España ha pagado desde 2000 en intereses de la deuda lo equivalente a tres años de pensiones
España ha pagado 567.000 millones por la deuda. La nómina de las pensiones será de 168.000 millones en 2023
El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado la deuda. El pago de los intereses generados se ha convertido en uno de los principales problemas. | Ilustración de Alejandra Svriz
La deuda pública y los intereses que genera continúan imparables. Mes a mes suman récords que rivalizan incluso con los que acumulan las pensiones, el principal gasto de los presupuestos. El pasado septiembre, último dato disponible, la deuda pública creció en 14.448 millones de euros respecto a agosto. El incremento la sitúa en 1.577 billones y equivale, casi, al 110% del PIB. La deuda acumulada per cápita alcanza ya los 32.646 euros, una cifra que supera en un 45% el salario medio.
Este indicador de las finanzas públicas se ha incrementado de forma muy importante en los últimos cinco años. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado de forma habitual de un recurso que permite afrontar determinadas situaciones. Lo negativo es que con el tiempo se convierte en un lastre inasumible. Solo países europeos como Grecia, Portugal e Italia superan los ratios que presenta España.
Los intereses que genera son solo uno de los principales problemas que provoca el endeudamiento. En las últimas dos décadas, desde 2000, la factura de estos intereses supera los 567.000 millones de euros. Esta cifra permitiría pagar de forma holgada la nómina de las pensiones contributivas durante los próximos tres años. Según la estadística de pensiones analizada por THE OBJECTIVE, en 2023 el pago de estas prestaciones supondrá al menos 168.000 millones. El próximo año la factura se incrementará en un 3,8% debido al IPC y también aumentará por la entrada de nuevos jubilados.
Deuda y tipos de interés
La reciente política del Banco Central Europeo (BCE), dirigida a la subida de los tipos de interés, no hará más que agravar la situación. La deuda y sus intereses serán un grave problema para las generaciones futuras. En los últimos años, el gasto de intereses se había reducido por las favorables condiciones de financiación. El gasto que supone los intereses está directamente vinculado a la acumulación de deuda y a sus condiciones de financiación.
El gasto derivado del pago de los intereses de la deuda pública rondará los 40.000 millones en 2024. Es casi el doble que lo que pagó en 2010. En 2023 la cifra rondará los 35.500 millones. Las proyecciones de tipos del Tesoro Público para el final de 2023 se sitúan cerca del 2,5%.
Según destacaba la AIReF en un reciente informe, es previsible una disminución en la ratio de deuda sobre PIB de 5,3 puntos en los próximos dos años, hasta el 106,3% del PIB en 2024. El motivo principal será un crecimiento del PIB nominal, que provocará la reducción del citado porcentaje. El efecto positivo será muy limitado en el tiempo. El organismo que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas apunta que en este momento son factibles las proyecciones de deuda del Gobierno incluida en el Plan Presupuestario para 2024.
Sin embargo, a largo plazo, la AIReF proyecta en su escenario inercial una ratio de deuda creciente tras un periodo inicial de cierta estabilización, siendo el previsible aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El escenario de las pensiones
El otro reto económico que deberá afrontar el Gobierno de Pedro Sánchez, además de la deuda, son las pensiones. Este gasto, insostenible y que crece -crecerá- de forma exponencial. Será uno de los principales problemas en los próximos años. El aumento de los ingresos, por determinadas vías y con reformas muy limitadas, no cubrirá los gastos suscitados por el mayor número de pensionistas, prestaciones más cuantiosas y aumento de las nóminas de acuerdo al IPC. El desembarco de los boomers en el sistema, con pensiones elevada después de muchos años de cotización, hará que el escenario sea difícilmente asumible.
En un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hecho público esta semana y titulado: Las pensiones de un vistazo 2023 se destacaba que la reforma española de las pensiones se basa en contribuciones más altas, pero estas sólo compensan en pequeña medida con el aumento de sus pensiones.
Señalaba además que el Gobierno se había corto con la extensión del cálculo de las pensiones, que fue una demanda clave de la Comisión Europea. «En lugar de introducir un cambio significativo en este ámbito», España optó por una pequeña extensión y un largo período de transición con impactos poco claros.
Cálculo de las pensiones
Desde 2022, el período de cotización de referencia son los últimos 25 años, que se incrementó respecto de los últimos 15 años en 2013. Con la reforma, estos pasarán a ser los mejores 27 de los últimos 29 años de carrera para las personas que se jubilan a partir de 2044. Hasta entonces, la OCDE recuerda que las personas pueden elegir el más beneficioso de los dos métodos de cálculo, «lo que significa que hasta 2044 este cambio sólo puede aumentar los beneficios y los gastos».
La organización, con sede en París, señala que España seguirá siendo uno de los pocos países de la OCDE que no utiliza el conjunto de la vida laboral de los ciudadanos para calcular las pensiones. Entre los 38 países miembros de la OCDE, en la actualidad únicamente Colombia (10 años), Eslovenia (24), Costa Rica (20 actualmente que pasarán a 25), Francia (25), España (25 a 27), Estados Unidos (35) y Portugal (40) no computan toda la carrera laboral.
En una primera versión de este texto, se indicaba por error el año 2020 en vez del año 2000. Se ha modificado el titular para subsanar el fallo.
