Prisiones pone a limpiar a internos en zonas restringidas ante la falta de limpiadoras
Denuncian que algunos internos se encargan de las labores de limpieza en módulos y en oficinas de cuatro cárceles
Imagen de una protesta del servicio de limpieza en Oviedo, Asturias. | Cedida
Presos limpiando módulos y oficinas de funcionarios. Es la situación que se está viviendo en los centros penitenciarios de Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero), Puerto I (Cádiz) y Menorca ante la falta de limpiadoras en las instalaciones, según denuncian trabajadores de estas prisiones a THE OBJECTIVE. Estas profesionales han dejado de acudir a su puesto de trabajo después de cuatro meses en los que la empresa que subroga el servicio no les haya pagado. Una situación que también afecta a cientos de limpiadoras de otras instituciones, y que trabajan para la misma compañía, tal como ha denunciado este periódico.
Ante este escenario, revelan las mismas fuentes, las direcciones de las citadas prisiones han decidido ceder las labores de estas empleadas a los internos, en concreto, a los ordenanzas, los presos de confianza de cada módulo penitenciario. Su trabajo, no obstante, no solo se limita a a adecentar el interior de los espacios donde convive la población penitenciaria. También se encargan de las zonas restringidas como las oficinas, donde se guarda diversa documentación relacionada con los presos y la cárcel en cuestión.
Una decisión de los centros que ya ha causado más de un problema en las cárceles. Tanto es así que el pasado domingo, 13 de agosto, los funcionarios de la prisión de Valdemoro elevaron una queja a jefe de servicios por la llegada de un preso al módulo de enfermería con la intención de limpiar las oficinas. Según reza el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, sobre las 17:00 horas, se presentó un preso en el módulo «para realizar labores de limpieza dentro del despacho de los funcionarios».
No obstante, continua la queja, se «le negó el paso a la misma por entender que no era viable ni seguro que en interno entre en la zona de seguridad para realizar ninguna tarea. Al entender que serían hechos que pueden menoscabar la seguridad del módulo y del establecimiento en general, al margen de creer que no es personal cualificado para realización esta función». Unos hechos que, en esta ocasión, denunciaron los trabajadores, pero que en la mayoría de casos, no se manifiestan, indican las mismas fuentes.
300 trabajadoras afectadas
Esta situación es la consecuencia inmediata de que las trabajadoras del servicio de limpieza no reciban su sueldo desde el mes de mayo. Junto a otras profesionales, son más de 300 las afectadas en distintas instituciones: ocho prisiones, oficinas del Ministerio de Transportes en Oviedo y Lérida, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Gerona, decenas de centros públicos de emprendimiento en Andalucía… Sin dar más explicación, las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos de limpieza, en todos los casos la misma o con idénticos administradores, dejaron de pagar a estas profesionales.
Al principio, creyeron que estaban solas. Ahora, tras varios meses se han dado cuenta de que las afectadas por los impagos de este entramado de empresas familiar, en realidad, se cuentan por cientos. «Esta batalla la vamos a ganar entre todas», cuentan decenas de estas trabajadoras en conversación con THE OBJECTIVE.
A mediados de mayo, estas profesionales, dadas de alta en Do Not Look Back SL,recibieron una notificación de la Seguridad Social que les comunicaba su baja en la citada sociedad y su entrada a otras empresas: Yaunde SL, Made For Success SL o Fun Fair SL, entre otras. Todas, de la misma propiedad: Manuel Bargueiras Martínez. Las limpiadoras se pusieron en contacto con los responsables, quienes les explicaron que supuestamente «se trataba de un error de un funcionario» y «pronto todo volvería a la normalidad». No fue así.
Inspección laboral
Desde entonces, estas afectadas no han vuelto a saber nada más de los que supuestamente son sus jefes, ni de su sueldo, claro. Todas las compañías en que las trabajadoras están inscritas tienen pleitos judiciales abiertos por impagos o se han declarado insolventes, y tienen como administradores o consejeros a personas que siempre comparten los mismos apellidos (J.M. Bargueiras; A. Bargueiras Martínez; L. Bargueiras Suárez; J. Trashorras Bargueiras, etc.), según ha podido comprobar este periódico a través del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y distintas plataformas de consulta para empresas.
Ante este escenario, muchas han decidido seguir trabajando por miedo a que la siguiente empresas que consiga la licitación pública no cuente con ellas, es decir, que las despida. Algunas han cogido la baja porque no aguantaban más, y otras han tenido que buscar otros trabajos porque, directamente, no llegaban a fin de mes. En paralelo, la mayoría ha denunciado a las citadas sociedades ante la inspección de trabajo por incumplir el pliego de prescripciones técnicas de los contratos de servicio de limpieza, que les adjudicaron hace apenas unos meses. En algunos cosas, también lo han hecho ante los tribunales.
