La madre de Gabriel desvela que la productora se ha comprometido a no realizar el 'true crime'

Patricia Ramírez ha desvelado que la productora que estaba realizando un documental sobre el caso de su hijo, Gabriel Cruz, con la participación de su asesina, Ana Julia Quezada, desde la prisión de Brieva (Ávila) se ha comprometido a paralizarlo tras la polémica que ha suscitado la forma en que se venía realizando. Lo ha revelado este martes durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Interior del Senado, en la que ha pedido a un Pacto de Estado que blinde a las víctimas frente a este tipo producciones para evitar su revictimización. «Piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida», ha reflexionado la madre del pequeño Gabriel.

La madre del niño fallecido ha explicado que una portavoz de la compañía audiovisual le comunicó por teléfono el lunes su intención de frenar el ‘true crime’ sobre el suceso. Para asegurarse de ello, Ramirez ha solicitado un escrito a la productora que confirme ese extremo para ponerlo en conocimiento de sus abogados. Al parecer, la empresa llevaba tres años solicitando permisos a Instituciones Penitenciarias para realizar el documental sobre el caso de su hijo con la colaboración de su asesina desde la cárcel, según le contó la propia productora, Desde Interior, sin embargo, no comunicaron a la madre que se habían producido estas solicitudes, todas ellas denegadas.

Fue hace un año cuando funcionarios de la prisión de Brieva advirtieron a la madre de Gabriel, según ha contado en su comparecencia, que la productora había buscado otras vías para poder hablar con la presa tales como llamadas y videollamadas que tenía autorizadas con amigos y familiares; y que, además, le habían habían facilitado un móvil para poder entrevistarse con los periodistas del ‘true crime’. Una serie de irregularidades que Ramirez denunciará el próximo miércoles ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y por las que, tras ser ignorada por el Ministerio del Interior, denunció públicamente lo que estaba ocurriendo el pasado mes de mayo.

«Dejarle que cobre para nos vuelva a lesionar»

En su intervención, Ramírez también ha pedido una reforma del estatuto de víctimas que garantice sus derechos frente a los de sus agresores y ha solicitado que, dentro de la prisión, un preso condenado por delitos violentos no pueda realizar ningún documental o serie televisiva, como ha ocurrido con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por haber asesinado a Gabriel Cruz en febrero de 2018. «Creo en la reinserción, pero no para todo tipo de presos. Este tipo de cosas no se pueden permitir. Con esta producción, los condenados cometen delitos contra nuestro honor y integridad. Nosotros no hemos matado a nadie y sus derechos no pueden prevalecer sobre los nuestros», ha señalado.

La madre de Gabriel Cruz también ha aprovechado su comparecencia para cargar de nuevo contra el Ministerio del Interior. En concreto, contra su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a quienes informó de lo que estaba sucediendo en varias ocasiones. Sin embargo, ha dicho, tiempo después le negaron cualquier tipo de información sobre lo que estaba sucediendo en la prisión de Brieva. «Yo insistía en qué iban a hacer, si iban a secuestrar la producción, si había permisos… En una última llamada, la secretaría de Ángel Luis me dijo que no había respuestas».

«Quiero contar mi versión»

Pero, al parecer, sí las había. Dos días después de que Patricia Ramírez denunciase en una rueda de prensa lo que sucedía, el 14 de mayo, la dirección de la prisión de Brieva (Ávila) remitió un escrito a la Audiencia Provincial de Almería en el que informaba de que había tenido conocimiento, a través de diversa información, de que la presa «estaba interesada en participar en una serie televisiva recreando el asesinato de Gabriel Cruz» porque, según refería, «tiene la necesidad de contar su versión de los hechos» y «espera recibir unos ingresos que dedicaría al pago de la responsabilidad civil por el asesinato del niño de ocho años y del mantenimiento de su familia» en el extranjero. 

En el auto, la responsable de la prisión femenina señalaba que la interna había comunicado que la plataforma interesada en realizar el documental era Netflix y había indicado el nombre de los periodistas encargados del mismo. Además, informaba de que tenía prevista en unos días una reunión con su abogado para revisar y firmar el contrato con la productora así como la cantidad económica a percibir por su participación. De este modo, pedía autorización para poder ser entrevistada.

La prisión, no obstante, insistía en que no «tenía posibilidad de contrastar ninguno de estos aspectos más allá de la solicitud realizada para hablar con los periodistas», pero en cualquier caso, el centro le comunicaba que «esa petición excedía de la naturaleza y fundamento para las comunicaciones con amigos y familia» y le instaba a utilizar «el procedimiento específico que regula las autorizaciones para que la prensa pueda realizar entrevistas en prisión». No obstante, el centro «no podía asegurar que la relación entre estos profesionales se llevase a cabo por otros medios como las comunicaciones escritas», indicaba en el escrito.

Querella contra prisiones

De este modo, ha denunciado Ramirez, Prisiones admitió tener constancia de que se estaban utilizando de manera irregular sus comunicaciones personales y sin ningún permiso, y jamás se nos advirtió de ello». «Esto demuestra una incapacidad total de prisiones para controlar que nuestros agresores nos puedan lesionar por medio de estas videoconferencias y que se realicen, del mismo modo, documentales o ‘true crime’». Por este motivo, ha adelantado Ramírez, se querellará contra el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz, la productora del documental y la propia condenada por el asesinato por haber «intentado grabar un documental de forma espuria mediante medios no adecuados».