Interior premia al comisario que reprimió las protestas en Ferraz con la embajada de Roma

Desde el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska le han ofrecido al actual jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, el comisario principal Manuel Soto Seoane, un puesto en una embajada. Así, el Gobierno pretende premiar a este policía, que estuvo al frente de las cargas desproporcionadas contra los manifestantes que, durante los meses de noviembre y diciembre, protestaron frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Según fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, desde el Ministerio del Interior le han ofrecido el cargo de consejero de Interior en México que acaba de quedar vacante. Sin embargo, Soto Seoane ha contestado, según las mismas fuentes, que «prefiere la embajada de Roma, porque está más cerca» y el sueldo asciende a 12.000 euros y 15.000 euros mensuales aproximadamente.

Este regalo no satisface las expectativas reales de este comisario principal, que aspira a ser el nuevo director adjunto operativo en sustitución del actual DAO, José Ángel González -conocido como Jota-, que se jubila en diciembre de este año. Pero, desde el Gobierno, según ha podido saber este periódico, ya le han comunicado a Soto que no pueden apoyarle para dicho cargo debido a los graves conflictos internos que mantiene con otros agentes del cuerpo que han desembocado en expedientes. Por ese motivo, le han ofrecido como premio una embajada.

Al frente de Ferraz

Manolo Saone, como se le conoce dentro del cuerpo, fue el responsable del orden público en Madrid de los agentes desplegados por el Ministerio del Interior en la sede de los socialistas, que cargaron duramente contra los manifestantes que protestaban por el acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Estas cargas –gran parte de ellas injustificadas– fueron incluso criticadas por antiguos mandos de las Unidades de Intervención Policial, la UIP de la Policía Nacional, que estaban asombrados por el inusual comportamiento de los agentes. Estos altos mandos –la mayoría de ellos en activo, pero actualmente en otras unidades– diferenciaban dos escenarios: las concentraciones pacíficas y otras aisladas en las que grupos ultras se infiltraron en la manifestación para reventarla atacando a los policías. En el primer caso –que fueron la mayor parte de las concentraciones–, los ex altos mandos de la UIP no entendían por qué se utilizó la represión policial en Ferraz. Ocurrió, por ejemplo, el 6 de noviembre, cuando lanzaron gases fumígenos o lacrimógenos. Estos mandos sentenciaron que los agentes al cargo de Soto llevaron a cabo cargas «desproporcionadas» en las que los policías «generaron más conflicto que soluciones». 

Sin embargo, estas cargas injustificadas le ayudaron a posicionarse en el PSOE y, desde entonces, se ganó la confianza y amistad del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que llegó a decir que «Bildu había hecho más por España que los patrioteros de pulsera». Martín felicitó a Soto por su trabajo y calificó públicamente la actuación policial en Ferraz de «ejemplar». Aunque para la Justicia este extremo no está claro y el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid tiene abierta una causa por el uso de gases lacrimógenos en las protestas.

Quejas internas

Varios policías subordinados de Manuel Soto explican que «le pierden las formas». «No sabe mandar», aseguran. Además, recuerdan el caso de la jefa de Seguridad Ciudadana de la comisaría del distrito de Centro, a quien cesó por llevarle la contraria. Habitualmente, los agentes recién llegados suelen realizar labores de gestión de calabozos o los trabajos de secretaría, que son los menos demandados. Y a medida que cumplen años en ese destino, todos van saliendo a patrullar como recompensa por su antigüedad. Pero, la inspectora jefa encargada de establecer los puestos recibió desde la Jefatura de la Policía de Manuel Soto la orden de que un nuevo agente debía recibir un trato de favor: pasaría directamente a trabajar en la calle. Ella se negó y Manuel Soto la cambio a la comisaría de Villa de Vallecas, considerada en el cuerpo como un destino de castigo.

Fuentes policiales explican que esta policía acaba de ser ascendida en un puesto en el propio Ministerio del Interior. Y es que desde el Gobierno han pretendido silenciarla porque podría tener en su posesión audios que dejan en muy mal lugar al comisario principal Seoane, según fuentes solventes.