Los concursos de acreedores aumentan un 29% durante el último trimestre del año

Los concursos de acreedores siguen aumentando. Durante el último trimestre de este año se presentaron 9.330 procedimientos en los juzgados de lo Mercantil. La cifra supone un incremento del 29,1 % respecto al mismo trimestre del año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes cumple cinco años con el mandato caducado. Los datos forman parte de la encuesta Efecto de la Crisis en los órganos judiciales, que publica cada tres meses el órgano de gobierno de los jueces. Las últimas cifras demuestran que se mantiene la tendencia al alza iniciada en el tercer trimestre de 2020.

El concurso de acreedores es un procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica se muestra en una situación de insolvencia, en la que no puede hacer frente a los pagos que adeuda. Este procedimiento abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos. Si se realiza el análisis por tipo de concurso, fueron los de personas naturales, no empresarios, los únicos que aumentaron, marcando una diferencia del 124,3% respecto al mismo trimestre de 2022.

Los concursos de acreedores de personas naturales empresarios como los de personas jurídicas mostraron una disminución interanual del 56,2 % y del 48,7 %, respectivamente. Del total de 9.330 concursos presentados en toda España, el mayor número corresponde a Cataluña, donde los órganos judiciales recibieron 2.598, cifra que representa el 27,8 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.289 concursos presentados; Madrid, con 1.243, y la Comunidad Valenciana, con 1.175.

Menos concursos de personas jurídicas

Los datos del CGPJ reflejan que se presentaron 1.219 concursos de acreedores de personas jurídicas, lo que supone una disminución del 48,7 % en relación con el mismo trimestre de 2022. Cataluña ha sido la región en la que se registró un mayor número concursos de personas jurídicas, 291, lo que representa el 23,9% del total. Le siguieron Madrid, con 252; la Comunidad Valenciana, con 149; y Andalucía, con 140.   

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, 670, mostraron una disminución interanual del 56,2%. Cataluña registró el mayor número de concursos de este tipo, 315, que representan el 47 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 97; la Comunidad Valenciana, con 58; y Madrid, con 47.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios fueron los únicos que se incrementaron con respecto al tercer trimestre de 2022: se registraron 7.441, un 124,3 % más que hace un año. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, 1.992, que representan el 26,8 % del total de toda España. Le siguieron Andalucía, con 1.052; la Comunidad Valenciana, con 968; y Madrid, con 944.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre de este año en los juzgados de lo Mercantil fue de 6.357, lo que ha supuesto un incremento del 235,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 53 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 646, un 36,4 % menos que en el tercer trimestre de 2022.

Aumento de los ERE

Respecto a los expedientes del artículo 169 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), durante el tercer trimestre del año se presentaron 80 expedientes, un 1,3 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

El número de lanzamientos practicados durante los pasados meses de julio, agosto y septiembre ascendió a 5.474, un 26 % menor que el registrado en el mismo periodo de 2022. El 76,3 % de los lanzamientos (4.178) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 17,6 % restante (963) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Otros 333 lanzamientos practicados en el periodo analizado obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 37,1 % en relación con el mismo trimestre del año pasado. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos la disminución fue del 23,4 por ciento, mientras que para los derivados de otras causas, fue del 19,2 por ciento.

Cataluña, con 1.313 (el 24 % del total nacional) ha sido región en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos en el tercer trimestre de 2023. Le siguieron Andalucía, con 981; la Comunidad Valenciana, con 759; y Madrid, con 486.

Si se tienen en cuenta solo los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 993, cantidad que representa el 23,8 % del total nacional. Le siguen Andalucía, con 655; la Comunidad Valenciana, con 573; y Madrid, con 397. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la Comunidad Autónoma con un número más alto fue Andalucía, con 243, seguida por Cataluña, con 209, y por la Comunidad Valenciana, con 155.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2023 fue de 9.605, un 15,9 % menos que en el mismo trimestre de 2022. De ellos, 4.526 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 21,8 por ciento.

La mitad de ejecuciones hipotecarias

Durante el tercer trimestre del año, se presentaron 2.716 ejecuciones hipotecarias, lo que ha supuesto una reducción del 51,8 % con respecto al tercer trimestre de 2022.

El mayor número de ejecuciones hipotecarias se ha dado en Andalucía, donde las 636 presentadas representan el 23,4 % del total nacional. Le siguen Cataluña, con 477; la Comunidad Valenciana, con 359; y Madrid, con 280. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con una tasa de 9,7 por cada 100.000 habitantes; Andalucía, con 7,3; Castilla la Mancha, con 7,2; y La Rioja, con 7,1.

En el tercer trimestre de este año se presentaron 35.413 demandas por despido, un 17,4% más que en el mismo trimestre de 2022. Madrid, con 7.076, dato que representa el 20 % del total nacional, ha sido la región con un mayor número de demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 6.545; Andalucía, con 6.103; y la Comunidad Valenciana, con 4.268.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 29.621, ha sido un 13,7 % superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2022. De ellas, 6.276 se presentaron en Madrid, lo que supone el 21,2 % del total; 4.604 en Andalucía y 3.488 en Cataluña.

Los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 247.601, lo que ha supuesto un incremento interanual del 20,1 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 45.448; Madrid, con 43.475; Cataluña, con 40.839; y la Comunidad Valenciana, con 27.489.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Cláusulas abusivas

En el tercer trimestre de este año los juzgados especializados en cláusulas abusivas registraron 19.448 nuevos asuntos de esta naturaleza, un 30,2% más que hace un año. Se resolvieron 20.885, lo que ha supuesto un descenso del 7,1 % y quedaron en tramitación 143.706, un 15,8 por ciento menos. Las sentencias dictadas sumaron 16.239, de las que el 96,8 por ciento fueron estimatorias.

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En este trimestre ingresaron 373 asuntos de este tipo, un 38,6 por ciento menos que el año anterior. El mayor número de demandas (67), que representan el 24,5 % del total nacional, se registró en la Comunidad Valenciana. Le siguen Andalucía, con 64; Madrid, con 47; y Cataluña, con 45.