El Gobierno no justifica el gasto de 2,5 millones de euros en el teléfono contra la LGTBIfobia
El diputado Pablo Cambronero preguntó al Gobierno el porqué del coste y considera que la respuesta evita contestar a este dato
El diputado Pablo Cambronero preguntó al Ministerio de Igualdad el porqué del gasto de 2,5 millones de euros. | Unsplash
El exdiputado de Ciudadanos y ahora del Grupo Mixto Pablo Cambronero preguntó al Ministerio de Igualdad el porqué del gasto de 2,5 millones de euros en el teléfono contra la LGTBIfobia. El diputado ha publicado la respuesta recibida, en la que se argumentan los motivos para iniciar este servicio, pero no se justifica el coste del mismo.
«Pregunté por los motivos de gastar 2,5 millones de euros en un teléfono contra la LGTBIFobia. La empresa adjudicataria fue Servicios de Teleasistencia S.A y aquí tienen los motivos que esgrime el Gobierno para justificarlo. Nada dicen del coste (es por lo que pregunté)», dice Cambronero en su cuenta de Twitter.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 3 de abril la resolución del concurso de licitación puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad, a través de su Secretaría de Estado, para adjudicar la gestión del teléfono 028 contra la LGTBIfobia que prometió poner en marcha en verano de 2022. El servicio, denominado ‘028 Arcoiris’, fue adjudicado por un valor de 2.595.000 de euros a Servicios de Teleasistencia S.A. y según se recoge en el BOE, este adjudicatario fue elegido entre dos ofertas recibidas.
En su pregunta, Cambronero cuestionaba si no podían prestar este servicio «empresas más económicas», además de preguntar si existe un informe o estudio que avale la necesidad de prestar este servicio a la ciudadanía.
A la segunda pregunta sí responde el Gobierno, que señala cifras de casos de discriminación y agresión a personas del colectivo LGTBI y argumenta que el teléfono 028 se pone en marcha con el objetivo de «extender la información y la ayuda a las personas LGTBI en todo el territorio, de facilitar que emerjan todas las situaciones de discriminación y violencia hacia las personas LGTBI que aún permanecen ocultas y de facilitar la coordinación entre los diferentes recursos y territorios».
Argumenta también con datos como que el 8% de las personas LGTBI han sido atacadas en los últimos cinco años o que el 63% de ellas se han sentido discriminadas.
Sobre el coste, el Gobierno remite al enlace donde se puede consultar el contrato público y asegura que se han seguido todos los procedimientos habituales, pero Cambronero afirma que no contestan a su pregunta acerca de por qué no se ha elegido una opción menos costosa.
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