Cien entidades constitucionalistas se unen para coordinar acciones contra el Gobierno
La Plataforma por la España Constitucional nace para convocar manifestaciones e iniciar acciones legales contra Sánchez
Manifestación contra la amnistía en Cibeles. | Europa Press
Un centenar de asociaciones constitucionalistas, que han participado en las concentraciones que han tenido lugar en Cibeles contra la ley de amnistía, se han constituido en la Plataforma por la España Constitucional con el objetivo de coordinar acciones conjuntas que van desde manifestaciones hasta acciones legales como personarse en causas judiciales. Su primera acción ha sido enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para «ser recibidos y compartir la preocupación por la deriva que está sufriendo nuestra democracia».
Así lo han anunciado en la presentación de la plataforma, que ha tenido lugar este miércoles en el World Law Foundation, en la madrileña calle Jorge Juan, en la que han participado, entre otros, Marcos de Quinto (Pie en Pared) o Alejo Vidal-Quadras (Fundación Foro Libertad y Alternativa). Este último ha pedido una mayor movilización ciudadana: «El punto de degradación al que hemos llegado ha sido consecuencia de una insuficiente movilización de la sociedad civil».
Por esto mismo, De Quinto ha reivindicado que «la calle es importante», y ha adelantado que aspiran a convocar desde «concentraciones en capitales de provincia hasta macromanifestaciones» con el objetivo de «seguir presionando para que no se salgan con la suya quienes quieren debilitar la democracia».
Texto fundacional
Para estas cien asociaciones el PSOE que lidera Pedro Sánchez «ha iniciado un subrepticio proceso deconstituyente, uniendo sus fuerzas con los grupos hostiles a la democracia liberal y con quienes abiertamente defienden la desmembración de nuestro país, incluidos los herederos del terrorismo de ETA».
En su primer comunicado denuncian que España «enfrenta una situación crítica»: «La colonización de las instituciones y los organismos públicos, la polarización de la sociedad, la exaltación mesiánica del jefe, la reducción de los adversarios a una amalgama homogénea y coordinada de intereses contrarios al pueblo, la perversión del Derecho, la utilización de los medios del Estado para pagar dádivas políticas o perseguir al discrepante, la corrupción, la desigualdad en la aplicación de la ley, el ataque al poder judicial y la deslegitimación del orden constitucional, el señalamiento, y el hostigamiento a los medios críticos» es algo «propio de procesos de deconstrucción democrática».
Las entidades arguyen que «no podemos caer en la soberbia de pensar que lo que ha sucedido en nuestros países hermanos de ultramar no puede pasar aquí. Por ese motivo, las numerosas organizaciones firmantes de este manifiesto, representantes de un vibrante movimiento cívico defensor de una España de ciudadanos libres e iguales en derechos, no atado por intereses partidistas ni limitado por diferencias ideológicas de segundo orden, sino comprometido con la defensa de una democracia plena, hemos constituido la Plataforma por la España Constitucional».
Además, esgrimen al final de su escrito que «nuestra determinación en la defensa de los fines que nos unen es absoluta, y vamos a utilizar todos los medios legítimos a nuestro alcance y desde todos los ámbitos, con una perseverancia y una contundencia mayores de las que pueden imaginar, para evitar que esta coalición de fuerzas contrarias al interés común de los españoles nos arrastre por la pendiente del declive al que conduce el aciago proyecto que comparten».
Primer gran acto
Los principios compartidos por las asociaciones, que a su vez son los compartido por «una mayoría de ciudadanos de todas las sensibilidades y lugares de España», son la unidad de España, la defensa de la Constitución de 1978, la igualdad ante la ley, la separación efectiva de poderes, la neutralidad de las instituciones del Estado, el respeto a la propiedad privada y a la seguridad personal, la libertad de expresión y de prensa, transparencia real del dinero público, fin del abuso al recurso de excepcionalidad en materia legislativa y el control efectivo de nuestras fronteras.
Los líderes de la plataforma adelantan a THE OBJECTIVE que su objetivo es convocar una macromanifestación después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, y que en esta puedan participar tanto Partido Popular como Vox, enfrentados últimamente en su estrategia contra Pedro Sánchez.
