Guardia civiles expulsados por sindicarse antes de 2001 piden ser incluidos en la amnistía
Los agentes de la Benemérita no tuvieron derecho a fundar asociaciones de defensa de sus derechos hasta 2007
Guardia civiles de tráfico | Archivo
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha enviado a los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de enmienda para incluir en la ley de amnistía la rehabilitación de penas y sanciones a los antiguos guardias civiles expulsados del cuerpo por su vinculación a sindicatos.
Los agentes piden «un reconocimiento merecido y por la significación de las condiciones de readmisión» para tres socios fundadores de la AUGC y otros guardias civiles represaliados «por defender el derecho fundamental de asociación», han informado este lunes en un comunicado.
«Entendemos que es ahora, a través de dicha proposición de ley orgánica, donde tiene encaje esta propuesta, que resolvería esta deuda histórica con los guardias civiles promotores del derecho de asociación profesional de los guardias civiles», señala la AUGC, en referencia a la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Los agentes, expulsados antes de octubre de 2001, lo fueron por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de intereses laborales en un ámbito distinto al de la asociación profesional, el único reconocido para la Guardia Civil, cuyo derecho a sindicarse está limitado por la Constitución.
El reconocimiento del derecho de asociación profesional como derecho fundamental se recogió en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, recuerda la AUGC.
Sin embargo, la norma no prevé la posibilidad de que los agentes ya sancionados tuvieran un «merecido reconocimiento» y pudieran «ser rehabilitados y resarcidos por las consecuencias penales y disciplinarias y de otros tipos que su actividad les supuso».
En esta propuesta de enmienda a la ley de amnistía que ha remitido a los grupos parlamentarios, la AUGC pide que la rehabilitación de las sanciones se lleve a cabo en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, con reconocimiento del empleo que a los agentes les hubiera correspondido por antigüedad y del tiempo de separación del servicio.
Según la propuesta, se procedería a actualizar las pensiones que se vieran afectadas por el reconocimiento de servicios y los guardias civiles que hubieran alcanzado la edad de jubilación pasarían a estar retirados.
