El Gobierno ordena a la Guardia Civil eliminar las referencias a Otegi en una investigación de ETA
Los agentes han hallado nuevas pruebas que vinculan al líder de Bildu con el asesinato de Luis María Hergueta
Fernando Grande-Marlaska y Arnaldo Otegi. | Alejandra Svriz
El Gobierno ha ordenado al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), Valentín Díaz Blanco, que elimine las referencias a Arnaldo Otegi en un informe en el que se vinculaba al líder de EH Bildu con un atentado de ETA y que estaba siendo investigado, bajo secreto de sumario, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en el año 2020 se abrió una causa secreta tras descubrir nuevas pistas sobre la participación de Otegi en el atentado del jefe de las oficinas técnicas de la factoría Michelin de Vitoria, Luis María Hergueta Guinea.
Fue el 25 de junio de 1980, poco antes de las dos de la tarde, cuando tres jóvenes no identificados esperaban al directivo que regresaba a comer en su domicilio, en el número 40 de la calle Eduardo Dato. Antes de llegar al portal, uno de los terroristas le disparó por la espalda, en la nuca, matándole al instante. La banda armada reivindicó el asesinato y lo justificó aludiendo a conflictos laborales en las factorías de Michelin de Vitoria y Lasarte. Por este asesinato sólo se condenó a dos trabajadores de la fábrica –Modesto García Marañón y su esposa, Miren Edurne García Artal– por colaboración. Además, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, fue procesado como posible autor del delito, pero el juez Pedraz lo anuló al comprobar que en esa fecha el dirigente etarra no formaba parte de ETA político-militar.
Nuevo informe sobre Otegi y ETA
Sin embargo, según fuentes de gran solvencia, los agentes del Servicio de Información han hallado nuevas pruebas que vinculan a Otegi con el asesinato del directivo de Michelin, Luis María Hergueta, y por el que nunca ha sido condenado. Estas pesquisas están relacionadas con el secuestro del director de Michelin, Luis Abaitua Palacios, por el que Otegi fue condenado a seis años de cárcel.
La sentencia de la Audiencia Nacional recoge que a las 13.45 horas del 19 de febrero de 1979 en Vitoria, Arnaldo Otegi Mondragón, alias el Gordo, y otro terrorista llamado Luis María Alkorta Maguregi, alias el Bigotes, «dando cumplimiento a las consignas y órdenes recibidas de la cúpula de ETA político-militar», cogieron a Luis Abaitua, le obligaron a introducirse en un coche robado, le taparon los ojos con «algodones y gafas oscuras» y le condujeron por diversas calles de la ciudad, «efectuando paradas y cambios de automóvil», hasta llevarlo «a un monte en las proximidades de Elgóibar», en Guipúzcoa.
Otegi y los otros terroristas «tenían preparado un agujero o zulo, excavado en la tierra, y que consistía en un habitáculo de 2,50 metros de largo por 1,50 de ancho y 1,80 de altura, con entrada disimulada por arbustos y ramajes». Allí permaneció cautivo durante nueve días, hasta el 28 de febrero. Por ese secuestro no exigieron dinero, sino que solicitaron que la empresa negociase un nuevo convenio con los trabajadores. La Audiencia Nacional condenó a Otegi y al Bigotes a seis años de cárcel y a indemnizar a Luis Abaitua «por daños físicos y morales», con «100.000 pesetas» (unos 1.333,65 euros al cambio actual). Sin embargo, Otegi nunca llegó a pagar porque se declaró insolvente.
«Eliminar las referencias a El Gordo»
Los investigadores llevaban trabajando desde 2020 en unas diligencias secretas en coordinación con el fiscal de la Audiencia Marcelo Azcárraga, que se ha encargado de los crímenes de ETA sin resolver hasta enero que se ha cambiado a la Fiscalía Antidroga. A mediados de 2023, concretamente en junio, los agentes debían entregar un informe definitivo con el nuevo hallazgo que vincula a Otegi con el asesinato de Luis María Hergueta. Explican a THE OBJECTIVE que el fiscal Marcelo Azcárraga esperaba dicho dossier para presentar una querella y poder judicializar la causa.
Pero, un mes antes de las elecciones generales, el Gobierno ordenó al general Valentín Díaz eliminar las referencias a Otegi en la investigación. Hay que destacar que el fiscal general del Estado, Álvaro García, era conocedor de esta investigación secreta porque, cada vez que se solicitaba la prórroga de las diligencias, el fiscal tenía la obligación de informarle.
Pasaron las elecciones del 23-J, Sánchez conformó Gobierno el 16 de noviembre con el apoyo de los separatistas catalanes y vascos –entre ellos Bildu– y el informe seguía retenido. En diciembre, el fiscal se vio obligado a solicitar una prórroga de la investigación porque no había podido aún presentar su querella puesto que estaba a la espera del dossier policial.
El fiscal general exigió que para que se pudieran prorrogar las diligencias «no bastaba con estar a la espera de un informe de la Guardia Civil«, según explican fuentes consultadas por este periódico. Fue en ese momento cuando el fiscal encargado del caso se enteró de que los agentes habían recibido la orden por parte de su superior, el general Valentín Díaz, de hacer un documento policial nuevo «eliminando las referencias a El Gordo (Otegi)». Y, según ha podido saber este periódico, los agentes finalmente entregaron un nuevo informe policial sin aludir en ninguna ocasión al socio de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi, pero adjuntando los anexos reveladores que le vinculan con el asesinato del directivo de Michelin.
