Interior rechaza indemnizar al 60% de las víctimas de los atentados de Cataluña en 2017

El Ministerio del Interior indemnizará a 130 víctimas por los daños físicos y psicológicos que sufrieron en los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017. Estas personas recibirán siete millones de euros, según datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, el número de afectados por los actos terroristas en Cataluña, de los que se cumplen cinco años, es más extenso. En los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional, que condena a la célula que atentó en Las Ramblas, figuran hasta 355 víctimas. Por lo que el Estado, en base al fallo judicial, no ha reconocido a más del 60% de las personas que se vieron afectadas aquel fatídico día. 

Del total de víctimas, 210 (59%) solicitaron ayuda al Ministerio. Sin embargo, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, órgano dependiente de Interior, desestimó 84 solicitudes por distintas causas, la mayoría de las cuales han sido recurridas en los tribunales, según ha podido saber este periódico. El resto de las víctimas, 139, no presentaron la solicitud de compensación en el plazo legal establecido.

Para la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), organización formada por expertos en atención de víctimas de terrorismo, que engloba a la mayoría de afectados por los atentados de Cataluña, estas cifras son incomprensibles. «El Ministerio del Interior reconoce que solo ha indemnizado a la tercera parte de las víctimas de la sentencia. ¿Para qué sirve una sentencia si luego la Administración no cumple con su obligación?», crítica Roberto Manrique, asesor de la UAVAT.

Este experto califica de «surrealistas» los argumentos que el departamento que dirige Grande-Marlaska ha empleado para rechazar ayuda a distintas personas. Entre ellas, destaca el caso de Silvia y Marta, dos jóvenes que estaban en una farmacia cercana cuando los terroristas arrasaron con la furgoneta las ramblas. «De pronto, empezó a entrar la gente. Entre ellos, un hombre que llevaba a un niño en brazos, lo dejó y después se fue. Poco después, murió, lo que ha supuesto un trauma para ellas. Solicitaron la ayuda como víctimas derivadas del atentado, pero, según Interior, no da lugar porque estaban en un lugar seguro, no estaban en la trayectoria de la furgoneta y no siguen una terapia habitual».

123 víctimas más en el sumario

«¿Quién es el Ministerio para tumbar la resolución de un forense, que acredita los daños psicólogos que están sufriendo estas personas a raíz de lo que han vivido?», se pregunta, con perplejidad, Manrique. Respecto a las víctimas del 17-A que no han solicitado ninguna ayuda, 139 —aunque esta unidad de atención ha contabilizado 123 personas más que aparecen en el sumario judicial pero no en el fallo—, este profesional responsabiliza directamente al Ministerio del Interior.

Lo dice, sostiene, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en su artículo 11: «Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan». «Ellos tienen la obligación de poner a disposición de las víctimas todo lo necesario para asistirlas. Estas cifras demuestran que no las han buscado», critican desde la UAVAT.

«Grandes olvidadas»

El procedimiento que se ha seguido con las víctimas de los atentados en Cataluña ha sido «nefasta; pero no lo digo yo, fueron los propios jueces de la Audiencia Nacional quienes lo dejaron plasmado en la sentencia», asegura este experto. En el fallo, en el que este tribunal condenó a los tres terroristas de la célula que atentó en 2017 en Cataluña, la sala de lo penal asegura que en «el presento sumario las víctimas han sido las grandes olvidadas durante las instrucción». Denunciando con ello, la desorganización a la hora de estudiar la cantidad de víctimas y los daños que sufrieron. 

La crítica, no obstante, va más allá cuando la Audiencia Nacional asegura que «faltan informes periciales forenses, tanto de lesionados extranjeros, como de residentes en España». Los jueces denuncian, además, que estos documentos se tramitaron de una forma «acumulativa de denuncias y partes médicos», mezclándose los casos de distintas víctimas. Así, quedan casos sin resolver como el de una argentina, de 67 años, que sufrió una fractura de pelvis, y de la que no se ha vuelto a saber nada. O el de un matrimonio alemán, cuyo hijo está recibiendo terapia psiquiátrica, y ninguno de los tres aparece en ningún listado. «No les pueden negar que sean víctimas».