El Gobierno ignora a Transparencia y mantiene secreto el expediente del rescate a Vivanta
Hacienda incumple el plazo para entregar los informes del rescate de 40 millones de la SEPI al grupo dental. El Consejo de Dentistas estudia acudir ante la Justicia
Clínica del grupo de clínicas dentales Vivanta. | Europa Press
El Gobierno ha hecho oídos sordos al último requerimiento del Consejo de Transparencia en relación al rescate de 40 millones de euros al grupo de clínicas dentales Vivanta. El organismo público emitió a mediados de mayo una resolución en la que daba un plazo de diez días al Ministerio de Hacienda y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para remitir los informes en los que se basó el Consejo de Ministros para considerar como «empresa estratégica» a Vivanta, un grupo que contaba solo con 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España y que nunca había dado beneficios antes de la pandemia de covid-19.
Ni Hacienda ni la SEPI han accedido a entregar la documentación requerida hace ya más de un mes por Transparencia, según informan a THE OBJECTIVE fuentes del Consejo General de Colegios de Odontólogos de España. La resolución del pasado 16 de mayo estimaba de forma firme la reclamación presentada por la asociación nacional de dentistas. Transparencia consideraba que el ministerio que dirige María Jesús Montero no está amparado para denegar los informes del rescate a Vivanta -como lleva haciendo desde hace un año-, debido a que «existe un elevado interés público en conocer la justificación del rescate» y por su «vinculación a la concesión de ayudas públicas».
Sin embargo, el martes se cumplirá un año de ese rescate sin visos de que el Gobierno vaya a entregar tampoco al Consejo de Odontólogos y a Transparencia los informes que ya denegó a PP, Ciudadanos y Vox en el Congreso de los Diputados por considerarlos «secreto» y de «carácter reservado». Entre otras razones, el Ejecutivo aludía al posible daño reputacional que podría crear a Grupo Vivanta la difusión de esa información. Un argumento que Transparencia tiró por tierra en su última resolución, en la que dijo que el interés público debía prevalecer. Una decisión que ponía fin a la vía administrativa y ante la cual solo cabe acudir a la Justicia.
Estudian llevar el ‘caso Vivanta’ a la Justicia
El Consejo General de Colegios de Odontólogos de España estudia llevar ahora el asunto ante los tribunales. Tras la negativa de Hacienda y de la SEPI a cumplir con la resolución del Consejo de Transparencia y entregar los informes del rescate a Vivanta, fuentes de la asociación que agrupa a los colegios de dentistas de todo el país señalan que remitirán un escrito en los próximos días al departamento de María Jesús Montero solicitando una vez más los documentos en los que se basó el Consejo de Ministros para justificar el rescate. En caso de que el Gobierno no cumpla con la resolución de Transparencia, el Consejo General de Odontólogos de España decidirá si lleva o no el caso ante la Justicia.
Los dentistas están a la espera de ver si finalmente Hacienda y la SEPI interponen un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de Transparencia que le obliga a hacer públicos los informes del rescate a Vivanta. Este diario se ha puesto en contacto con ambos organismos públicos para preguntar cuáles son las razones de haber ignorado la resolución de Transparencia y saber si van a recurrir a la vía judicial para intentar hacer que prevalezca el carácter confidencial del rescate sobre el interés público. Ni Hacienda ni la SEPI han querido hacer comentarios al respecto. Fuentes de ambos organismos se limitan a insistir en que «toda la información relativa al Fasee es confidencial».
El 27 de junio de 2022 el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez y la SEPI concedieron a ese grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Es el fondo público aprobado tras el estallido del covid-19 para ayudar a aquellas compañías consideradas «estratégicas» para la economía española y que, siendo viables antes de la pandemia, hubiesen incurrido en pérdidas como consecuencia de la situación sanitaria.
Las dudas sobre el rescate
Vivanta, que nunca había dado ganancias antes del 31 de diciembre de 2019, fue rescatada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros en el que se autorizaron las ayudas del Fasee (había estado vigente durante dos años). Además de no haber dado nunca beneficios desde 2017, fecha en la que el fondo Portobello puso en marcha Vivanta con el objetivo de ser la cadena líder de España en clínicas dentales, el grupo dental registró un beneficio cercano a los 20 millones de euros en 2020 -el año del estallido de la pandemia- gracias a una importante inyección de capital de los fondos Ares (actual accionista mayoritario de Vivanta) y BNP.
La sociedad fue creada en 2017 por el fondo Portobello Capital mediante la adquisición de las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras. En sus primeros tres años de vida como sociedad independiente Vivanta acumuló pérdidas de 74,7 millones. La SEPI exigía «solvencia» antes de la covid-19 para conceder estas ayudas.
Amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno se ha negado hasta ahora a responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición y por los odontólogos sobre el rescate a Vivanta. La compañía registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro.
Transparencia desmonta al Gobierno
En la resolución en la que da la razón al Consejo General de Odontólogos de España, Transparencia desmonta los argumentos utilizados por el Gobierno para ocultar los informes del rescate a Vivanta. «Resulta evidente el interés público en conocer los documentos objeto de esta solicitud de acceso elaborados en el marco de un procedimiento de concesión de ayudas públicas a una entidad empresarial con cargo al Fasee», indicaba el organismo público.
Sobre el posible daño reputacional a Grupo Vivanta aludido por el Gobierno para evitar hacer públicos los informes, Transparencia considera que «no resulta suficiente» referirse a «una posibilidad incierta, sino que el perjuicio debe ser definido, indubitativo y concreto». «Y el daño sustancial real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información», añade.
El Ejecutivo se había escudado también en las sentencias del Tribunal Supremo que avalaron la confidencialidad de los expedientes de otros rescates de la SEPI, como el de la aerolínea Plus Ultra o el de Duro Felguera. Sin embargo, Transparencia señala que esa jurisprudencia no resulta «incompatible» con otras sentencias del Alto Tribunal de las que «se deduce inequívocamente» que la declaración de confidencialidad «no puede ser interpretada en términos absolutos y excluyentes» frente al derecho de acceso a la información. Salvo que se exponga una «motivación detallada» y concreta que lo justifique, añade.
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