El Gobierno acepta investigar el 17-A mientras sigue sin compensar a 225 víctimas

La creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017 fue uno de los acuerdos por los que Junts votó este jueves finalmente a favor de la propuesta socialista para la constitución de la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol. Un trabajo necesario, según el partido de Puigdemont, por «todos los interrogantes que quedan por resolver». Tales como la «vinculación del CNI con el imán Es-Satty —el cabecilla de la célula del Estado Islámico que perpetró los ataques terroristas— o «si los aparatos del Estado tenían información sobre atentado y pudieron haberlo evitado». 

Dejando a un lado la sentencia de la Audiencia Nacional, que ya dirimió en 2021 los hechos que pide investigar el partido independentista catalán, las asociaciones de víctimas de los atentados critican que el Gobierno haya aceptado esta propuesta cuando sigue sin reconocer al 60% de las víctimas del 17-A. En los hechos probados del dictamen judicial, figuran hasta 355 víctimas, sin embargo, el Ministerio del Interior solo ha indemnizado a 130 por los daños físicos y psicológicos que sufrieron hace seis años. 

Del total de víctimas, 210 (59%) solicitaron ayuda al departamento dirigido por Grande-Marlaska. Sin embargo, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, órgano dependiente de Interior, desestimó 84 solicitudes por distintas causas, la mayoría de las cuales han sido recurridas en los tribunales. El resto de las víctimas, 139, no presentaron la solicitud de compensación en el plazo legal establecido. Unas cifras «incomprensibles» para la extinta Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), que aunaba a la mayoría de víctimas hasta que se disolvió el pasado mes de mayo «por el abandono institucional» tanto del Gobierno central como del catalán, según declararon. 

«El Ministerio reconoce que solo ha indemnizado a la tercera parte de las víctimas de la sentencia. ¿Para qué sirve una sentencia si luego la Administración no cumple con su obligación?», criticaba Roberto Manrique, entonces asesor de la UAVAT, en una entrevista con THE OBJECTIVE. Desde Interior insisten en que hasta la sentencia no sea firme no tienen la obligación de contactar con las víctimas que reconoce la sentencia. Un argumento que este experto calificaba de «surrealista» habida cuenta de la situación que viven muchos de los afectados

123 víctimas más

«¿Quién es el Ministerio para tumbar la resolución de un forense, que acredita los daños psicólogos que están sufriendo estas personas a raíz de lo que han vivido?», criticaba, con perplejidad, Manrique. Respecto a las víctimas del 17-A que no han solicitado ninguna ayuda, 139 —aunque esta unidad de atención ha contabilizado 123 personas más que aparecen en el sumario judicial pero no en el fallo—, este profesional responsabiliza directamente al área de Grande-Marlaska. 

Lo dice, sostiene, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en su artículo 11: «Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan». «Ellos tienen la obligación de poner a disposición de las víctimas todo lo necesario para asistirlas. Estas cifras demuestran que no las han buscado», criticaban desde la UAVAT. 

Lesionados extranjeros

El procedimiento que se ha seguido con las víctimas de los atentados en Cataluña ha sido «nefasta; pero no lo digo yo, fueron los propios jueces de la Audiencia Nacional quienes lo dejaron plasmado en la sentencia», asegura este experto. En el fallo, en el que este tribunal condenó a los tres terroristas de la célula que atentó en 2017 en Cataluña, la sala de lo penal asegura que «las víctimas fueron las grandes olvidadas durante la instrucción». Denunciando con ello, la desorganización a la hora de estudiar la cantidad de víctimas y los daños que sufrieron. 

La crítica, no obstante, va más allá cuando la Audiencia Nacional asegura que «faltan informes periciales forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España». Los jueces denuncian, además, que estos documentos se tramitaron de una forma «acumulativa de denuncias y partes médicos», mezclándose los casos de distintas víctimas. Así, quedan casos sin resolver como el de una argentina, de 67 años, que sufrió una fractura de pelvis, y de la que no se ha vuelto a saber nada. O el de un matrimonio alemán, cuyo hijo está recibiendo terapia psiquiátrica, y ninguno de los tres aparece en ningún listado. «No les pueden negar que sean víctimas», censuran.