Las razones del 'veto' del CGPJ al fiscal general: desvío de poder, 'lawfare' y ascensos a dedo
El ala progresista le defiende y alega que la imparcialidad no debe ser tenida en cuenta para evaluar su idoneidad
La ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su sucesor, Álvaro García Ortiz. | Eduardo Parra (Europa Press)
Desviación de poder, falta de imparcialidad, nombramientos a dedo y silencio ante el lawfare y la amnistía. Lo anterior son algunas de las razones por las que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado ratificado recientemente por Pedro Sánchez para un mandato de cuatro años, no es idóneo para el cargo, según informan a THE OBJECTIVE fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
La urgencia con la que fue convocado el pleno extraordinario del CGPJ de este jueves para valorar la decisión de Sánchez de nombrar de nuevo a García Ortiz como máximo responsable del Ministerio Público, hizo que se aplazara hasta este viernes la redacción de la exposición de motivos. Una declaración no vinculante, pero inédita, por la cual el órgano de gobierno de los jueces considera que el fiscal general del Estado no cumple con los criterios de idoneidad para ocupar ese cargo, que tendrá un papel esencial en la interpretación y aplicación de la amnistía.
Fuentes del CGPJ consultadas por este diario anticipan, a grandes rasgos, la exposición de motivos incluida en el texto que será publicado este viernes. Un informe en el que se declara que García Ortiz no es idóneo para el cargo por razones de imparcialidad. El fiscal general del Estado ha sido objeto de críticas, entre otras razones, por supuestos favoritismos hacia fiscales progresistas en los nombramientos, su silencio frente a la amnistía y el lawfare y, sobre todo, por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que acredita que el fiscal general incurrió en «desviación de poder» en el ascenso a dedo a su antecesora y exjefa, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.
Varapalo al fiscal
El debate en el CGPJ este jueves fue arduo y tenso, según las mismas fuentes. La votación en la que fue aprobada la propuesta de informe así lo demuestra. Ocho vocales votaron a favor de considerar que García Ortiz no es idóneo para el cargo por falta de imparcialidad. Por el contrario, otros siete vocales del CGPJ se opusieron a «deslegitimar el nombramiento» del fiscal general. Entre los que defendieron esta postura se encuentra el presidente sustituto del CGPJ, Tomás Guilarte.
El ala progresista votó en contra al considerar que el único criterio que se debe tener en cuenta, para valorar su idoneidad en el cargo, es el de antigüedad. Y el actual fiscal general del Estado y ex mano derecha de Dolores Delgado cumple con el requisito de llevar más de 15 años de en la carrera fiscal. Frente al criterio mayoritario que finalmente se impuso, el ala progresista del CGPJ defendió que no se debía valorar su idoneidad desde la perspectiva del principio constitucional de imparcialidad del Ministerio Fiscal, añaden fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Lo anterior es, a grandes rasgos, la coctelera que ha motivado el informe desfavorable respecto de la idoneidad de García Ortiz. Un documento publicado este viernes y en el que el CGPJ declara por primera vez la no idoneidad de un fiscal general del Estado para ocupar el cargo. También se publicará la postura del ala progresista en los votos particulares de los vocales que votaron en contra. El ministro Justicia, Félix Bolaños, ya ha anticipado que el Gobierno mantendrá a García Ortiz en el cargo.
Ratificado por Sánchez
El Ejecutivo defiende que el fiscal general cumple con los requisitos de antigüedad exigidos por la ley y considera que el informe del CGPJ ha sido elaborado «al margen de la ley». El ministro de Justicia hará caso omiso al órgano de gobierno de los jueces, según se desprende de las palabras de Bolaños. El propio Pedro Sánchez ratificó en el cargo a García Ortiz apenas hace una semana y para un periodo de cuatro años.
Esto último, a pesar de que tan solo un día antes el Tribunal Supremo había dado por acreditado en su sentencia que el máximo representante del Ministerio Público incurrió en «desviación de poder» por el ascenso de Delgado a fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Ese ascenso se llevó a cabo pese a que la mayoría de los integrantes del Consejo Fiscal votó en contra de promocionar a la ex fiscal general del Estado.
Aun así, García Ortiz propuso a Delgado como fiscal jefa de sala hacer sin tener en cuenta la evaluación de méritos de su antigua jefa y del resto de candidatos para la plaza en la Sala de lo Militar del Supremo. El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez aprobó el 4 de octubre de 2022 el ascenso de la exministra de Justicia a propuesta de García Ortiz. Los representantes del Consejo Fiscal, principal órgano consultivo del Ministerio Público -excepto los de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)-, consideraban que la exministra de Justicia no contaba con méritos objetivos que justificasen su elección por delante de otros aspirantes que querían ascender a la misma plaza.
El ascenso de Dolores Delgado
La sentencia del Tribunal Supremo así lo ha ratificado un año después. La Sala Tercera da por acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. «Ello se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito», indicó el Alto Tribunal.
La Sala Tercera considera que, al proponer a Delgado como fiscal de Sala sin concurso ni evaluación de méritos, García Ortiz incurrió en desviación de poder. Esto último, explican los magistrados en su sentencia, consiste en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico». La sentencia del Supremo anula el ascenso de Delgado a fiscal de Sala. Sin embargo, aún se mantiene en la máxima categoría fiscal porque recientemente García Ortiz designó a su exjefa como responsables de la nueva Fiscalía de Memoria Democrática.
Silencio ante la amnistía
La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) habían manifestado reiteradamente sus críticas hacia García Ortiz por favorecer en muchos de sus nombramientos y ascensos a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que han pertenecido, entre otros, el propio fiscal general del Estado y su antecesora, Dolores Delgado.
Antes de que Sánchez ratificase a Garcia Ortiz para un mandato de cuatro años, la AF y la APIF habían criticado el silencio del fiscal general del Estado ante la ley de amnistía. También por ponerse de perfil en el amparo solicitado por los fiscales de la causa del procés, señalados a propósito del lawfare recogido en el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. El Ministerio Público tendrá un papel esencial en la interpretación y aplicación de la amnistía, y García Ortiz será quien lleve el timón a pesar de que el CGPJ no le considera idóneo para el cargo.
