Elecciones 9-J: la mitad de las leyes españolas del último lustro derivan de normas europeas
Destacan las medidas para transponer las directivas europeas sobre residuos e impacto de plásticos o conciliación familiar
Parlamento Europeo
Más de la mitad de las leyes aprobadas en España en los últimos cinco años derivan de reglamentos o directivas europeas, lo que muestra la relevancia que tienen las elecciones europeas del próximo domingo para la legislación nacional. Según informó este pasado martes la Oficina del Parlamento Europeo en España, el 53,6% de la legislación española durante el lustro que duró la última legislatura de la Eurocámara (2019-2024) tuvo que ver con normas provenientes de Bruselas.
De las 246 leyes aprobadas en España en esos cinco años, 51 estuvieron destinadas a implementar reglamentos o transponer directivas europeas en el ordenamiento jurídico español, y otras 81 contenían «referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias», ha indicado la oficina. Esas 132 normativas suponen el 53,6 % de la legislación aprobada esos años por las Cortes Generales españolas, según el análisis desarrollado por esa delegación del Parlamento Europeo en Madrid.
Entre ellas destacan las medidas para transponer las directivas europeas sobre residuos e impacto de plásticos, sobre conciliación familiar, sobre cooperación fiscal en la Unión Europea (UE) o la relativa a la aplicación de la nueva Política Agrícola Común (PAC). También hay normas para adaptarse a la nueva realidad del mercado audiovisual europeo, para implementar la creación de un espacio ferroviario único para la UE o para regular la nueva agencia comunitaria para la cooperación judicial penal (Eurojust).
Excepto en 2019, cuando apenas el 42% de la legislación aprobada en España tuvo que ver con las normas europeas, el porcentaje de medidas con origen en Bruselas ha llegado al menos al 50% en todos los demás años que duró la última legislatura comunitaria. Esa proporción fue del 50% en 2020, del 51% en 2021, del 57% en 2022, del 72% en 2023 y del 50% en 2024, de acuerdo con el análisis.
El porcentaje de 2023 es «inusualmente» alto porque la convocatoria anticipada de elecciones generales en julio produjo un «descenso de la actividad legislativa en España», con lo que 18 de las 25 iniciativas legislativas aprobadas ese año tuvieron origen europeo.
En lo que va de 2024 apenas se han aprobado dos iniciativas legislativas, pero una de ellas, el Real Decreto-ley 2/2024, refrendado en mayo por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación, pretende transponer la directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, España tiene pendiente todavía adaptar a su marco legal 55 directivas europeas, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026. Dos de ellas, relacionadas con los gases de efecto invernadero, debían haberse transpuesto antes del 31 de diciembre de 2023, y otras tres tenían de plazo marzo, abril y mayo de 2024, ha precisado la Oficina del Parlamento Europeo en su comunicado.
