Varios juristas ven una «injerencia extranjera» en la campaña de CCOO pagada desde Suecia
Los expertos consultados argumentan que se trata de un caso claro pero difícilmente sancionable
El líder de Comisiones Obreras Unai Sordo. | Europa Press
Un caso de injerencia electoral extranjera, pero difícilmente sancionable bajo la legislación actual en España. Así definen diversos juristas consultados por THE OBJECTIVE la campaña en redes sociales desarrollada por Comisiones Obreras (CCOO) para movilizar el voto en las elecciones del pasado 23 de julio. Una iniciativa subvencionada por una organización sueca vinculada al magnate y filántropo George Soros y desvelada en exclusiva por este periódico.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe que los partidos políticos puedan recibir en sus cuentas financiación procedente del extranjero durante una campaña electoral, pero no dice nada al respecto de sindicatos u organizaciones no gubernamentales. «Esto es dinero que viene del extranjero, pero eso sí, dirigido a un sindicato que no pertenece a ningún partido formalmente», señala Ibor Fernandes, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Enseñanza Superior (CES) Cardenal Cisneros de la Complutense.
No obstante, según Fernandes, los mensajes confeccionados y difundidos por CCOO en sus redes sociales en el marco de la campaña #Vota23J y #MultiplicaTuVoto, al no haberse limitado a fomentar la participación electoral, sí podrían haber traspasado uno de los límites fijados por la LOREG en su artículo 50.5. n él se establece que «ninguna persona jurídica distinta» a los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones «podrá realizar campaña electoral a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución», que reconoce y protege la libertad de expresión. La campaña de CCOO subvencionada por la Fundación por la Democracia y el Pluralismo, con sede en Bastad (Suecia), oficialmente tenía como único objetivo promover la participación electoral el 23-J.
Posible ilegalidad
Varios de los vídeos, carteles y eslóganes compartidos en las redes sociales del sindicato durante la campaña electoral ensalzaban las políticas del Gobierno de coalición y también aludían al auge de la «extrema derecha» como aliciente para movilizar el voto progresista el 23-J. Ahí es donde el profesor de Derecho Constitucional del CES Cardenal Cisneros cree que la campaña de CCOO, financiada desde Suecia, podría incurrir en una ilegalidad. «No se está promocionando solo el derecho a voto, porque las connotaciones de los anuncios dejan entrever sin duda una línea concreta», indica Ibor Fernandes.
Las connotaciones quedaron aún más claras dos días antes de las elecciones, cuando el secretario general de CCOO, Unai Sordo, firmó un artículo publicado por el diario El País junto a su homólogo de UGT, José Álvarez, pidiendo el voto para «opciones progresistas». El propio dirigente de CCOO compartió ese texto en su cuenta de Twitter con los dos hashtags de la campaña subvencionada desde Suecia por una fundación de Daniel Sachs, vicepresidente de la Open Society Foundation de George Soros.
La UE y las injerencias extranjeras
Javier Borrego, letrado del despacho Durán y Duran Abogados y exmagistrado del Tribunal Supremo, también define como un claro caso de injerencia extranjera la campaña de CCOO financiada por la fundación sueca vinculada a Soros. Recuerda que las directrices de la Unión Europea (UE) son claras en cuanto a la importancia de proteger la seguridad nacional y los procedimientos electorales frente a eventuales injerencias extranjeras. Y añade que en otros países como Francia, la legislación es más precisa. Así se demostró cuando, en el año 1999, la Comisión Electoral Francesa prohibió al PNV financiar en adelante las campañas municipales de su filial en el País Vasco francés al considerar que se incurría en «financiación ilegal» por ser fondos procedentes del extranjero.
Incluso expertos en Derecho Internacional a los que se cataloga como progresistas también consideran una injerencia extranjera la campaña desarrollada por CCOO el 23-J con fondos de una fundación sueca dirigida por el vicepresidente de la Open Society Foundations. Para el abogado Gonzalo Boye, las campañas financiadas desde el extranjero para fomentar el voto y promover la democracia pueden estar justificadas en el caso de países con poca experiencia democrática. Pero no en las elecciones de un estado miembro de la UE como es España.
«Creo que no es lo mismo financiar campañas en países que están saliendo de regímenes dictatoriales, donde es necesario fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales, que hacerlo en un país europeo donde no deja de ser una injerencia en la política interna», indica el abogado de, entre otros, del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. «No se pueden criticar unos tipos de injerencias y no hacerlo con otras», añade Boye.
Preocupación en Moncloa
En el Plan de Acción contra la desinformación de la UE y en el Plan de Acción para la Democracia Europea, de 2020, las autoridades comunitarias hacen hincapié en la importancia de hacer frente a «retos derivados del auge del extremismo, la injerencia electoral, la difusión de información manipuladora y las amenazas contra periodistas». Precisamente ante el temor a las campañas de desinformación procedentes de países extranjeros, especialmente de Rusia, el Gobierno de Pedro Sánchez promovió la creación en plena pandemia de un nuevo organismo encabezado por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Moncloa, el general Miguel Ángel Ballesteros.
El objetivo de esta entidad sería el de perseguir campañas de desinformación financiadas del extranjero y combatir la proliferación de fake news, de ahí que acabase siendo bautizado como el Ministerio de la Verdad. La iniciativa acabaría diluyéndose tras el rechazo y las críticas de la oposición, hasta que en 2022 el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció en su lugar la creación de un Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, dirigido por Moncloa y presidido por el director del DSN.
Conformado por un total de 16 personas (10 expertos y seis altos cargos del Gobierno), el Foro contra las Campañas de Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional de Moncloa se constituyó en octubre de 2022 y mantuvo su segunda reunión en diciembre del mismo año. El acta de su primera reunión constata que se aludió a «la preocupación que existe a nivel nacional y de la Unión Europea por las campañas de desinformación, principalmente cuando son utilizadas como herramienta de injerencia extranjera por actores estatales». Sin embargo, no se hizo referencia a posibles intromisiones externas en procesos electorales internos.
Moncloa se centra en las ‘fake news’
Este panel de especialistas contra la desinformación de Moncloa acordó hace ocho meses la creación de nueve grupos de trabajo que trazarán las líneas maestras de una estrategia nacional. Sin embargo, apenas uno de ellos tiene entre sus objetivos el análisis y la prevención de posibles intentos extranjeros de influir en periodos electorales, como podría ser el caso de la Open Society de Soros a través de una fundación sueca y otra dependiente de CCOO, la Fundació Cipriano García.
El resto de grupos de trabajo puestos en marcha por ese organismo dependiente de Moncloa se centran en debatir propuestas para perseguir campañas de desinformación desde el extranjero, tal y como adelantó el propio general Ballesteros en el Congreso, pero sin poner el foco en periodos electorales. Incluso uno de esos paneles de expertos se dedica exclusivamente al «estudio de la desinformación rusa a nivel internacional en el contexto de la invasión de Ucrania».
Propaganda participativa
El libro ‘Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil‘, elaborado por expertos de la sociedad civil a petición del DNS, sirve como guía en la materia para el panel de especialistas de Moncloa. En él se recuerda que la UE insta a colaborar con la nueva Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular en el ámbito de la Desinformación.
En el mismo libro, de 300 páginas, se hace alusión al concepto de «propaganda participativa» como una de las estrategias de desinformación promovidas por entes extranjeros (estatales y no estatales) para influir en procesos electorales. Una táctica en la que podría tener cabida la campaña de CCOO, financiada por una fundación sueca vinculada a Soros, para movilizar el voto de izquierda el pasado 23-J ensalzando políticas del Gobierno (como la subida del salario mínimo o el incremento a 16 semanas del permiso de paternidad) y agitando el temor al auge de la extrema derecha.
«Las narrativas de las campañas de desinformación se diseñan en función de las audiencias para reforzar sus creencias y prejuicios o para cuestionar la percepción de los hechos o modificar opiniones. La ‘propaganda participativa’ (Rogers et al., 2019) hace que los destinatarios se sientan empoderados por la información que reciben y partícipes de una corriente de opinión dominante», indica el libro que sirve de guía para el DSN.
