El presidente del CGPJ afirma que la amnistía es «ajena al interés general»
Vicente Guilarte defiende «la actuación jurisdiccional de nuestros tribunales con motivo del procés»
Vicente Guilarte. | Fernando Sánchez (Europa Press)
El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, afirma que la amnistía que buscan los independentistas como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez es «ajena al interés general».
«Para conceder una amnistía, lo decisivo es valorar las circunstancias concurrentes y, entre ellas, la existencia de un consenso general, que no lo hay», dice Guilarte en una entrevista publicada este domingo por el diario El Mundo. «Para mí el gran problema es si la amnistía política de la que hablamos es un tema de interés general. A priori, la respuesta necesariamente es negativa. Si fuera de interés general, habría ido en los programas políticos de los partidos, al menos en el de quien ahora la propicia. Y de ello no hay ni rastro, sino lo contrario», afirma. «Es evidente que se trata de una cuestión ajena al interés general fundada en una necesidad coyuntural que a todos se nos alcanza».
Preguntado por si la finalidad de la amnistía puede ser la determinación, contesta que «evidentemente no». «Una amnistía podría ser legítima si previamente existiera un pacto nacional sobre una posible reordenación de la llamada cuestión territorial española entre las principales fuerzas políticas. Si hubiera ese pacto, y se concediera una amnistía en unas determinadas condiciones, ayudando posteriormente a que ese pacto se formalizara, sería posible», explica.
«Lo que es constitucionalmente inviable es que empecemos por amnistiar y, mucho menos, como paso previo a pretensiones ajenas al orden constitucional vigente», insiste Guilarte.
Sobre las afirmaciones de Pedro Sánchez en relación al procés, que afirmó que «nunca tuvo que derivar en acción judicial», Guilarte responde que no «debe valorar las afirmaciones del presidente en funciones», pero «sí me creo legitimado para defender la actuación jurisdiccional de nuestros tribunales con motivo del procés». Considera que «colateralmente, la idea expresada por el presidente deslegitima lo que a mi juicio fue el recto ejercicio de la función de la Justicia y, a la vez, supone una implícita validación de conductas que encajaban de lleno en el Código Penal».
«Reescribir idealmente la historia, añorando lo que debió ser y no fue, no puede ser utilizado para cuestionar hoy, por intereses partidistas, a una parte de sus protagonistas», concluye.
