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Los funcionarios de prisiones alcanzan el estatus de policías y guardias civiles

El Congreso ha votado este martes el reconocimiento de estos trabajadores como agentes de la autoridad, al igual que las Fuerzas de Seguridad del Estado

Los funcionarios de prisiones alcanzan el estatus de policías y guardias civiles

Una agresión a un funcionario de prisiones.|Cedida

Los funcionarios de prisiones están cada vez más de cerca de convertirse en agentes de la autoridad. Un reclamo histórico de este colectivo que sitúa a los trabajadores al mismo nivel que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSS) ante los presos. El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición de ley, presentada por el Partido Socialista, que modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria y reconoce, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

Esta medida, que ha salido adelante con el apoyo de PSOE y PP, según adelantaron fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE, para su posterior tramitación, otorgará mayor protección a los empleados públicos de las cárceles frente a las agresiones de los internos. La reforma de la ley supone que agredir a un funcionario de prisiones sea considerado un atentado contra la autoridad, un delito que tiene tramitación penal y no solo administrativa como ocurría hasta ahora si un trabajador sufría el ataque de un recluso.

En la iniciativa, a la que tuvo acceso este periódico, el partido que sustenta el Gobierno no hace referencia a las penas de prisión a las que, en este caso, se enfrentarían los internos. Pero si se sigue la línea de la última reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015 con sanitarios y docentes, considerados como autoridades públicas, las agresiones a los trabajadores podrían castigarse hasta con cuatro años de cárcel.

Una agresión cada 36 horas

Cada 36 horas se produce al menos una agresión contra un funcionario de una de las 65 cárceles gestionadas por el Gobierno central. Según se desgrana de las estadísticas anuales que recaba la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, en la última década [2011-2021] estos trabajadores han sufrido un total de 2.913 agresiones, lo que les convierte en el colectivo profesional de la Administración Pública que más ataques soporta al año.

Pese a que son elevados, estos datos no reflejan el número real de todas las dificultades a las que se han enfrentado estos funcionarios en los últimos diez años. En 2017, Instituciones Penitenciarias, bajo el mando del exsecretario general Ángel Yuste, aprobó el protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios. Un documento que, según critican los sindicatos, puso trabas a la cuantificación exacta de los ataques a funcionarios. En concreto, limitó estos a aquellos que solo supusieran una lesión física al trabajador penitenciario.

Lo sindicatos de prisiones llevan varios años reclamando este reconocimiento porque lo consideran una medida disuasoria frente a posibles ataques de presos y una vía para reducir la violencia en las cárceles. Manuel Galisteo, portavoz del sindicato TAMPM, sostiene que los presos se «sienten impunes» porque episodios como el del intento de motín de la cárcel de las Palmas II «solo se dilucidan con un procedimiento disciplinario liviano en vez de perseguirse de oficio por los propios mandos con penas de prisión». Una situación que, de aprobarse finalmente la reforma, cambiaría para estos trabajadores.

Podrán sancionar

De hecho, con esta medida los vigilantes de las prisiones también gozarían del principio de veracidad en la tramitación de partes e informes disciplinarios, lo que les otorgaría «relevancia probatoria», dice el partido socialista, «excepto prueba en contra» para sancionar a los reclusos. Un punto que contrasta, en cierto todo, con la orden que dictó en marzo del pasado año el Ministerio del Interior, la cual establecía la presunción de veracidad a todos los presos que denunciasen malos tratos en prisión, según reveló la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Otro importante cambio que arroja esta iniciativa es que la Administración asumirá la indemnización para aquellos funcionarios que resulten heridos en incidentes regimentales en las prisiones, tal y como propuso ante la Comisión de Interior del Congreso el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortíz, en diciembre de 2018. El nuevo artículo, además, les reconocería el derecho a no cumplir pena con el resto de internos de una prisión, sino separados, si ellos mismos fueran, en el futuro, condenados a una pena de cárcel con la comisión de un delito.

Esta proposición de ley, sin embargo, no es la única propuesta que el PSOE ha intentado sacar adelante para reformar el estatus jurídico de los funcionarios. En noviembre, los dos partidos que forman el Gobierno presentaron una enmienda conjunta sobre este mismo tema, pero dentro de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza. Sin embargo, la tramitación de esta última sigue encallada en la Cámara baja desde hace varias semanas, según informó THE OBJECTIVE.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, también avanzó el octubre pasado que la futura Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dotaría por primera vez a los funcionarios de prisiones con la consideración de agentes de la autoridad. Los trabajadores penitenciarios, mientras tanto, siguen esperando ambas propuestas, aunque confían en que este martes se de el primer paso para aprobar una de sus mayores reivindicaciones.

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