Víctimas de ambos bandos piden al PP que siga con las exhumaciones en el Valle de los Caídos
Feijóo prometió derogar la Ley de Memoria Democrática si gana las elecciones. Ayuso acusa al Gobierno de utilizar la historia de España para hacer campaña
El Gobierno recibió a los descendientes de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos en 2019. | Jorge Sanz (Zuma Press)
Franquistas y republicanos unidos. Sin bandos. Las víctimas que intentan recuperar a sus familiares enterrados en el Valle de los Caídos piden al PP que siga con las exhumaciones iniciadas este lunes en caso de gobernar tras el 23-J. Viven sumidas en la incertidumbre, especialmente desde que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, anunciara que pretende derogar la Ley de Memoria Democrática. Los afectados han emitido un comunicado conjunto para reprobar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó al Gobierno de usar las inhumaciones «para hacer campaña».
«Estamos muy esperanzados con los trabajos, pero los recibimos con mucha precaución. Se han iniciado solo un mes y medio antes de las elecciones y tememos que, si hay un cambio de gobierno, se paralicen. Espero que el proceso no se interrumpa, porque ya no es una cuestión de bandos, se trata de derechos humanos», subraya Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares para la Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV).
Su tío abuelo, José Antonio Marco Viedma, fue ejecutado en las tapias del cementerio municipal de Calatayud (Zaragoza) por unos falangistas al poco de iniciarse la Guerra Civil. Sus restos fueron inhumanos en una fosa común, pero se trasladaron décadas más tarde al Valle de los Caídos sin que su familia supiera nada. Navarro insiste en que solo quiere recuperar a su pariente, pero teme que Feijóo detenga los trabajos.
Trasladados al Valle de los Caídos
Navarro considera que «eso ya no es posible, porque hay una sentencia que cumplir, la de los hermanos Lapeña». No obstante, «la incertidumbre esta ahí», insiste Navarro. Las fuentes consultadas en el PP no han aclarado la cuestión. El líder de los populares ha sembrado dudas, ya que ha comentado en varias ocasiones que derogará la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre, en caso de llegar a La Moncloa.
«Estamos asustadísimos. ¿Por qué se tienen que meter en la vida privada de los demás?», afirma Rosa Gil, nieta de una víctima del bando franquista. Suponen una pequeña parte de las 128 víctimas reclamadas por sus descendientes. Su abuelo fue reclutado por los sublevados, pero como estaba casado y tenía un hijo, no lo pusieron en primera línea del frente, sino a cavar trincheras. Perdió la vida por culpa de una bala perdida que le alcanzó en Tardienta (Huesca). Llegó a Cuelgamuros en 1961.
La familia no dio su consentimiento, así que estuvo años buscándolo sin éxito. En opinión de Gil, las exhumaciones del Valle de los Caídos no es cuestión de bandos, sino de humanidad. «Pido a Feijóo que, si gana las elecciones, siga el curso de los trabajos. No se puede inmiscuir», insiste la mujer.
La nieta de otra víctima reclutada por las huestes franquistas manifiesta a THE OBJECTIVE sus reservas: «Le pido que piense en esas generaciones que se van a ir sin enterrar dignamente a sus seres queridos». Su madre pasó décadas creyendo que estaba enterrado en Cádiz y ahora «no se quiere morir sin recuperar los restos de su padre».
Trabas burocráticas
Los familiares de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos llevan décadas esperando este momento. Tras siete años de trabas burocráticas, el Tribunal Supremo dio luz verde en marzo a las exhumaciones después de rechazar el recurso de una asociación que trataba de evitarlas. Los operarios trabajan desde hace semanas en el acceso de las criptas y la inhumación de los cuerpos.
Desde el lunes, un equipo multidisciplinar de 15 profesionales tratan de exhumar los restos, la mayoría víctimas del bando republicano trasladadas a Cuelgamuros sin consentimiento de sus familias. La intención es comenzar por los cuerpos ubicados en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro y, a continuación, seguir en los cinco niveles. Se ha instalado un laboratorio forense en la basílica con la intención de facilitar las tareas. El último paso es cotejar las muestras genéticas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó las operaciones porque el Gobierno estaba utilizando «las instituciones y la historia de España» con las exhumaciones en el Valle de los Caídos, por lo que «no puedo más que condenarlo». «Hacer campaña con esto me parece tremendo», aseguró la dirigente regional tras participar en la toma de posesión del rector de la Universidad Carlos III.
Los descendientes de las víctimas, tanto republicanas como franquistas, han emitido un comunicado para reprobar a Ayuso por sus palabras. «Nuestros muertos y nuestras historias familiares no son opinables ni materia susceptible de ser instrumentalizada con fines electoralistas ni partidistas. Se trata de derechos humanos. La realidad de nuestras demandas de exhumación está por encima del juego político al que usted hace referencia», afirma la nota conjunta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
