Un grupo de estudiantes denuncia al rector de la Universidad de Cantabria por acoso
Los universitarios denuncian ante el Defensor del Pueblo haber sufrido ‘bullying’ por su ideología de derechas
El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos. | Europa Press
Unos estudiantes de la Universidad de Cantabria (UC) han presentado este miércoles una denuncia ante el Defensor del Pueblo, como paso previo a la presentación de una querella, en la que dicen haber sido «objeto de una serie de acciones que, a todas luces, configuran un patrón de acoso por parte del actual Rectorado de la Universidad de Cantabria y de ciertos sectores» de la misma. Los denunciantes incluyen a Mirian Martínez Alameda, presidenta del Consejo de Estudiantes (CEUC), y Alejandro Hernández, secretario general de las Juventudes del PSOE de Santander. Entre otros presuntos acosadores.
Los hechos que se exponen en la denuncia se remontan al 17 de septiembre de 2021, cuando el rector, Ángel Pazos, echó de una reunión a los denunciantes «a golpes y gritos diciendo que la universidad era de él». Más adelante, siempre según la denuncia, «trató de paralizar y revocar el nombramiento» de uno de ellos como vocal del Consejo Social amparándose en «un informe jurídico que posteriormente fue solicitado a Secretaría General mediante instancia presentada ante el Registro General y que nunca se facilitó alegando la inexistencia del mismo». Los estudiantes, de ideología de centroderecha, se consideran víctimas de una cacería ideológica perpetrada en una universidad «controlada» por los socialistas.
Los denunciantes han aguantado durante estos años cómo otros universitarios, vinculados a grupos de izquierda y extrema izquierda, firmaban escritos que vertían calumnias y mentiras sobre ellos, «imputándonos distintos delitos que se demostraron falsos», soportando una «cacería mediática» y sufriendo «intimidación y amenazas» en redes sociales. Cuando todo fue puesto en conocimiento del rector, Ángel Pazos, y de la vicerrectora, Marta García, recoge la denuncia, la respuesta fue que la universidad no se mete en esos temas, instando a los alumnos a acudir a la justicia ordinaria por su cuenta.
Amenazas físicas
El Defensor Universitario, Rubén Aldaco, les instó a «dejarlo pasar». Pero la cosa fue a peor, hasta que el pasado 30 de enero uno de los guardias de seguridad negó la entrada a uno de los denunciantes a uno de los edificios, y lo hizo con «actitud desafiante, llegando incluso a encararse violentamente» con uno de ellos, «lo que interpretamos como una amenaza potencial, generando así un ambiente de riesgo y tensión que me llevó a intervenir y obligar al mencionado vigilante a retroceder».
«Esta situación la interpreté como un ataque homofóbico debido a mi condición de hombre gay, así como un ataque ideológico contra nuestras posiciones políticas de derechas», narra uno de los denunciantes, que tuvo que retirar su candidatura al CEUC el pasado 16 de enero por presiones y amenazas, y que señala a la vicerrectora de Estudiantes, Marta García, como la responsable de dar esas órdenes al guardia. «La situación que el personal funcionarial de la Universidad de Cantabria nos obligó a vivir se encuadra en una clara situación de malversación de medios públicos, tales como usar vigilantes de seguridad para amedrentar y amenazar alumnos», abunda el escrito remitido al Defensor del Pueblo.
Denuncias falsas
Sus posiciones políticas les han puesto siempre en el disparadero. De hecho, denuncian haber sido «objeto de denuncias falsas para activar protocolos de acoso que han tenido que ser archivadas sistemáticamente por falta de objeto y por carecer de fundamento, puesto que solo se trataba de acciones instrumentales que solo buscaban menoscabar nuestra reputación y nuestra moral».
Para más inri, estas denuncias fueron aireadas en un medio de comunicación por Mirian Martínez Alameda, actual presidenta del Consejo de Estudiantes, lo que supone, a juicio de los denunciantes, «el incumplimiento flagrante» del artículo 10 del protocolo contra el acoso de la Universidad de Cantabria, por el cual se exige «confidencialidad a todas las partes, durante, y una vez finalizado el proceso». Este hecho fue informado a la UC, pero la secretaria general, Silvia Tamayo, instó a los afectados a que, según ellos, «si nos veíamos agraviados, nos buscáramos la vida».
Cyberbullying
La entrevista concedida por la joven a un digital regional tenía como objeto una polémica en redes sociales, a partir de la cual el acoso contra estos estudiantes se disparó. Este se habría producido «desde cuentas anónimas, claramente vinculadas a Mirian Martínez Alameda, Alejandro Hernández Rodríguez, Francisco García Cobo, Julia Gómez Castilla y otros miembros» del actual Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria (CEUC). Estas cuentas «profirieron amenazas de muerte e insultos por mi condición física y sexual», tales como «maricón fachoso de mierda», «chupapollas» o «nazis». «Os deberían dar una paliza» o «Arderéis como en el 36» son algunas de las lindezas que recibieron estos estudiantes.
Los denunciantes, exmiembros del CEUC, consideran que se ha vulnerado su derecho a ejercer la libre participación en la toma de decisiones en lo que afecta a la gobernanza universitaria, así como un menoscabo a su reputación e imagen pública. Por todo ello han remitido una denuncia al Defensor del Pueblo y han pedido la expulsión de Mirian Martínez Alameda y demás miembros denunciados de la universidad. Están dispuestos a acudir a la Justicia, tal y como les instaron los supuestos acosadores, con la presentación de una querella por injurias y calumnias.
