra de los propios discursos que públicamente difunde la nueva dirección de la empresa, ésta se niega a entablar cualquier tipo de diálogo y negociación». 

«Dicha negativa a la negociación colectiva deriva en consecuencias de mayor calado, dado que la empresa está obligando a las trabajadoras y trabajadores a aceptar condiciones poco beneficiosas bajo el dogma de la imposición y de la opción única», denunciaron. 

Aseguran que la representación laboral de los trabajadores «siempre consistió en negociar un acuerdo marco de mínimos, de forma que las diferentes opciones ofrecidas a los trabajadores no dependieran de criterios arbitrarios impuestos por la empresa, sino de criterios objetivos con parámetros claros en función del rango salarial y de las cargas familiares o circunstancias especiales de cada persona, promoviendo así unos criterios claros y justificables basados en la idea de la justicia social». 

«Sin embargo, unilateralmente la empresa ha decidido ofrecer a cada trabajador condiciones a su solo criterio, siguiendo parámetros poco uniformes, poco transparentes y poco conciliatorios, provocando con ello arbitrariedades, desigualdades patentes y descontento generalizado entre las propias compañeras y compañeros», añadían. 

CCOO también critica la decisión de Mediapro de repartirse en el año 2019 aproximadamente 8,5 millones de euros entre los miembros del Consejo de Dirección, o la de «recuperar mediante bonus a finales del 2021 los recortes en sus emolumentos que tan bien habían ‘vendido’ públicamente durante la pandemia como un ejercicio de conciencia colectiva». 

«Lo cierto es que en tiempos de pandemia enviaron al ERTE a más de 1.200 personas por motivos de bajada de actividad y recortaron o anularon sus beneficios sociales, haciéndoles renunciar por escrito a reclamarlos posteriormente. Parece pues que la austeridad sigue siendo únicamente aplicable a los mismos de siempre», denuncian. 

Otras protestas en 2021

Las denuncias sindicales contra el Grupo Mediapro se suceden en los últimos tiempos. El febrero del pasado año también fue Comisiones Obreras la que protestó por el despido de 11 trabajadores «amparándose en la pandemia y en un problema de viabilidad». Los trabajadores, según el sindicato, eran personal indefinido, «alguno incluso en producciones activas o proyectos ya designados para, en su lugar, contratar personal por obra». 

El pasado año la CNT también amenazó con promover una huelga porque la compañía se negó a firmar un convenio propio para la producción audiovisual (técnicos, principalmente) a pesar de ser conscientes de que el convenio sectorial estaba pensado para rodajes cinematográficos o de series, en vez de haber sido diseñado para los trabajadores de canales deportivos que se encargan de retransmisiones nocturnas y de eventos realizados en el fin de semana.

Mediapro y el 8-M

Los problemas entre Mediapro y los sindicatos se retrotraen a que el fondo de inversión chino tomase su control. En 2018 fueron dos diputados, Eva García Sempere (Izquierda Unida) y Miguel Vila (Podemos), los que le reclamaron a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que actuase como intermediaria en el conflicto laboral que sacudía a los trabajadores de una filial de la productora, Mediatem, que gestiona los servicios del Canal Parlamento. 

Ambos diputados explicaron que Mediapro aseguraba que los sueldos de los trabajadores dependían «de la partida presupuestaria que la Mesa del Congreso destina al proyecto». «Basándose en esta premisa, la empresa mantiene que no equipararán el salario actual al del resto de profesionales del sector debido al limitado presupuesto del Parlamento. Asimismo, la empresa se niega a aplicar modificaciones en el presente año», añadieron. 

Izquierda Unida también denunció que en 2018 Mediatem había ejecutado cuatro despidos, tres de ellos declarados en los tribunales como improcedentes. «Una de ellas es la denuncia por trasladar personal del Senado al Congreso para cubrir los puestos de quienes habían ejercido su derecho a huelga el pasado 8-M», explicó la formación progresista. 

IU señaló a Pastor que los despedidos eran personas que se habían significado en las tareas sindicales: «Según nos informan desde la plantilla, era de quienes se habían significado precisamente en la defensa de sus condiciones laborales, por lo que ha suscitado no sólo la solidaridad de sus compañeros, sino la de numerosos ciudadanos a través de las redes sociales». 

Otra filial de Mediapro, Royal Media, también se fue acusada en 2016 por generar conflictos laborales en el canal que gestionaban, Real Madrid TV, entonces codirigido por el gerente de esta productora, Mariano Rodríguez. 

En 2012 Roures también perdió crédito entre los sindicatos y sufrió ‘fuego amigo’ a nivel mediático tras echar la persiana a Público y despedir sin indemnización a 130 trabajadores, que acabaron recibiendo compensación por parte del fondo gubernamental Fogasa. 

El periódico salió a subasta posteriormente y fue adquirido por 412.000 euros por una empresa ligada empresarialmente a Mediapro, la inmobiliaria Display Connectors S.L. de Toni Cases. Este empresario, pasado un tiempo prudencial, acabaría vendiendo el proyecto a sus actuales editores, Jaume Roures y Tatxo Benet. 

Uno de los periodistas afectados por la caída de la edición impresa de Público fue el periodista Pere Rusiñol, que el pasado año fue absuelto por llamar «estafador» a Roures.