El DAO ocultó «deliberadamente» a la UCO que existía una trama contra sus investigadores
La Fiscalía Anticorrupción considera de extrema gravedad que el teniente general no avisase a la unidad de élite
El teniente general Manuel Llamas. | EP
La primera información sobre la trama que estaban orquestando Leire Díez y Santos Cerdán contra la Unidad Central Operativa (UCO) llegó a la cúpula de la Guardia Civil el 29 de abril de 2024. La Jefatura de Información avisó en una nota de despacho al director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, de que existía una «agresiva campaña de desinformación orquestada por las cloacas del PSOE». Sin embargo, los afectados, mandos y agentes de la unidad anticorrupción que investigaban los casos que cercaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez, nunca fueron advertidos por el máximo mando uniformado del Cuerpo.
Según advierte la Fiscalía Anticorrupción en una providencia remitida al juez Pedraz, el teniente general «ocultó deliberadamente dicha información a la propia UCO durante diez días», hasta que el 8 de mayo de 2025, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, le presentó «una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO». Fue entonces cuando el DAO admitió que ya conocía la existencia de ese documento, y que Mercedes González también estaba al tanto de ello. López Malo, de quien depende la UCO, quiso advertir de esos graves hechos, porque la nota señalaba que además de Díez y Cerdán «tenía conocimiento de la trama la directora de la Guardia Civil».
Para el Ministerio Público, la conducta del director adjunto operativo, esto es, la «ocultación de información operativa relevante a la unidad investigadora, en una causa que afectaba a la corrupción gubernamental», resulta, «prima facie, incompatible con los deberes inherentes al cargo» y supone «un elemento de especial gravedad probatoria». Y por este motivo solicitó al juez del caso Leire Díez el pasado jueves su imputación por los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Una petición que poco después Santiago Pedraz hizo efectiva, al igual que en el caso de la directora Mercedes González. Moncloa e Interior mantienen por ahora la confianza en ambos y descartan su relevo.
Las reuniones con Leire
Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen ponen el foco en las incongruencias que ha mostrado la máxima responsable del Cuerpo respecto a sus reuniones con la fontanera de Ferraz, Leire Díez, en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Primero negándolas y posteriormente admitiéndolas tras los informes de la UCO que probaron esos contactos. Los investigadores vinculan estos encuentros, celebrados el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, así como el 2 de abril de 2025, con las informaciones reservadas, el paso previo al expediente disciplinario, que el DAO de la Guardia Civil abrió contra mandos y agentes de la UCO por presuntas filtraciones a la prensa de pesquisas en curso.
El objetivo de asas investigaciones internas, sin embargo, «no era la depuración de eventuales responsabilidades administrativas, sino la generación de un efecto intimidatorio destinado a condicionar el desarrollo de las investigaciones». El expediente disciplinario dejo de ser el objeto de valoración «para convertirse en el instrumento empleado para ejercer la intimidación», advierte Fiscalía.
Las agendas de la militante Leire Díez, destaca Anticorrupción, afloran anotaciones en las que se lee literalmente «armar lo que [quería] hacer con la UCO a nivel administrativo» e «investigación interna G.C.». De hecho, prosiguen las fiscales, las pesquisas internas contra la unidad de élite, ordenadas todas ellas por el DAO, coinciden en el tiempo con las reuniones de González y Díez. De esta forma, la militante socialista habría influido en la cúpula de la Guardia Civil para desestabilizar así los casos contra el PSOE.
Además, según se desgrana en los informes del caso Leire, la directora de la Guardia Civil siguió hablando con la militante socialista días después de que su mano derecha (Llamas) le advirtiese de la trama que estaba orquestando junto a Santos Cerdán. Según revela el teléfono de Díez, ambas mantuvieron al menos dos contactos a través de WhatsApp.
El DAO no les ordenó investigar la trama
En el caso de la presunta implicación del DAO, las declaraciones como testigo en la causa del que fuera exjefe de la UCO, el general Rafael Yuste, y de su superior, el general López Malo, han sido claves. Además de las tres informaciones reservadas contra ellos, algo «totalmente excepcional» en sus 40 años de trayectoria profesional, ambos mandos relataron ante el juez que el director adjunto operativo no les trasladó en ningún momento orden de investigar a la trama que iba contra la unidad de élite, ni tuvieron constancia de que la Guardia Civil diese traslado a la autoridad fiscal o judicial sobre ese extremo, como adelanto THE OBJECTIVE.
A preguntas de la Fiscalía, los dos generales declararon que el DAO «no les dio instrucción alguna para que llevaran actuación conjunta con la Jefatura de Información o por separado para investigar tales hechos». El general jefe de Policía Judicial apuntó que finalmente no abrieron sus propias diligencias porque «al poco tiempo ya constaba abierta una causa judicial en un juzgado de Instrucción de Madrid». Y, según se desprende de su declaración, manifestó que «ante la preocupación por estas revelaciones sí estableció servicio de contravigilancia para dos de sus oficiales» contra los que se estaba dirigiendo la trama. Entre ellos, Antonio Balas, el teniente coronel jefe de la unidad anticorrupción.
Yuste y López Malo también revelaron al juez un episodio, en julio de 2024, en el que el teniente general Manuel Llamas les dio la orden de «ponerse de perfil» en los casos de corrupción política en una reunión en la que estaban tratando un informe sobre la causa contra el hermano del presidente, David Sánchez. Días antes, el entonces director del Cuerpo, Leonardo Marcos, también exigió a Yuste y López Malo liderar pesquisas «prospectivas» contra el hermano del presidente Sánchez. Pedraz, sin embargo, ha eximido a Marcos de estar imputado en la causa al no advertir delitos en su comportamiento.
Cinco asociaciones profesionales de la Guardia Civil, entre ellas las que representan a todos los mandos del Cuerpo, exigieron la dimisión este jueves de la directora del Cuerpo, Mercedes González, y del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, tras su imputación en el caso Leire. «Sin perjuicio de la presunción de inocencia, que respetamos, es incompatible la imputación judicial por cualquier delito con su permanencia en el cargo», afirman en un comunicado las organizaciones.
Las asociaciones de guardias civiles advierten de que la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil establece que el procesamiento, inculpación o investigación por un delito puede derivar en una suspensión, y así le ocurre a la mayoría de los guardias civiles que son imputados incluso por actuaciones en acto de servicio. Por lo que exigen que tanto la directora como su mano derecha den ejemplo con su dimisión. Desde la Dirección General del Cuerpo, una portavoz apunta que no es obligatorio iniciar ese proceso cuando un agente es imputado.
En cualquier caso, dicha norma, consultada por este periódico, establece que puede abrirse un expediente disciplinario y valorar la suspensión contra el agente cuando los hechos que se imputen supongan un claro perjuicio para el cuerpo o infieran al régimen del Instituto Armado.