Sergio Oliva (Francisco de Vitoria): «Con la amnistía habrá querellas contra los jueces»

Sergio Oliva Parrilla (Tenerife, 1982) establece sus tiempos cuidadosamente en relación a la ley de amnistía: ahora es el momento de las Cortes Generales y, una vez publicada en el BOE, serán los jueces quienes hablen y actúen. Desde una aproximación técnico jurídica, el portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria, considera deliberadamente ambiguo el texto que se está tramitando y advierte que crea inseguridad jurídica y provocará querellas por prevaricación contra los jueces . Oliva niega rotundamente la existencia de lawfare contra el independentismo catalán y clama por la despolitización de la Justicia española, puesto que entiende que nuestros políticos «utilizan» la Justicia para sus fines.

PREGUNTA.- ¿Qué opina de esa ley de amnistía aprobada en el Congreso y, en especial, qué le parece que se acoja a los delitos en la Justicia europea y no al Código penal español?

RESPUESTA.-  Como jueces, respetamos profundamente la tramitación parlamentaria.  Creemos en la separación de poderes y es el tiempo ahora de las Cortes Generales, del Poder Legislativo. Cuando llegue el tiempo de los jueces, tendremos oportunidad de manifestarnos firmemente mediante las resoluciones.

«La amnistía crea inseguridad jurídica»

P.- Pero hay un texto legal en trámite…

R.- El texto tal y como está, en un análisis técnico jurídico, crea inseguridad jurídica. Le falta certeza en la referencia a los tipos amnistiables. La naturaleza penal requiere que no haya tanta abstracción y nosotros tememos que se traslade al Poder Judicial la labor de determinar si algo es amnistiable o no, conforme a una redacción intencionadamente ambigua, confusa, que va a provocar que haya interpretaciones válidas por parte de los jueces a la hora de estimar o desestimar determinadas pretensiones de aplicación de la amnistía y que puedan ser tildados por los que no se vean beneficiados, de prevaricadores. Creo que no se van a recurrir las resoluciones de los jueces, sino se van a presentar querellas por prevaricación contra ellos. Ese es el riesgo que hay con el texto, tal como está redactado.  Cuando se hace una huida del Código Penal hacia la normativa europea, es una huida en falso, porque todo el Código Penal español, todos los tipos están ya amparados por la normativa europea. De hecho, la normativa europea a nivel de delitos de terrorismo, por ejemplo, ya regula determinados comportamientos que son perfectamente encajables dentro del Código Penal español y que ya existen.

P.- En todo caso, la UE pide más mano dura contra delitos como la malversación… ¿Puede esta ley de amnistía chocar con la voluntad y la Ley de la UE?

R.- No sé si es profundamente contraria a los valores fundamentales de la UE. Pero corrupción, en ese sentido, también es destinar fondos públicos a fines distintos a los que fueron concebidos. Es decir, esos comportamientos que ya fueron declarados delito por el Tribunal Supremo, como la malversación, creo que no pasan ningún tipo de tope a nivel europeo.

«Solo hay un tipo de terrorismo»

P.- También establece distinción entre el terrorismo que atenta contra los derechos humanos y el que, presuntamente, no lo hace….

R.- No hay dos tipos de terrorismo, no hay un organismo ley que así lo establezca; solo hay un tipo de terrorismo. Puede tener mayores implicaciones en cuanto a los delitos que se cometen, pero han hermanado el delito de terrorismo. Todo lo aprobado por el Congreso en materia de terrorismo es profundamente confuso y abstracto. Y esas referencias a directivas de la UE, evitando pronunciamientos sobre el Código Penal español, van a provocar muchas interpretaciones potencialmente válidas que van  a ser tildadas como prevaricadoras.

«El texto de la amnistía es deliberadamente ambiguo y confuso»

P.- ¿Entonces aquellos independentistas a quienes no se les aplique la amnistía acusarán a los jueces de prevaricadores, con la ley en la mano?

R.- Tengo la absoluta certeza de que no va a haber recursos contra resoluciones de los jueces, va a haber querellas por prevaricación. Estamos absolutamente convencidos de que el texto es intencionadamente confuso y ambiguo. Precisamente para eso es así.

P.- ¿También es confuso en relación a la alta traición, que es otro de los delitos, que se le imputan a Puigdemont?

R.- Resulta curiosa la referencia a la traición, en ese texto legal, porque se admiten en la amnistía siempre y cuando no hayan causado un efectivo uso de la fuerza… A lo mejor  ya no hay Estado cuando se tendría que intervenir… no sé, esperemos que nunca tengamos que vernos en esa situación.

P.- ¿Volveremos a oír hablar de lawfare en España?

R.- Sí, por supuesto, es un argumento que han cogido y es fácil de asumir, porque cuando tienes un enemigo que no existe, las justificaciones argumentales para vender a tu electorado o el sector de la sociedad al que va dirigido se vende con mayor facilidad. Las Cortes Generales hacen las leyes y los jueces las interpretan y las aplican con independencia. Y eso es el Estado de Derecho. No hay más.

«No hay lawfare para perjudicar a una ideología independentista»

P.- ¿Pero en su opinión hay lawfare en España?

R.- Habría que determinar qué se entiende por lawfare. Si es que un juez dicta resoluciones a sabiendas de su injusticia, que puedan estar dirigidas con carácter político, para perjudicar a una ideología independentista, no, no existe. De hecho, España es un Estado de Derecho y tiene mecanismos para perseguir ese tipo de actuaciones, la prevaricación. Si usted tiene dudas de la actuación de un juez, puede presentar una querella el juez y tendrá que resolverse si el juez ha cometido prevaricación o no. En la historia de España ha habido jueces que han sido condenados por prevaricación, con lo cual los instrumentos están ahí.

P.- ¿Cree que llegará a entrar en vigor y a aplicarse esta ley de amnistía, en el caso, por ejemplo, de Carles Puigdemont?

R.- Sí, entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Otra cuestión son sus efectos, que pueden variar en función de cada caso. Cada juez tendrá que analizar pormenorizadamente, con mucho cuidado, la aplicación de la ley de amnistía en su proceso en concreto, y va a interpretarlo y resolver -que no tenga la ciudadanía ninguna duda- bajo el imperio de la ley, con independencia e interpretando no solamente la ley de amnistía, sino el lugar donde se encaja, es decir, el ordenamiento jurídico español y el ordenamiento jurídico europeo.

P.- Pero puede haber una o varias cuestiones prejudiciales. ¿Eso no anularía sus efectos?

R.- Puede haber en varias actuaciones. El juez que tenga que aplicarlo, si tiene duda del encaje de esa ley de amnistía con cualquier normativa europea, va a va a emitir una cuestión prejudicial. Esta cuestión prejudicial, tal y como está en la normativa, supondrá la suspensión de la ejecución de la ley de amnistía. Otra cuestión es que esa decisión le parezca a alguien que es una actuación prevaricadora, cuando lo único que se está haciendo es cumpliendo el imperio de la ley.

P.- ¿Puigdemont llegará a tiempo para aspirar a la presidencia de la Generalitat? Le pregunto teniendo en cuenta que, un par de semanas después de las elecciones catalanas, tal y como está el calendario, el Congreso aprobaría definitivamente esa ley de amnistía…

R.- Es una cuestión que va a tener que decidir el juez al que le toque el caso. Yo haría mal haciendo un pronunciamiento, en este caso, porque sería entrar en materia del juez competente que va a tener que resolver sobre el caso que usted me está hablando.

«Los jueces españoles están extraordinariamente considerados en Europa»

P.- Con respecto a la actitud que ha tenido o que han tenido algunos países de la UE en el caso de Carles Puigdemont, no tramitar la euroorden, en Bélgica o en Alemania, o recientemente, que la Justicia suiza haya discutido la consideración de actos terroristas en el caso de la dirigente de ERC, Marta Rovira ¿Cómo interpreta todos esos ‘peros’ que se están poniendo a las decisiones de la Justicia española?

R.- Lo más importante es que, a nivel europeo, los jueces españoles están extraordinariamente considerados. Ese es el punto de partida. Luego existen determinadas dificultades de interpretación en un país, en Bélgica o Suiza, en relación con la petición que se ha elevado por un órgano español. Pero eso entra dentro de la dinámica absolutamente normal de las relaciones entre Estados y en la aplicación de preceptos penales. No hay ningún problema y hay una relación magnífica de España a nivel de colaboración jurídica, con el resto de países de la UE y otros países que están fuera de la UE.

P.- En todo caso, cuando el juez Llarena emitió sus euroórdenes, desestimadas tanto por Bélgica como por un tribunal alemán, se dijo que era algo intolerable…

R.- Quizá el lenguaje político puede tener esas libertades, por así decirlo. Los jueces no tenemos ese tipo de libertad, para poder criticar con esa facilidad al resto de países hermanos, diría yo, a nivel a nivel jurídico y dentro de la UE. Quizás le faltaría un poco de prudencia a los políticos a la hora de valorar ese tipo de decisiones de orden judicial.

«Los políticos utilizan la Justicia para sus fines»

P.- ¿Está politizada la Justicia?

P.- Creo que los políticos utilizan la justicia para sus fines. Eso provoca, evidentemente, que se lance a la ciudadanía una apariencia de que hay una utilización política de la Justicia, pero no es provocada por los jueces ni por la  juezas de este país. Está provocada por los políticos.

P.- ¿Y dentro del CGPJ, con ese enfrentamiento abierto, entre la mayoría de sus vocales, y el Gobierno, que no se disimula, ¿se está haciendo política?

R.- Históricamente, el CGPJ es un órgano de política judicial. Evidentemente hay cierto componente político y, por el sistema de designación de los vocales, esa atmósfera política se multiplica por dos. Lo que hay que hacer es intentar despolitizar al máximo el órgano de gobierno de los jueces. Puede trasladarse la imagen a la ciudadanía de que existe ese bloque de conservadores y progresistas en la toma de decisiones, por parte de los vocales, fruto también de que llevan ya cinco años con un mandato prorrogado y que, evidentemente, no es lo normal ni lo aconsejable. Eso puede trasladar una imagen distorsionada de lo que es en realidad el Consejo, sí.

Relación Gobierno- CGPJ.« Hay que ir al rincón de pensar»

P.- ¿Debemos considerar una anomalía que el Gobierno legisle vía grupo parlamentario, fórmula que no requiere los informes preceptivos Consejo de Estado o CGPJ, mientras que el CGPJ elabore esos informes exactamente igual, sin que se les pida y, casualmente, siempre muy críticos con esas propuestas legislativas?

R.-Sí, es necesario ir al rincón de pensar, entender que lo que más beneficia a la ciudadanía española es la prudencia, el intento de neutralidad que deben tener no solamente los vocales, sino los jueces en el día a día de su trabajo, e intentar pacificar y normalizar una situación que es anómala absolutamente por la imposibilidad de renovar el órgano cada cinco años y que no pueden dejar de hacer sus funciones. Los vocales del CGPJ tienen que cumplir sus funciones, y una de ellas es elaborar esos informes, aunque no se los estén pidiendo. El uso de la técnica legislativa que ha adoptado este Gobierno en la mayor parte de ocasiones desprendiéndose de informe jurídico, quizás por el hecho de que no está renovado el CGPJ, hace que los textos legislativos pierdan calidad, porque, al final, todos los informes jurídicos enriquecen un texto normativo. Yo no prescindiría de ello, por muy prorrogado que estuviese el órgano de gobierno de los jueces.

P.- Su asociación, la Francisco de Vitoria ¿hará alguna manifestación pública en el momento en que la ley de amnistía se publique en el BOE?

R.- No solamente la asociación, los jueces, cuando entienden que existen determinadas conductas que pueden socavar la democracia, que pueden afectar a la independencia judicial, al Estado de Derecho, están en la obligación de pronunciarse públicamente. Esto no es una opinión mía, sino un dictamen que ha realizado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos en el año 2022, en diciembre, el dictamen número 25, y nosotros, partiendo de esa base, entendemos que desde el punto de vista técnico, jurídico, la ley adolece de todo lo que ya anteriormente he dicho: falta de certeza jurídica, una afección a la igualdad entre españoles que creemos, con honestidad y desde la humildad máxima y respeto a la tramitación y al trabajo de los redactores de esa ley, que no se cumple justificadamente, ni en el preámbulo, ni en el articulado. Cuando entre en vigor empezará el tiempo de los jueces. Como dije anteriormente, el tiempo de los jueces es callar, interpretar la ley y aplicarla, sometidos al imperio de la ley, pero con independencia. Ese trabajo no exige que nos pronunciemos formalmente, como usted está diciendo. Todo llegará en su momento, pero España después de esto seguirá siendo un Estado de Derecho. Es importante que la ciudadanía lo sepa.

«España seguirá siendo un Estado de Derecho después de la amnistía»

P.- Se refiere a después de la ley de amnistía…

R.- Sí, el Estado, de hecho, puede erosionarse, pero España, por suerte, es una democracia plenamente consolidada a nivel europeo. Los jueces van a interpretar y aplicar no sólo esta ley, sino todas las leyes, conforme a lo dicho anteriormente:  imparcialidad, independencia y sometimiento al imperio de la ley. Y eso implica que se dicten resoluciones que gusten y que no gusten, que quepan recursos y que se resuelvan. Esperemos que se cumpla con ese proceso de Estado de Derecho y no existan señalamientos públicos, ni acusaciones cuando acontezcan esos escenarios.

P.- ¿Cuál es el estado de salud de la Justicia española, en su opinión?

R.-La justicia española es un enfermo. Es triste usar esta simbología, pero es la realidad. Estamos intentando solucionar los problemas de la gente, con muy pocos medios materiales y personales. Somos uno de los países con menos jueces por cada 100.000 habitantes. Tenemos 11,2 frente a 17,6 que tiene la UE. Eso implica que los pleitos sean resueltos con mayor lentitud, que la salud laboral del juez se vea muy perjudicada. La mayor parte de las jubilaciones que se están produciendo en los últimos años en la carrera judicial son casi todas jubilaciones voluntarias o anticipadas. Los jueces y las juezas en este país estamos cansados de tener tanta carga de trabajo. En los últimos cinco años ha aumentado más de 15 puntos. El CGPJ, el año pasado, dijo que tenían que crearse 6.500 nuevas plazas de jueces en los próximos diez años, a una media de 310-320 plazas anuales. Y se están creando 100. En los próximos diez años va a haber una macro jubilación de jueces y se va a jubilar el 33% de la carrera judicial, con lo cual estamos en una situación alarmante.

«La situación del CGPJ es dramática»

P.- ¿Qué opina de la imposibilidad de renovar CGPJ?

R.- La situación del CGPJ es dramática. Está muy desprestigiado y tengo que decir que no lo están los vocales actuales, los desprestigiados son los políticos, que han sido incapaces de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Entendemos que, para intentar despolitizar el órgano de gobierno de los jueces es imprescindible que se reforme el sistema de designación de los vocales de origen judicial. Actualmente, existe una designación falsamente parlamentaria que, aunque el Tribunal Constitucional lo amparó en su día, este sistema se ha pervertido de tal modo que se ha convertido en un intercambio de cromos entre partidos políticos. Y eso es lo que no quería el legislador. Hay que cambiar la ley para poder designar y depositar la confianza en los jueces y las juezas de este país, que puedan determinar los 12 vocales de origen judicial, conforme a un sistema electoral que garantice la proporcionalidad y la pluralidad y riqueza de la propia carrera judicial. Estos últimos cinco años, que el CGPJ no ha podido realizar nombramientos en el Tribunal Supremo, los presidentes de Audiencias, de Sala, profesionales y magníficos juristas, se ha tirado a la basura porque no han podido aspirar a esos nombramientos excelentes juristas. El CGPJ no tenía esa facultad.  Ese es un lastre que tenemos como país.

«No creo que haya entendimiento entre PP y PSOE para renovar el CGPJ»

P.- El comisario europeo Reynders dice que primero se renueve e CGPJ y después se reforme el sistema de designación. ¿Cree posible alguna de estas recomendaciones?

R.- Soy profundamente pesimista en que se renueve y se reforme porque el ministro de Justicia de Presidencia, relaciones con las Cortes… me dijo a mí, directamente, que nunca, nunca, un gobierno socialista iba a permitir que la carrera judicial eligiese a los 12 vocales de origen judicial. Siendo esto así, no creo que vaya a llegar a ningún tipo de entendimiento con el PP…

P.- Ante esto, ¿deberían dimitir en bloque a los vocales del CGPJ que quedan?

R.- La solución es muy complicada y la dimisión en bloque es profundamente errónea. Sé que hay compañeros míos, en otras asociaciones, que defienden la dimisión en bloque, pero ¿es que no piensan en las 5000 mujeres y hombres que forman parte de la carrera judicial? El CGPJ no es solo nombramientos de cargos discrecionales. Vela por las garantías profesionales de los jueces y las cosas de este país. Tiene que autorizar inspecciones e imponer sanciones, permisos, cursos, traslados. ¿Por qué vamos a perjudicar a ese grupo profesional? ¿Porque los políticos no se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo la renovación? Es un problema de los políticos, no es un problema de los jueces.

P.- Y en una futura renovación, ¿qué papel va a adoptar su asociación? Porque en los 40 años de democracia no ha participado en los procesos de elección de vocales…

R.-Actualmente tenemos avalados a seis candidatos que forman parte de la lista que está pendiente de que se termine para llevar a cabo la renovación y, en caso de que se renueve conforme a esa lista, los candidatos ya están. Si se designa conforme al sistema actual será el «Parlamento» y lo digo entre comillas, porque todos sabemos que la decisión va a partir de la sede de Génova y la sede de Ferraz, pero creo que a futuro hay que hacerlo conforme al sistema que tenemos estatutariamente establecido.

P.- ¿Cómo hay que interpretar el hecho de que se retirase por decreto la competencia de los nombramientos realizados por el CGPJ?

R.- Era una medida de presión para el PP, para que intentase llegar a un entendimiento y renovar el órgano de gobierno de los jueces. Pero la patada se la ha dado a los jueces y a España, porque hemos perdido cinco años, para que personas con capacidad, juristas excepcionales que podían estar haciendo jurisprudencia en las distintas salas del Tribunal Supremo, no estén allí.

«La carrera judicial está hastiada de vilipendios, denigración insultos y situación precaria»

P.- ¿Detecta usted un malestar generalizado en la carrera judicial ante las decisiones tomadas por este Gobierno en materia de Justicia?

R.- Yo no puedo hablar por los más de cinco mil jueces y juezas de este país. Sé que la carrera judicial está hastiada, cansada, por un lado, por los vilipendios, denigración e insultos que reciben por parte no solo del Gobierno, sino de los políticos de este país que denigran al Poder Judicial. Y, por otro lado, porque llevamos muchísimos años trabajando en situación precaria, con medios materiales y personales insuficientes y que el perjuicio no solo se causa a los jueces y las juezas en este país con su salud laboral, sino que se está causando a toda la ciudadanía. Está en riesgo la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Pedimos es que se impliquen de verdad, que haya un pacto de Estado por la Justicia y que la Justicia asuma el valor que tiene una democracia.

P.- Con respecto a la política de nombramientos del Ejecutivo, se están viendo contestados, cuando no revocados, por el poder judicial. ¿Cree que se está ejerciendo mal esa capacidad de nombrar del Gobierno?

R.- El problema está en la polarización tan terrible que hay en la política, que ya se está trasladando a la ciudadanía y al resto de profesiones. Esta polarización supone que los partidos que tengan que designar a altos cargos en órganos de Estado que requieren un consenso, eligen a los suyos en lugar de a los ideales. Eso supone un desprestigio, que se traslada a la ciudadanía, porque esas personas designadas carecen de una apariencia de imparcialidad y de independencia. Por eso exhorto a aquellos que tengan la capacidad de designar al Consejo de Estado, o a los magistrados del Tribunal Constitucional, que piensen no solo en su partido, sino piensen en el bien de la ciudadanía y la necesidad de trasladar la certeza, la seriedad, la independencia, la imparcialidad del órgano constitucional en el cual se producen esas designaciones.

P.- ¿Cómo diría que es la relación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, con las asociaciones o con el colectivo judicial?

R.- No puedo decir ni una sola mala palabra en el trato personal que he tenido yo con el señor Félix Bolaños. Es una persona a la que le ha tocado vivir un momento muy complicado, como político. Creo que le hubiera gustado no depender de sus otros compañeros de viaje que ha tenido que asumir, pero todas sus manifestaciones públicas han sido siempre en defensa de la actuación, la independencia y la imparcialidad de los jueces. No puedo decir lo mismo del resto de compañeros de viaje, pero esperamos y confiamos que pueda seguir avanzando en la mejora de la justicia, de las condiciones profesionales de las juezas y jueces de este país, que seguimos reclamando a pesar de todo.

«No puedo culpar a Félix Bolaños de las decisiones del Gobierno»

P.- ¿Entiendo que las formas, bien o muy bien, y en el fondo, regular…?

R.- Tengo que decir que, ciertamente, sí defendió a la carrera judicial. Pero el resto de cuestiones, la ley de amnistía u otras, cualquier tipo de legislación que pueda afectar, al menos apriorísticamente, al Estado de Derecho, es una decisión que no solamente toma el ministro, toma el Gobierno. No puedo hacer culpable al señor Bolaños de las decisiones del Gobierno en sí… Esperemos que todo se tranquilice y normalice y que los jueces podamos dedicarnos a dictar sentencias, a resolver los problemas de la gente, que es lo importante, y a mejorar como país.