Un grupo de expertos propone un decálogo para despolitizar la Justicia tras el 23-J
Unos 1.400 juristas, economistas y sociólogos firman un manifiesto contra el «clientelismo» en las instituciones
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el debate de Atresmedia de este lunes | Europa Press
Una fundación sin ánimo de lucro conformada por abogados, politólogos, sociólogos y economistas ha propuesto a los partidos políticos diez medidas concretas para despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y otras instituciones a fin de garantizar la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas tras las elecciones generales del 23-J. Un decálogo incluido en un manifiesto que han firmado ya 1.400 expertos de distintas áreas y en el que se recomienda también modificar la ley de partidos, profesionalizar las administraciones públicas, restringir el uso de los decretos-leyes y reforzar la lucha contra la corrupción.
«Queremos que haya compromisos concretos para mejorar las instituciones, gobierne quien gobierne. Si el sistema no funciona bien, es imposible que se puedan materializar las promesas que los partidos están haciendo durante la campaña. El objetivo de las medidas que recoge este documento es el de contribuir a desmontar este modelo partidista y clientelar y recuperar el buen funcionamiento institucional en los términos recogidos en nuestra Constitución», indica Safira Cantos, directora de Hay Derecho, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Esa fundación, dedicada a promover la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción, se ha encargado de redactar el manifiesto que será presentado el próximo viernes y que, según su directora, ha recopilado ya 1.400 apoyos entre expertos juristas, economistas, politólogos y sociólogos. Adela Cortina, Manuel Villorio, Manuela Carmena, Víctor Lapuente, Jordi Sevilla o Jacobo Dopico son algunos de los que ya han firmado el manifiesto, que próximamente será puesto a disposición de todos los ciudadanos en una segunda fase. «Ya se lo hemos enviado a los partidos, lo que proponemos son soluciones a problemas estructurales que los partidos solo señalan cuando están en la oposición», añade Cantos.
El manifiesto de Hay Derecho pide a los partidos que se comprometan a una serie de medidas para acabar con el «clientelismo político» en las instituciones, no solo judiciales sino también otras como el Congreso de los Diputados y el Senado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o los medios de comunicación públicos. «En algunos casos que afectan muy directamente al buen funcionamiento del Poder Judicial, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que se encuentra en situación terminal tras casi cinco años en funciones- o el de la Fiscalía General del Estado, el proceso de deterioro parece difícilmente reversible», señala el documento.
Renovación «inmediata» del CGPJ
El texto propone en primer lugar modificar la actual legislación de partidos «para mejorar la democracia interna mediante contrapesos adecuados, así como el establecimiento de sanciones efectivas y rápidas para casos de incumplimiento de la normativa de partidos». Sobre el CGPJ, se plantea renovar el órgano de gobierno de los jueces «eligiendo a los candidatos más idóneos». También la «inmediata» y «consensuada» reforma del sistema de renovación del CGPJ «siguiendo las recomendaciones europeas».
Además, Hay Derecho plantea que la elección del Fiscal General del Estado se produzca entre «juristas de reconocida competencia que no tengan vinculación con partidos políticos», así como una reforma del periodo de mandato del máximo responsable del Ministerio Público «para desvincularlo del ciclo electoral». Una medida que, según los juristas que suscriben el manifiesto, establecería nuevos «límites y contrapesos» a los poderes del fiscal general del Estado en materia de nombramientos, ceses y promociones.
«En la práctica estas instituciones se han ido debilitando y deteriorando al hilo de su progresiva politización, con el reparto de cromos partidista firmemente asentado ya como práctica clientelar. Esta situación conlleva inevitablemente falta de profesionalidad y falta de neutralidad, así como erosión de los principios de mérito y capacidad, transparencia y rendición de cuentas», añade el manifiesto.
El decálogo también plantea restringir el uso de decretos-leyes a los supuestos previstos en la Constitución, así como revitalizar las sesiones de control parlamentario y aprobar una regulación para los lobbies. En este sentido, se plantea reformar el Reglamento del Congreso para impedir prácticas poco respetuosas con las garantías que exige el procedimiento legislativo, y dar mayor transparencia a los informes que se hayan solicitado para los trámites parlamentarios.
Administración pública y transparencia
Asimismo, se pide elaborar una ley para garantizar la neutralidad y profesionalidad de las instituciones, poniendo límites a las puertas giratorias para cargos políticos, además de restringir los puestos de libre designación y de confianza. Para ello, se propone aprobar una nueva ley de función pública «que garantice la dirección pública profesional», separando las carreras funcionariales de las carreras políticas, y el desarrollo del estatuto del directivo público.
Para reforzar la lucha contra la corrupción, Hay Derecho plantea reforzar los controles preventivos mediante una mayor independencia de los funcionarios que ejercen funciones de control y la publicidad de sus informes, la eliminación de cargos electos y cargos políticos en las mesas de contratación pública. También aumentar la protección «efectiva y uniforme» a los denunciantes de corrupción de las agencias autonómicas y locales», y garantizar la independencia y profesionalidad de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, se plantea modificar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para establecer el acceso a la información pública como un «derecho fundamental», establecer un régimen efectivo de sanciones para casos de incumplimiento, así como «mejorar el acceso a la información pública con la reforma de la ley de secretos oficiales, impidiendo que esta suponga una restricción mayor al derecho de acceso». En último lugar, y en relación a los medios de comunicación, el manifiesto propone garantizar la transparencia de la publicidad institucional y la despolitización de los medios de comunicación públicos.
