Pierdan cualquier esperanza, Sánchez ya ha decidido

Mucha gente se dirige estos días a los periodistas en busca de respuestas sobre lo que va a pasar en España: ¿habrá gobierno? ¿seguirá Pedro Sánchez? ¿se repetirán las elecciones? Tras el estrepitoso fracaso de los pronósticos previos al 23-J, resulta asombroso que todavía se acuda a la prensa como fuente de autoridad, pero lo cierto es que en realidad la gente hace esas preguntas con la esperanza de obtener una respuesta distinta a la que sospechan. Casi todo el mundo intuye cuál es el desenlace de esta película cuando el Gobierno se hace fotos sonriendo con un prófugo o cuando habla sin pestañear de «desjudicializar el conflicto político», pero la gente sigue preguntando con la ilusión de que alguien les dé un motivo para confiar en que el final será otro.

No conviene hacerse trampas al solitario. Con la información de que disponemos hoy, todo hace indicar que el actual presidente del Gobierno podrá seguir en La Moncloa.

Antes de que eso suceda, Alberto Núñez Feijóo dispondrá de una oportunidad desde el día 26 de septiembre, aunque a estas alturas no hay ningún indicio que permita pensar que su sesión de investidura va a resultar exitosa. Le faltan cuatro votos y, pese a que algunos fantaseen con un giro inesperado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) o con la conversión repentina de algunos diputados socialistas, mejor no engañarse: Feijóo a día de hoy tiene cero posibilidades de salir elegido presidente del Gobierno.

Después le tocará intentarlo a Sánchez, quien desde el primer momento cerró cualquier puerta a un entendimiento con el Partido Popular y abogó por intentarlo con los mismos socios que ha tenido hasta ahora: la extrema izquierda y todos los nacionalistas e independentistas con representación en el Congreso de los Diputados. Eso implica depender del partido liderado por un prófugo de la Justicia, pero eso no ha supuesto ningún conflicto moral ni para el presidente y ni para sus palmeros.

Desde el minuto uno Carles Puigdemont puso encima de la mesa sus exigencias para investir a Sánchez: que se permitiera a Junts tener grupo parlamentario propio (más recursos y personal), que se pudiera hablar en catalán en la Cámara Baja, que se pidiese a la Unión Europea hacer lengua oficial el catalán y que se apruebe una amnistía que libre de dar cuenta ante la Justicia a 4.000 personas involucradas en el denominado ‘procés’.

El Gobierno ha ido cumpliendo escrupulosamente la hoja de ruta marcada desde Waterloo y ahora mismo ya solo falta poner encima de la mesa la famosa amnistía, algo que llegará en cuanto el Rey encargue a Sánchez preparar su investidura.

En Moncloa llevan semanas trabajando en la preparación de ese último requisito exigido por Puigdemont. Lejos de considerarlo inaceptable, el Gobierno se puso manos a la obra sin dudarlo con el argumento de que el 23-J las urnas avalaron la «política desinflamatoria» seguida por Sánchez con respecto a Cataluña. «La amnistía es perfectamente coherente con todo lo realizado en la anterior legislatura: indultos, despenalización del delito de sedición… Nadie puede esperar que hagamos algo distinto ahora», indica un alto cargo del Ejecutivo.

Así pues, y a pesar de no llevar la amnistía en el programa electoral del PSOE, el Gobierno no tiene ningún reparo en aprobarla para desatascar la investidura, es decir, Sánchez está decidido a hacer lo que le piden. Eso sí, lo hará planteando una proposición de ley en el Congreso para evitarse los informes preceptivos en su contra de órganos como el Poder Judicial o el Consejo de Estado. Y lo hará eludiendo la palabra amnistía y buscando fórmulas como «ley de alivio penal».

El texto está ya muy avanzado, especialmente el preámbulo, donde se dan todo tipo de argumentos para justificar su aprobación y defender su plena constitucionalidad. En este sentido, el Gobierno tiene previsto aferrarse a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy y a la recientemente aprobada en Portugal con motivo de la visita del Papa, cuando se perdonó a los menores de 30 con condenas inferiores a ocho años. No obstante, va a ser duro para Sánchez usar el ejemplo luso, pues de esa amnistía han quedado excluidos «los delitos contra la soberanía nacional».

Las únicas cuestiones que quedan por resolver son la duración de la amnistía y los delitos que se verán afectados. Y precisamente aquí estará el ‘quid’ de la cuestión, pues los independentistas quieren un perdón lo más amplio posible, pero el Gobierno pretende acotarlo al máximo para evitar daños colaterales como los que vimos con la ‘ley del sí es sí’, es decir, que se acaben beneficiando de la amnistía gentes que nada tienen que ver con el 1-O, como pueden ser otros políticos condenados por corrupción.

¿Puede la gestión de estos pequeños detalles dar al traste con la investidura de Sánchez? Por supuesto que sí, sobre todo en la medida en que necesita demasiados apoyos de demasiados grupos. Pero aquí lo importante es que el Gobierno está decidido a tirar para adelante y, por tanto, salvo sorpresa mayúscula, se llegará a un entendimiento porque los nacionalistas e independentistas saben que tienen una ocasión de oro para sacarle los higadillos a Sánchez durante la próxima legislatura, pues todos sus votos serán decisivos para aprobar cualquier iniciativa. Imposible imaginar un escenario mejor para un enemigo de España.

Lo único que podría truncar la reelección de Sánchez es un volantazo repentino del imprevisible Puigdemont, un improbable golpe de sensatez del PNV o, aún más difícil, que algunos socialistas tengan problemas de conciencia a la hora de apretar el botón en el Congreso, no tanto el día de la investidura de su líder sino cuando se tenga que votar la amnistía, que sería unos días antes si se cumple lo solicitado por Puigdemont.

Y por cierto, pierdan también cualquier esperanza de que el Rey pueda hacer algo. La Constitución le deja escaso margen de maniobra y cualquier intento de ‘borbonear’ sería un suicidio para la institución monárquica. Si los españoles han decidido tirarse por un barranco (23-J), no podemos dejarle a Felipe VI el marrón de evitarlo. Eso lo tendrán que hacer los tribunales de Justicia, que son los únicos que en una democracia pueden pararle los pies a los legisladores en caso de que estos decidan iniciar la voladura del sistema.