Sánchez premió con un cargo a la responsable de certificar el pacto de la URJC con Barrabés
Trinidad Núñez, ex secretaria general de la Universidad, fue designada subdelegada del Gobierno en diciembre
Pilar Trinidad, exsecretaria general de la Rey Juan Carlos y actual subdelegada del Gobierno. | Europa Press
Pilar Trinidad Núñez, ex secretaria general de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el momento en el que el empresario Juan Carlos Barrabés firmó un convenio con el centro académico gracias al cual ganó posteriormente un gran un contrato, fue premiada el pasado diciembre con la Subdelegación del Gobierno en Madrid.
Trinidad Núñez, en su papel de jefa de Inspección de Servicios de la universidad, también fue responsable de investigar internamente el caso del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso fue llamada a declarar como testigo por este asunto.
Según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Trinidad tuvo un papel clave en las decisiones que se tomaron en torno al concurso diseñado a medida para que Barrabés, socio en el máster de Begoña Gómez, obtuviera un contrato de cuatro millones financiado con fondos europeos.
Como secretaria general y de la Comisión de Enseñanzas Propias de la Rey Juan Carlos, fue encargada de certificar la aprobación del curso de Barrabés. Lo hizo el 17 de octubre de 2023, solo dos meses antes de ser nombrada delegada del Gobierno en Madrid. Se convertía así en la mano derecha de Francisco Martín, que en marzo de 2023 fue designado delegado del Ejecutivo en la capital. Martín es un cargo de confianza del ministro Félix Bolaños. En la ceremonia de su nombramiento, Bolaños destacó que el nuevo delegado «representaba los mejores valores del Ejecutivo».
Acuerdos con Barrabés
También, el 27 de julio de 2023, se informó de un acuerdo de colaboración con Barrabés durante una reunión ordinaria del consejo. «En esta línea también hemos firmado un convenio con la empresa Barrabés para cooperar en proyectos de innovación
ampliando la capacidad investigadora de ambas partes, y posibilitar a los alumnos de la URJC la realización de prácticas en esa entidad», recogía el acta. Esta recibió la firma del rector, Javier Ramos, y de Pilar Trinidad, que encabezaron la reunión.
Como ha informado THE OBJECTIVE a partir de documentos exclusivos a los que ha tenido acceso, la Rey Juan Carlos estructuró un concurso para que Barrabés, figura clave en los negocios de la esposa de Pedro Sánchez, obtuviera un contrato posteriormente. Todo se fraguó en 2022 tras la recepción por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, que entonces lideraba Miquel Iceta, de 12 millones de euros de fondos europeos que fueron a parar a la Asociación del Deporte Español (Adesp). Esta importante partida se destinó a la formación de «capacidades digitales» a 6.000 alumnos en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El organismo vinculado al ministerio de Iceta —que agrupa a las federaciones deportivas— pactó con la Rey Juan Carlos un curso para formar a 3.000 deportistas. El montante total era de seis millones. El mismo debía ser impartido, según se acordó, por una de las empresas de Barrabés —que obtendría cuatro millones— en colaboración con la Rey Juan Carlos, que se llevaría 950.000 euros. El millón restante se dedicó a publicidad y promoción.
El curso de la URJC
El curso se diseñó ad hoc para que Barrabés fuese el único con capacidad de ganarlo. Uno de los requisitos que se exigía era que la plataforma LMS ya estuviese integrada con el sistema de gestión, admisión, calificaciones y aplicaciones de la URJC. Esto solo lo tenía el socio de Begoña Gómez porque en los meses previos ya había firmado un acuerdo para diseñar la citada plataforma. Por lo que licitar, para el resto de empresas, era imposible.
El concurso, que en principio solo tenía un posible candidato, sin embargo, salió a licitación a finales de diciembre de 2023, coincidiendo con la Navidad. Tampoco se respetó la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que exige un plazo mínimo de 15 días para optar a una licitación. Según el artículo 131 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el plazo mínimo para la presentación de ofertas es de 15 días desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) o en el perfil del contratante.
THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto la actual subdelegada del Gobierno en Madrid y exsecretaria general de la Rey Juan Carlos para conocer su versión, sin que al cierre de esta información se haya recibido respuesta.
