'Caso Tsunami': acusan al 'dos' de Puigdemont de mala fe procesal por recusar al juez
DyJ sale en defensa del magistrado García-Castellón y acusa a José Luis Alay de querer «entorpecer» la causa
La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ) sale en defensa del juez del caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional. La organización presidida por Daniel Portero, que ejerce como acusación popular en la causa, ha presentado este miércoles un escrito en el que pide inadmitir la demanda de recusación presentada contra el magistrado Manuel García Castellón por parte del jefe de la oficina de Carles Puigdemont en Bruselas, José Luis Alay, uno de los imputados por presuntos delitos de terrorismo por sus supuestas vinculaciones con Tsunami Democràtic. Además, acusa a este último de mala fe procesal por pedir apartar al juez con el objetivo de «entorpecer la causa».
La defensa de Alay alegó que tuvo conocimiento de la presunta causa de recusación el pasado 14 de noviembre, cuando se le notificó un auto en el que se rechazó la petición de apartar al juez realizada una semana antes por otro de los imputados, el empresario Oriol Soler. En su escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la asociación DyJ cree que el abogado de Alay, que también es letrado de cabecera de Puigdemont, faltó a la verdad en su solicitud «con la clara intención de eludir las causas de inadmisión del incidente de recusación previstas en los ordinales 1º y 2º del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 223 LOPJ».
«Tal aseveración realizada por la defensa del Sr. Alay Rodríguez, es manifiestamente falsa, pues tal y como obra en la causa, dicha defensa se personó mediante escrito de 7 de noviembre de 2023 y mediante providencia de 8 de noviembre de 2023 se tuvo por designado al letrado señor (Gonzalo) Boyé Tuset, para la defensa del investigado José Luis Alay Rodríguez, fue notificada dicha Providencia el mismo día 8 de noviembre de 2023 a todas las partes, incluida la defensa del señor Alay», señala DyJ en su escrito.
Blindan al juez de Tsunami
La asociación de víctimas del terrorismo pide inadmitir la solicitud de recusación planteada por Alay debido a que tuvo un plazo concreto para haberse adherido a la efectuada por Soler y, sin embargo, no lo hizo. «Lo cual pone de manifiesto la palmaria la mala fe con la que se ha planteado el presente incidente de recusación, cuya finalidad no es otra que obstaculizar y entorpecer la normal tramitación de la presente causa», añade.
No obstante, y llegado el caso de que el incidente de recusación de Alay sea admitido a trámite pese a lo anterior, la asociación presidida por Daniel Portero también entra en el fondo de lo solicitado para pedir que se rechace la recusación de García Castellón. Creen que el escrito en el que se solicita apartar al juez, el abogado de Alay y Puigdemont hace una serie de «argumentaciones genéricas e ilusorias sobre la ausencia de imparcialidad del magistrado instructor recusado».
Dichas alegaciones, según DyJ, se sustentan en «el mero hecho de haber expuesto un criterio jurídico» el magistrado García-Castellón en el auto del 6 de noviembre en el que acordó citar a declarar en calidad de investigados por delitos de terrorismo a una decena de empresarios y políticos independentistas, entre ellos Alay, Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira.
El CGPJ aplaza el amparo a García Castellón
La asociación que preside Portero, dice que las acusaciones contra el juez por parte de Alay se han efectuado «sin la más mínima concreción sobre el interés personal que éste pueda tener en la causa, más allá de dar una versión subjetiva sobre el devenir que han tenido los anteriores incidentes de recusación, los cuales han sido inadmitidos ad limine por ser patente la ausencia de causa recusación», añade la asociación de víctimas del terrorismo, en calidad de acusación popular.
Por su parte, según informan fuentes jurídicas a este diario, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy posponer su decisión sobre la admisión a trámite de la ampliación del amparo solicitado por el magistrado Manuel García-Castellón frente a unas declaraciones del diputado de ERC Gabriel Rufián hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la exposición razonada que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha elevado en relación con el procedimiento conocido como ‘Tsunami Democràtic’.