Terremoto en Defensa tras la imputación de un general por mofarse en redes de un coronel

Una bomba judicial ha caído en el Ministerio de Defensa de Margarita Robles. El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha abierto diligencias contra el actual jefe de la División de Control Financiero y Auditorías del citado Ministerio, el general de división Carlos Castejón, por mofarse en sus redes sociales de un coronel del mismo cuerpo de interventores al que pertenece, condenado en mayo por un delito de deslealtad por el cobro indebido de dos comisiones de servicio, según desvelan fuentes militares a THE OBJECTIVE.

La imputación del general Castejón es totalmente inédita para un mando de su escalafón en activo. Su cargo orgánico en Defensa le confiere la condición de número dos del cuerpo de interventores dentro de las Fuerzas Armadas a un año de su pase a retiro. En enero de este año, la Justicia militar archivó una denuncia por presunto acoso laboral que una teniente coronel destinada en el Cuartel General de la Armada presentó contra su jefe del área jurídica, el general auditor Alberto Ruiz de los Paños, y su segundo, el coronel Carlos Solís.

El hecho de que entonces —y ahora— se incoaran diligencias contra un general en activo es un hecho casi sin precedentes dentro del Ejército y habría que remontarse a la instrucción del caso del accidente del Yak-42 contra el general de Sanidad Vicente Navarro y otros oficiales para encontrar un caso parecido. Pero la diferencia entre Castejón y Ruiz de los Paños es que el primero es general de división, mientras que el segundo era general de brigada en el momento en el que quedó en situación de investigado.

La causa se ha iniciado a raíz de cuatro mensajes que Castejón puso en su estado de WhatsApp de forma sucesiva, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva. En ellos, se mofaba de la condena de un coronel interventor, al que le han impuesto 21 meses de cárcel por dos comisiones de servicio en un traslado desde la base naval de Rota, donde era responsable de la Jefatura Territorial de Intervención número 6 hace unos años. En concreto, por presentar un billete de tren y un ticket de gasolina para asistir en Madrid a la imposición del fajín rojo a la general María Luisa Manzanera, según desveló El Confidencial Digital.

El general subió unas fotos, a la que tuvieron acceso todos sus contactos de teléfono, tras conocer la sentencia de su subordinado. Primero eligió dos instantáneas en las que aparecían un mazo judicial y una persona con las esposas puestas [ver abajo], seguido de una noticia sobre el juicio al citado coronel en el Tribunal Militar Central y una última foto con el mensaje «sentencia dictada».

Las imágenes llegaron a manos del coronel aludido, que escribió un parte interno quejándose de la actitud de su superior. Desde la Subsecretaría que dirige Adoración Mateos se remitió el escrito a la Fiscalía militar. En la mayoría de los casos, el Ministerio Fiscal no ve indicios de delito penal en este tipo de hechos y devuelve el expediente al Ministerio de Defensa para que se sancione al infractor —si se estima oportuno— por la vía administrativa.

Sin embargo, en esta ocasión sí que se considera que Castejón puede haber infringido el artículo 48 del Código Penal militar, que establece que el superior que amenace, coaccione, injurie o calumnie a un subordinado podrá ser castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiéndose imponer la pena de pérdida de empleo para los casos más graves.

El propio Castejón se desplazó a Rota en febrero de 2024 para dirigir la investigación contra el citado coronel con la autorización del entonces interventor general de Defensa, el también general de división José Luis Gómez Corral, por lo que tuvo una participación directa en las diligencias de su subordinado. Inicialmente, hubo otras dos diligencias —una por presunto acoso laboral y otra por presuntas irregularidades en el reconocimiento médico para las pruebas físicas del citado coronel—, pero fueron archivadas y a juicio solo fue el asunto de las dietas.

Una causa que, según destacan fuentes militares consultadas por este diario, estuvo rodeada de «secretismo y ocultismo», ya que el coronel no fue citado para prestar declaración durante las indagaciones previas, sino únicamente cuando quedó en situación formal de investigado.

Polémica similar entre auditores

El inicio de esta investigación penal contra un general de división se produce unas semanas después de un caso muy parecido, por el que se ha destituido al número dos de la asesoría jurídica de la Guardia Civil, el mencionado coronel Carlos Solís, tras insultar a sus superiores del cuerpo de auditores en un montaje fotográfico, en el que tildó de corruptos a los generales consejeros togados Antonio Afonso y José María García Castell, a los que señaló como los culpables de no alcanzar el ansiado fajín rojo.

El mando sancionado fue apartado de la Benemérita y se encuentra de baja médica desde que a mediados de mayo se le comunicara la decisión. Además, su carrera militar concluirá en octubre con su pase a la reserva, ya que el Ministerio de Defensa le ha trasladado que no se le asignará destino —como suele ocurrir con los coroneles auditores que dejan de estar en activo— tras esta mancha en su expediente.

En un primer momento se barajó que la sanción militar contra este coronel fuese mayor, pero finalmente quedó en falta leve y fue apartado de su puesto en la Guardia Civil. Fuentes militares revelaron a THE OBJECTIVE que ese fue el pacto para una salida sin mucho ruido entre Solís y su jefe de la asesoría jurídica en la Guardia Civil, el general auditor Ramón Martínez, la persona que denunció los hechos en un parte disciplinario elevado a la subsecretaria del Ministerio, Adoración Mateos.

El detonante de la sanción disciplinaria fue una imagen subida por el mando castrense en su estado de WhatsApp, donde aparecían dos personajes de una de las películas de Austin Powers, Doctor Maligno y Mini-yo, junto al siguiente comentario [ver abajo]: «Sobre estos 2, corruptores del [Cuerpo Jurídico Militar], Antonio Asonso [sic] y García Castell, el miserable Homótico al que le salía el esperm…».

Alertado por las consecuencias que se podían derivar de dicho mensaje, el propio Solís borró a las pocas horas la imagen a la que tenían acceso todos sus contactos de teléfono. Pero alguien hizo un pantallazo de la misma que llegó a manos de su jefe de la asesoría jurídica en la Benemérita, el citado Ramón Martínez, quien decidió informar a sus superiores en el Ministerio de Defensa, pese a que los dos generales señalados en el comentario de la imagen —Afonso y García Castell— no se habían percatado de la polémica ni interpusieron denuncia o queja contra Solís.

El coronel centró sus críticas en García Castell, a quien tildó de «miserable Homótico». El actual secretario general técnico dentro de Defensa ha sido el general jurídico que más objeciones ha puesto en los últimos años al ascenso de Solís, por lo que este último no le perdona haberse quedado sin fajín rojo, según las fuentes militares consultadas por este periódico. Todo ello a pesar de quedar el primero de su promoción en el curso de ascenso a general. Afonso dejó la cúpula del Ministerio en noviembre de 2023, por lo que se encontraba retirado cuando se difundió el montaje de Austin Powers con los citados comentarios ofensivos contra él.