El Gobierno silencia el destino de los aires acondicionados de los cultivos de marihuana
Transparencia urge un listado que el organismo que gestiona los activos incautados dice que no puede elaborar
El uso de estos aparatos de aire acondicionado determina múltiples cosechas anuales y sin ellos la producción se reduce considerablemente. | Europa Press
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha ignorado la petición de un ciudadano que pretendía conocer el destino final de cientos de equipos de aire acondicionado incautados en plantaciones de marihuana y narcopisos. Estos aparatos se utilizan para enfriar los cultivos, suelen ser de muy buena calidad y habitualmente tienen poco uso.
Tras una operación policial, los agentes se hacen cargo de ventiladores, extractores, humidificadores y lámparas, dispositivos necesarios para aportar las mejores condiciones a las plantaciones. El uso de estos aparatos determina múltiples cosechas anuales y sin ellos la producción se reduce considerablemente. Sin embargo, también tienen una parte negativa para los cultivadores de marihuana. El ruido que provocan decenas de aires acondicionados de gran potencia, los enganches ilegales y enormes facturas eléctricas delatan estas actividades delictivas.
Desde 2019, los equipos de aire acondicionado aprehendidos en redadas contra traficantes de droga son cedidos a colegios, cuarteles y ayuntamientos. Los centros educativos andaluces son grandes beneficiarios. Pese a que estas cesiones pueden ser una excelente solución para cubrir necesidades evitando gastos, la burocracia y la falta de coordinación impiden que sea una práctica más habitual. Productos de todo tipo también son cedidos o subastados.
Incautación de aires acondicionados
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en una resolución a la que ha accedido THE OBJECTIVE, ha estimado la reclamación presentada por el ciudadano. Además ha instado al ministerio que capitanea Félix Bolaños a facilitar la información requerida.
La reclamación ciudadana de información se presentó ante el Ministerio de Justicia. Se trataba de conocer los centros públicos a los que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) había cedido temporalmente equipos de aire acondicionado procedentes de las desarticulaciones de plantaciones de marihuana. La ORGA denegó la solicitud amparándose en el artículo 18.1.e) LTAIBG. Básicamente basaba su rechazo en que la petición tenía carácter abusivo. Entendía que era necesaria la realización de una tarea previa de reelaboración.
Sin embargo, el Consejo, un organismo independiente que vela por la transparencia, no consideró que la reclamación fuese abusiva. «No se aprecia ni una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal», aseguraba.
Cultivos de marihuana ilegales
El organismo de gestión de activos dependiente de Justicia había alegado previamente que aportar los citados datos les hubiera ocasionado la paralización de los trabajos que tiene encomendados. «Esto no puede no justificar la aplicación de una causa de inadmisión con las gravosas consecuencias que ello comporta para el ejercicio del derecho de acceso» público, replicaba Transparencia.
Por su parte, el recurrente indicaba que le resultaba muy difícil creer que la ORGA no dispusiese un inventario con las cesiones de aires acondicionados. El reclamante iba más allá e instaba a que le facilitasen la información y expedientes en bruto para extraer el listado. Puntualiza que Justicia no niega que exista la información, «sino que no dispone de herramientas informáticas».
Qué es la ORGA
La creación de esta oficina se incluyó en la reforma del Código Penal de 2010 bajo la denominación de Oficina de Recuperación de Activos. Esta previsión no se desarrolló hasta la reforma del Código Penal de 2015, cambiando la denominación a Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y promulgando el Real Decreto 948/2015 que creaba y desarrollaba esta Oficina.
Nació como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y los grandes delitos económicos, entre los que se encuentra la corrupción. Una de sus finalidades era localizar y gestionar los bienes procedentes del delito y la reversión de las ganancias obtenidas de forma ilícita en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra el crimen.
Hasta entonces, cada órgano judicial localizaba y administraba los bienes y efectos derivados del delito. Desde la creación de la ORGA, los jueces o tribunales y en su caso, los fiscales pueden encomendar la tarea a esta Oficina especializada, mejorando así la eficiencia de su gestión y descargando de trabajo a los órganos judiciales. El Ministerio de Justicia ha señalado en más de una ocasión que la carga de trabajo y la complejidad de los asuntos asumidos por la ORGA se han incrementado en los últimos años. Su plantilla ha ido aumentando con la incorporación de más personal de policía judicial adscrita y personal de la Administración de Justicia.
