Los psiquiatras penitenciarios, desbordados por el auge de las autolesiones en las cárceles

La sanidad penitenciaria está en vías de desaparecer. Con la mayoría de presos sin Atención Primaria, como venimos contando en varios artículos, la situación es aún más preocupante si abordamos la salud mental. Con el 40% de los internos con algún tipo de trastorno mental, solo hay un psiquiatra para cada mil internos. Según ha podido saber THE OBJECTIVE por fuentes penitenciarias, en la actualidad, el sistema sanitario de prisiones solo dispone de 46 psiquiatras para cerca de 50.000 presos. Además, este año, el Ministerio de Interior solo ha reforzado la sanidad penitenciaria con un psiquiatra.

Como consecuencia, los datos muestran que, durante el año 2021 –últimos datos disponibles–, se produjo «un aumento» de las lesiones que se infligen las personas privadas de libertad respecto de los datos de años anteriores. En total, se contabilizaron 3.498 autolesiones, siendo 87 de ellas graves y 3.411 leves, señala el último informe anual del Defensor del Pueblo, que denuncia que «el sistema de salud a nivel nacional sigue sin poder dar respuesta a los problemas derivados de las enfermedades o trastornos mentales en el ámbito penitenciario». «Encontramos prisiones que, a pesar de los esfuerzos, siguen sin disponer de los medios materiales y humanos adecuados para el tratamiento de las personas con enfermedad mental», hace hincapié.

En este sentido, este viernes, en el Módulo 8 de Madrid III Valdemoro, se ha producido un altercado protagonizado por un interno con graves problemas de adicción y trastorno de la personalidad, informa CSIF, que señala que el preso «sin mediar palabra» se acercó a la cabina de seguridad y lanzó «de forma violenta y agresiva» una silla contra el cristal. «Acto
seguido da una patada a la cabina de videollamada y un puñetazo rompiendo la cabina de teléfono».

36 suicidios en 2021

Casi el 30% de los internos, según la Encuesta sobre salud y consumo de drogas en internados en instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior, han sido diagnosticados alguna vez de un trastorno mental y uno de cada cinco ha intentado quitarse la vida estando en prisión o en la calle.

Además, el informe también señala que durante 2021 se produjeron 36 muertes por suicidio (dos mujeres y 34 hombres) en las prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias —produciéndose una disminución de las cifras respecto de años anteriores—. No obstante, desde el Defensor del Pueblo remarcan que no se ha roto con la tendencia lineal ascendente, si se toma como referencia 2017, ya que «el suicidio en prisión sigue exigiendo de un abordaje específico de los factores y causas que lo provocan». Si en 2017 hubo 27 suicidios, en 2018 fueron 33, en 2019 fueron 43, en 2020 se llegó a 51 y en 2021 los 36 mencionados.

Transferencia de la sanidad penitenciaria

En el año 2003, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud de las comunidades autónomas «para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud». Sin embargo, 20 años después, su incumplimiento aún continúa, a pesar del criterio reiterado del Defensor del Pueblo de que esta situación sea revertida. Estas transferencias solo se han producido en Cataluña, País Vasco y Navarra.

La «falta de interés por parte de las autonomías» en asumir el coste de un servicio que ahora sufraga el Ministerio del Interior sería la principal causa por la que este traspaso aún no se habría llevado a cabo en la mayoría de las comunidades. Como consecuencia, las prisiones sufren una ausencia de modelo, en el que la salud mental queda relegada al «voluntarismo» de las propias comunidades que, exporádicamente, sin plan ni criterios, ceden a sus sanitarios para asistir puntualmente a internos.

De esta forma, los centros penitenciarios españoles solo cuentan con 46 psiquiatras –0,5 por prisión– entre autónomos, los cedidos por las CCAA y los propios de prisiones. Así, la situación es cuanto menos dispar quedando descubierta la continuidad asistencial. En Extremadura, por ejemplo, según fuentes penitenciarias, no hay psiquiatras de prisiones, «van de las comunidades», al igual que ocurre en Andalucía; en Castilla y León son autónomos, lo mismo que en Cantabria, Valencia y Galicia; y en la Comunidad de Madrid, solo Valdemoro y Navalcarnero cuentan con psiquiatra de prisiones, al resto de centros acuden autónomos.

Ante esta situación de disparidad, «tanto la frecuencia como el número de internos vistos es muy variable», señalan los expertos consultados, que aseguran que «pueden ser de dos o tres al mes a 15-20 en otro centro».

Protocolo de prevención

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIPP), dependiente del Ministerio del Interior, puso en marcha un protocolo de prevención de suicidios, en 2014. Desde entonces, todos los centros penitenciarios que dependen del Estado cuentan con un programa de actuación para detectar situaciones de especial riesgo entre los reclusos para evitar que se conviertan en conductas suicidas.

En el ingreso siempre se sitúa al interno en una celda compartida para evitar situaciones de aislamiento. Además, se facilitan las llamadas a las familias. No obstante, si un funcionario detecta un intento suicida, entre las medidas urgentes figuran la derivación al hospital de referencia en caso de urgencia psiquiátrica, el tratamiento médico directamente observado, la inmovilización terapéutica acompañada de observación, la asignación urgente de interno de apoyo, la retirada de material de riesgo y la vigilancia especial por funcionarios, informa Efe.

Las medidas programadas incluyen el seguimiento en consulta por parte del servicio médico, la derivación al psiquiatra, el ingreso en enfermería para observación y tratamiento, consulta psicológica, seguimiento directo por su educador y valoración por el trabajador social.