La cloaca contra el Estado de derecho

El problema ya no es la corrupción. La corrupción existe desde que existe el poder y ningún sistema democrático está completamente a salvo de ella. El problema comienza cuando un Gobierno utiliza los resortes institucionales del Estado para dificultar la actuación de jueces, fiscales y policías que investigan precisamente esa corrupción. Porque entonces ya no estamos simplemente ante responsables públicos que intentan eludir sus responsabilidades penales. Estamos ante el propio poder tratando de neutralizar los mecanismos que el Estado de derecho ha diseñado para controlarlo.

Eso cambia completamente la naturaleza del problema. Deja de ser un asunto de corrupción política para convertirse en una cuestión de salud democrática.

Llevo años sosteniendo que esa ha sido precisamente la lógica que ha guiado buena parte del proyecto político del sanchismo. No un asalto revolucionario y violento, sino algo mucho más sofisticado y, precisamente por eso, mucho más eficaz: colonizar las instituciones para ponerlas al servicio del poder. No se trata de derribarlas, ni mucho menos. Se trata de conservar intacta su apariencia mientras se vacía de contenido la función constitucional que están llamadas a desempeñar. Que la Fiscalía siga llamándose Fiscalía, el Tribunal Constitucional siga llamándose Tribunal Constitucional y la Guardia Civil siga siendo la Guardia Civil. Pero que, gradualmente, dejen de actuar como contrapoderes para convertirse en instrumentos del propio poder. Porque esa es la forma más eficaz de desactivar un Estado de derecho sin generar inquietud en la población: no destruir sus instituciones, sino conseguir que sirvan a los intereses de quienes deberían controlar.

El auto dictado por el magistrado Santiago Pedraz ayer resulta especialmente relevante porque, por primera vez, esa tesis deja de ser únicamente una interpretación política para encontrar un reflejo inquietante en una resolución judicial. No porque el instructor afirme semejante cosa, sino porque los hechos que considera indiciariamente acreditados dibujan exactamente ese mismo mecanismo.

Y conviene detenerse en un dato que explica por sí solo la trascendencia del llamado caso cloacas del PSOE: el magistrado acordó citar como investigados a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y al teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo del Cuerpo. Es decir, a la máxima autoridad política y al máximo responsable operativo de una de las instituciones esenciales del Estado. No como testigos, sino como imputados. Y la solicitud no partió únicamente de una acusación popular, sino también de la propia Fiscalía Anticorrupción.

Resulta impactante que muchos españoles no perciban la excepcionalidad de esta decisión o incluso pretendan restarle importancia. Sin embargo, basta formularse una pregunta tan sencilla como inquietante: ¿qué tuvo que haber ocurrido para que un magistrado, a instancias de la Fiscalía y las acusaciones, considerara necesario investigar a los dos máximos responsables de la Guardia Civil por presuntamente obstaculizar una investigación judicial? La respuesta exige detenernos un momento en el papel constitucional de la Policía Judicial, porque es ahí donde reside la verdadera gravedad del asunto.

Existe una idea bastante extendida según la cual la Guardia Civil depende del Ministerio del Interior y, por tanto, del Gobierno. Es una afirmación correcta, pero solo parcialmente. Orgánicamente, en efecto, la Guardia Civil está integrada en el Ministerio del Interior. Sin embargo, cuando determinados agentes actúan como Policía Judicial, dejan de servir prioritariamente a la estructura administrativa para quedar funcionalmente sometidos a jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal. Esa dependencia funcional constituye una de las principales garantías del Estado de derecho. Precisamente porque la Guardia Civil es un cuerpo jerarquizado, cuyos miembros están sujetos al deber de obedecer las órdenes de sus superiores, la ley sustrae la dirección de las investigaciones judiciales del ámbito gubernativo y la coloca en manos de jueces y fiscales. De otro modo, quien pudiera convertirse en objeto de una investigación tendría también la capacidad de condicionarla desde la propia cadena de mando.

El verdadero destinatario de la independencia de la Policía Judicial no son los investigadores. Somos los ciudadanos. Y precisamente por eso resulta tan extraordinariamente grave lo que describe el auto de Pedraz.

¿Cuáles son esos indicios que apreció el magistrado en su resolución? En esencia, cuatro.

El primero, la apertura de una sucesión de investigaciones internas previas destinadas a comprobar si existían indicios suficientes para incoar un expediente disciplinario. No se dirigieron contra distintas unidades ni respondían a incidencias diversas. Todas recayeron sobre la UCO, precisamente la unidad que investigaba las principales causas que afectaban al entorno del Gobierno. Varios generales de la Guardia Civil declararon que jamás habían conocido una concentración semejante de informaciones reservadas sobre un mismo equipo investigador. Las calificaron de «excepcionales» y las interpretaron como un intento de intimidación.

El segundo, las instrucciones que, según declararon esos mismos mandos ante el juez, recibieron para «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» en aquellas investigaciones con afectación política, entre ellas la que afectaba al hermano del presidente del Gobierno.

El tercero, la actuación del director adjunto operativo tras recibir una nota de la Jefatura de Información que alertaba de una campaña organizada para desacreditar a la UCO. El auto recoge que esa información permaneció oculta a la propia unidad investigadora durante diez días, pese a afectar directamente a su actividad.

Y el cuarto, la relación mantenida entre la directora general y Leire Díez. La resolución recoge reuniones entre ambas, mensajes y anotaciones intervenidas en las que se hablaba expresamente de actuar «a nivel administrativo» contra la UCO, además de la activación del borrado automático de WhatsApp coincidiendo con la publicación de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos y con la apertura de una nueva información reservada sobre una filtración que, según la propia investigación, no podía proceder de la UCO.

Como ven, entre los indicios que sustentaron la imputación no se encuentra el de preparar unos cafés, a pesar de lo declarado por la portavoz socialista Montse Mínguez, cuyos siempre lúcidos análisis sobre las resoluciones judiciales contribuyen a desasnarnos.

Recuerden que las democracias contemporáneas no suelen morir con estruendo. Mueren en las urnas. Aunque pueda parecer un sinsentido, la legitimidad que el poder obtiene de las elecciones es la que después utiliza para vaciar de contenido la democracia. Porque no gobiernan respetando las reglas del Estado de derecho democrático, sino contra ellas.