La lenta decadencia de la sanidad penitenciaria: 200 médicos para más de 48.000 presos

«La sanidad penitenciaria está en vías de desaparecer». Así de contundente se muestra Pedro Martínez, responsable de prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que denuncia como cada vez se contratan más servicios de sanidad privada y profesionales autónomos para la prisiones ante la fuga de sanitarios que ganan menos que sus compañeros y cada vez son más mayores (el 69% de los médicos tiene más de 55 años y el 54% más de 60). De esta forma, Martínez, asegura que «actualmente falta un 56% de los médicos», habiendo solo unos 216 facultativos para los más de 48.000 internos de los centros españoles, esto es, un médico para cada 220 presos como mínimo, ya que hay que tener en cuenta los preventivos que pasan por las cárceles –y que también necesitan asistencia– a lo largo del año.

«Parece que estamos en la misma situación que hace 30 años, en el siglo pasado, pues actualmente casi un 60% de las plazas de facultativos están sin cubrir, hay interinos sin titulación, se firman contratos de dudosa legalidad, hay guardias sin cubrir, centros en los que solamente se atienden urgencias, profesionales en precario, quemados, desmotivados y mal pagados», denuncia el médico, quien lleva más de 30 trabajando en prisiones, y señala que ante esta carencia «la administración solo busca atajos, pone parches y tapa agujeros».

Ante este panorama «desolador» en el que en los centros penitenciarios la infección por VIH es diez veces superior a la media nacional; existe más de un 70% de personas con antecedentes de toxicomanías, agotamiento pandémico y una escalada de pacientes con problemas de salud mental, cárceles como la Cuenca han tenido que contratar los servicios de la clínica Quirón, la de Burgos ha recurrido a la Clínica Clarís y en la de Cáceres han tirado de personal autónomo que «a veces van por horas, otros por días, otros solo para las guardias». «Esto es como el ejército de Pancho Villa, en cada centro se hace lo que se puede», apunta Martínez.

«Dudosa legalidad»

En el año 2003, el Ministerio de Sanidad aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que «los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud». 19 años después, estas transferencias solo se han producido en Cataluña, País Vasco y Navarra.

La «falta de interés por parte de las autonomías» en asumir el coste de un servicio que ahora sufraga el Ministerio del Interior sería la causa principal por la que este traspaso aún no se habría llevado a cabo en la mayoría de las comunidades, quedando la sanidad en prisiones cada vez más «aislada». «Un gueto donde no se cumple la ley y no se equiparan los sueldos» –la diferencia como media es de más de 1000 euros al mes–.

De esta forma, el experto señala la «dudosa legalidad» a la hora de contratar servicios de sanidad privada y profesionales autónomos para las prisiones, ya que según el artículo 9.2 de texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública, las funciones que impliquen salvaguardar intereses generales del Estado y de las administraciones públicas solo pueden hacerlas «exclusivamente» funcionaros públicos.

Así, desde el CESM aseguran que un servicio médico privado contratado «no puede desempeñar» tareas como informes médicos para juzgados, informes sobre huelgas de hambre, situaciones de aislamiento o protocolos de suicidio y, por ello, se plantean «acudir a la Justicia si es necesario».

Valencia, el centro con más presos, solo con medicina de urgencia

La asistencia sanitaria en una prisión debería ser igual a la de un centro de atención primaria, sin embargo, esto es una utopía que condena a las personas privadas de libertad a una atención sanitaria que rompe con los principios de equidad e igualdad. En muchas prisiones carecen de facultativos, por lo tanto, de atención primaria, y la única medicina es la de urgencia.

Es lo que ocurre en el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia), la prisión con más presos de España, unos 2.000, solo tiene servicio de urgencias, igual pasa en la de Valdemoro, con unos 1.000 presos fijos y unos 8.000 de paso anualmente; en la prisión de Aranjuez, también una de las más grandes de España, se pasa consulta cada 15 días; Ávila y Cáceres solo cuentan con centros de reconocimientos; e Ibiza, Alcázar, Alcalá de Guadaira, Cuenca y Burgos con el 112.

En Ocaña II (Toledo), centro en el cual trabaja el Dr. Pedro Martínez, la relación de puestos de trabajo es de cinco y, sin embargo, solo están dos facultativos. «El trabajo lo haces con toda la buena voluntad del mundo pero la sensación es que no llegas, que dejas cosas sin terminar, sin estudiar, que tomas decisiones muy rápidas que te provocan mucha angustia y frustración», relata Martínez al otro lado del teléfono quien, cerca ya de la jubilación, asegura sentir «mucha pena» porque si una vez la medicina penitenciaria fue referente, hoy la «deja peor de lo que se la encontró».

Y en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante), si hace un año contaba con siete médicos para 1.100 reclusos, hoy solo tiene uno. Ella es la doctora Almudena Mora, quien asegura llevar con «gran impotencia esta situación» ya que no puede atender a los pacientes «como se merecen» porque «no llega». «La Dirección General sabe la situación desastrosa y no hace nada. Lo que hace es ofrecer servicios de telemedicina para que otros aumenten sus ingresos y el Sistema esté peor atendido y los enfermeros solos», hace hincapié.

Por otro lado, el médico de Ocaña II asegura que esta externalización de servicios supone un gasto mucho más grande al Sistema Nacional de Salud, ya que hay que costear traslados en ambulancias, Policía y Guardia Civil. Por ejemplo, cada día de ingreso hospitalario tiene un coste de 1.500 euros, además de los costes de las pruebas diagnósticas y un largo etcétera sufragado con fondos que emanan de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el facultativo menciona «el montón» de contratos menores de 15.000 euros con clínicas privadas «para tapar agujeros por la falta de sanitarios».

Telemedicina en prisiones

Por otro lado, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos denuncian que cada vez son más las prisiones que recurren a la telemedicina. El experto asegura que los centros que han recurrido a esta práctica son Ávila, Villena, Valencia y Burgos, y los profesionales que la realizan se encuentran en Asturias, Herrera, la Secretaria General en Madrid y Córdoba.

«No es la forma más adecuada de atención a un paciente en prisiones. ¿Cómo hablas con un paciente agitado, cómo lo auscultas, qué entrevista personal haces a alguien para saber si tiene ideas suicidas o no?», se pregunta el médico, que asegura que estos facultativos que ejercen la telemedicina cobran «una cantidad extra de poco más de mil euros», lo que «refleja una vez más la precariedad del sector».

En este sentido también se pronuncia la Dra. Almudena Mora que señala que se «han inventado» este servicio mediante el cual médicos de prisiones realizan la telemedicina desde su casa para atender las urgencias de cualquier prisión de España «y están aumentando sus ingresos en detrimento de la calidad de la medicina». «No es correcto que mis compañeros hagan esto. Porque lo que hay que exigir es que contraten médicos y no dejar solos a los enfermeros con una sobrecarga de trabajo que no les corresponden», apostilla la doctora, quien lleva 30 años en el sector y asegura que cada vez se producen más suicidios «ya que los internos no están tratados como se merecen».

La solución, aseguran los expertos, «es que se cumpla la ley y no se retroceda más». «Ya es hora de aumentar el número de profesionales, mejorando las retribuciones y adecuando la formación, todo ello hasta su integración en los sistemas de salud de las CCAA, acabando con los guetos y lo sistemas sanitarios paralelos», concluye el responsable de prisiones de la CESM.