Aíslan en prisión a la asesina del niño Gabriel por su supuesta participación en un documental
La cárcel de Brieva ha cambiado a la presa de módulo para proteger su integridad física tras el revuelo en el centro
Ana Julia Quezada, durante el juicio por asesinato de Gabriel. | EP
La dirección del centro penitenciario de Brieva (Ávila) ha decidido trasladar a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, al módulo de aislamiento de la prisión para salvaguardar su integridad física tras desvelarse su presunta participación en un documental sobre el suceso, según señalan a THE OBJECTIVE fuentes de la citada cárcel. Fue la madre del menor, Patricia Ramírez, quien anunció el pasado sábado que emprendería acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un true crime relacionado con el caso de su hijo y que habría contado con la participación directa de su asesina desde el penal femenino de Brieva.
La supuesta colaboración de Ana Julia Quezada en el documental ha llevado a la prisión a aislar a la interna por la alarma que puede suscitar la noticia entre las presas, indican las mismas fuentes. En cualquier caso, no se trata de un castigo, sino de una medida de prevención temporal hasta que la situación se calme. Para ello, la dirección ha activado el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario «que prevé la posibilidad de que el director, en determinadas circunstancias y con objetivos concretos, a solicitud del interno o por propia iniciativa, acuerde medidas que impliquen limitaciones regimentales para los reclusos».
De este modo, la presa ha sido trasladada al módulo más restrictivo de la prisión, en el que no puede relacionarse con ninguna otra reclusa ni salir prácticamente de su celda. Come en su habitáculo y no puede salir al patio con el resto de compañeras. De darse el caso, solo podría hacerlo sola y previa autorización del centro, detallan las fuentes. Cabe destacar, no obstante, que por el tipo de delito cometido, Quezada estaba ya incluida en el régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), es decir, tenía una vigilancia especial en el centro. No obstante, indican fuentes penitenciarias, la interna tiene buen comportamiento y no ha protagonizado ningún altercado desde que entró en la prisión.
La denuncia de la madre del niño Gabriel
En una rueda de prensa, Patricia Ramírez aseguró haber puesto el asunto en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras tener pruebas «por una fuente directa» de que funcionarios de la prisión de Brieva habrían facilitado el acceso a un teléfono móvil a la asesina de su hijo dentro de la cárcel. De este modo, explicó, «al igual que hicieron con el documental del crimen de la guardia urbana», Ana Julia habría podido comunicarse mediante audios y vídeos con trabajadores de la productora. Empresa sobre la que no quiso dar el nombre, pero contra la que, advirtió, se querellará por sacar adelante el programa televisivo frente a la negativa de la familia.
La madre de Gabriel Cruz también aprovechó su comparecencia para cargar contra el Ministerio del Interior. En concreto, contra su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a quienes informó de lo que estaba sucediendo en varias ocasiones, incluida una reunión personal el pasado 27 de diciembre. Desde ambos departamentos le aseguraron que no se había dado ningún permiso a la reclusa para grabar en prisión. Sin embargo, ella ha constatado que sí se habían producido y que, por tanto, «se están cometiendo irregularidades en las prisiones».
Llamadas autorizadas
Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en cambio, señalan que tras recibir a Patricia Ramírez y escuchar sus peticiones, actuaron en el marco de sus competencias con una investigación de cualquier posible irregularidad que pudiese haberse cometido en el ámbito penitenciario. Un procedimiento que, según las fuentes consultadas, todavía permanece abierto. Por otro lado, Interior destacó que colaboraría con la Justicia para atender cualquier requerimiento que pudiese derivarse de las acciones legales emprendidas por Patricia Ramírez.
Frente a las acusaciones vertidas contra los funcionarios de Brieva, distintas fuentes de la prisión aclaran que en ningún momento se le ha facilitado un móvil a la condenada porque, «al igual que el resto de presas tiene llamadas y videollamadas autorizadas con teléfonos autorizados». Por lo que, de ser así, Ana Julia Quezada se habría puesto en contacto con la productora del true crime mediante el uso de estos medios avalados por la prisión. Así mismo, revelan estas fuentes, es el que «está al otro lado del teléfono quien también habría podido poner en contacto a la condenada con los promotores del documental: si tiene una llamada autorizada con su pareja y esta última está con alguien…».
La instrucción para la prensa
De hecho, este es el modus operandi bajo el que el equipo de El Rey del Cachopo (Netflix) obtuvo hasta 40 horas de entrevistas con César Román, condenado en junio de 2021 por matar y descuartizar a Heidi Paz. A partir de videollamadas de máximo ocho minutos al día, según publica El Mundo, los guionistas se iban rotando para hacerle preguntas tratando de no establecer ningún vínculo emocional con él ni dejarse llevar por su afán embaucador. En cualquier caso, aunque esta vía se ha utilizado para distintos formatos televisivos, ahora, tras la polémica suscitada, la dirección del centro penitenciario de Brieva está barajando la opción de suprimir las llamadas autorizadas a Ana Julia Quezada, según ha podido saber este periódico.
Distinto es el cauce que la prensa tiene que seguir si quiere realizar una entrevista con un preso o presa. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reguló este asunto en una instrucción de junio de 2020, tras una sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba el derecho de la población reclusa a ejercer su derecho a la libertad de expresión y las recomendaciones al respecto formuladas por el Defensor del Pueblo. En la misma, Prisiones establece unas pautas con las condiciones en que pueden llevarse a cabo las colaboraciones de los internos con los medios de comunicación.
Así, según reza la norma, la institución penitenciaria solo puede denegar el derecho de los internos a entrevistarse si existen «concretos e importantes motivos relacionados con la seguridad, interés del tratamiento y buen orden del establecimiento». Y, de forma especial, puede restringir aquellas que puedan suponer una «victimización secundaria o retirada del interno». El procedimiento se inicia, en primer lugar, con el preso, que debe completar una instancia con la petición. Después, el centro penitenciario realiza un informe al respecto y lo remite a la Secretaria General de Prisiones. Tras elaborar una propuesta de resolución, los servicios centrales lo remiten de nuevo a la prisión que es la que, en último termino, debe tomar la decisión.
