Los 16 neonazis detenidos planeaban ataques contra mezquitas e intereses judíos
Todavía no tenían capacidad de actuación para cometer atentados pero sí planes «genéricos prioritarios»
Policía Nacional.
Los 16 neonazis detenidos el pasado martes en la operación que permitió desarticular la red española de Combat 18, una banda vinculada al nacionalisocialismo y supremacismo blanco, planeaban ataques contra mezquitas, intereses judíos o movimientos antagónicos como los antifascistas.
En un rueda de prensa este jueves, el intendente David Sánchez, subjefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra ha dado a conocer más detalles de esta operación conjunta con la Policía Nacional contra Combat 18, que pretendía crear un proyecto neonazi en España, así como del perfil de los detenidos y del funcionamiento de este grupo criminal.
Durante el golpe policial que permitió desarticular el pasado martes Combat 18, un grupo que en Canadá se considera terrorista y que en Alemania está ilegalizado, fueron detenidas 16 personas, doce de ellas en Cataluña -que hoy han quedado en libertad con medidas tras pasar a disposición judicial-, y otros cuatro en Madrid, Lugo, Málaga y Toledo.
Los 16 ultras detenidos que configuraban este grupo todavía no tenían capacidad de actuación para cometer atentados en el momento de su arresto ni tenían unos objetivos concretos ya definidos a nivel táctico, pero sí unos planes «genéricos prioritarios» para atacar mezquitas, intereses judíos o de movimientos «antagónicos», sobre todo, de grupos antifascistas de la izquierda.
Para ello, estaban tratando de proveerse de armas de fuego real y así poder actuar con «mayor letalidad» a través de otras secciones de Combat 18 que operan en otros países europeos, aunque no buscaban el armamento para cometer sus atentados a través de otras organizaciones criminales dedicadas a otra tipología de delitos, ha explicado el intendente de los Mossos.
«Por los antecedentes en Europa y en Estados Unidos, los ataques a personas eran una acción previsible», ha dicho Sánchez.
En el momento de la explotación de la operación, el grupo ya poseía una estructura jerarquizada «muy clara», en la que cada uno de sus miembros asumía un rol en concreto, y que estaba liderado por tres cabecillas: el presidente, el tesorero y el sargento de armas -los tres se hallan entre los arrestados en Cataluña-.
Además, los detenidos ya contaban con espacios para reunirse físicamente en Cataluña -no constan que se hayan celebrado encuentros en el resto de España-, con lo que habían dado un salto cualitativo al pasar de los meros contactos individuales a través de las redes sociales a constituirse en un grupo y a mantener reuniones para tareas de coordinación.
Dentro de este incremento expansivo del grupo, los miembros Combat 18 estaban ya en plena fase de captación de nuevos miembros y de propaganda con la elaboración y difusión de contenidos sobre la supremacía de la raza blanca, lo que para los Mossos supone una «amenaza muy relevante» para la sociedad occidental.
Según el intendente, la explotación de la operación policial se ha hecho ahora, después de casi dos años de investigación, tras constatar el crecimiento del grupo y para evitar que Combat 18 fuera un «peligro real» para la sociedad, puesto que hasta ahora no contaban con armas y sus objetivos para atentar eran «genéricos y abstractos».
Los 16 ultras detenidos -13 hombres y tres mujeres- son personas «altamente radicalizadas» desde hace tiempo, es decir, con un «proceso de radicalización completado desde hace años», y con un perfil claro: no son muy jóvenes, tienen entre 29 y 49 años de edad, y algunos de ellos cuentan con antecedentes previos por delitos de odio .
En cuanto a la financiación del grupo, esta se nutría de las aportaciones de sus miembros, aunque también de las complicidades internacionales afines a su ideología.
La causa, que dirige el juzgado de Instrucción número 3 de Manresa (Barcelona) está abierta por los delitos de constitución, pertenencia y dirección de organización criminal, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tenencia ilícita de armas y explosivos y delito contra la salud pública.
Se trata de una organización criminal, ha subrayado el intendente, porque «su finalidad y su existencia es cometer delitos que atentan contra las personas» y aunque «no los hayan cometido, tenemos prueba de carga suficiente de que se habían configurado en un grupo para atentar contra esos objetivos genéricos».
La investigación de los Mossos comenzó en 2022, cuando los servicios de Información e Inteligencia detectaron en las redes sociales ideologías compatibles con Combat 18 no de manera individual, sino entre varias personas relacionadas entre sí, lo que los investigadores percibieron como una «potencial amenaza».
