La Rey Juan Carlos ha repartido 300 plazas de profesor visitante de forma ilegal desde 2008
No se han cumplido los criterios que obligan a contratar docentes de prestigio y procedentes de otros centros
Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos. | URJC
Dos docentes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) denuncian que este centro lleva años adjudicando plazas de profesor visitante de forma irregular. Esta práctica va en contra de lo establecido en la ya extinta y en la actual ley de universidades, así como en los propios estatutos de la universidad. En concreto, este centro público ha concedido 300 plazas de este tipo desde el año 2008 sin cumplir con los requerimientos legales necesarios. Estos centenares de profesores (según cifras de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF), quedan ahora en un limbo legal ante la nueva regulación de la LOSU.
Tanto la extinta Ley de Universidades (LOU), como la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y los estatutos de la URJC contemplan la figura del profesor visitante, una tipología de docente de carácter excepcional que debe caracterizarse por dos rasgos fundamentales: haber sido docentes de reconocido prestigio de otras universidades nacionales o extranjeras, y que su contrato tenga carácter temporal. De alguna manera, esta figura está pensada para que el profesorado pueda tener movilidad o capacidad de intercambio entre instituciones educativas, así como para que una universidad pueda incorporar un perfil para solventar una necesidad puntual. Una figura que debería ser la excepción, pero que en la Universidad Rey Juan Carlos se ha convertido en la norma.
En concreto, la LOSU, que entró en vigor en abril de 2023, establece que las universidades podrán contratar a docentes o investigadores de otros lugares «que puedan contribuir significativamente al desempeño de los centros universitarios». El texto deja claro que el profesor deberá desempeñarse «en la especialidad en la que haya destacado», mientras que en la ley anterior se hablaba de que debía ser «de reconocido prestigio». Además, la nueva ley de universidades establece que los contratos de profesor visitante «tendrán una duración máxima de dos años, improrrogable y no renovable», y conllevará una dedicación a tiempo parcial o completo, según lo acuerden las partes».
Una práctica «ilegal» en la Universidad Rey Juan Carlos
Diego Contreras Mahou, del despacho SOCILEGAL abogados, señala a este periódico que el modo como la URJC ha contratado a cientos de profesores visitantes durante años «puede calificarse como ilegal, ya que va contra el espíritu y finalidad de la ley». De hecho, recuerda, el Tribunal Supremo ya calificó de «actuación fraudulenta» la sucesiva concatenación de contratos de profesor visitante cuando estos sirvieran para «atender a necesidades [de las universidades] que en realidad no tienen carácter temporal, sino muy al contrario permanentes y duraderas». Justo lo que se ha producido durante años en la URJC.
A diferencia de una plaza laboral o funcionarial en las universidades públicas, los contratos de profesor visitante se pueden otorgar a dedo por parte de los directores de departamentos, con la venia del rector. La Universidad Rey Juan Carlos lleva aprovechándose de esta circunstancia de manera continuada desde 2008, hasta el punto de que en la actualidad cuenta con 300 profesores visitantes que no cumplen los requerimientos que marca la ley. En concreto —señala a THE OBJECTIVE un docente de la URJC que prefiere no revelar su nombre—, la inmensa mayoría de estos docentes ni venían de otro centro ni tampoco eran profesores o investigadores de reconocido prestigio, es más, muchos incluso no contaban con el título de doctor cuando accedieron a la plaza o aun hoy.
Esta práctica, continúa la misma fuente, se lleva a cabo para «fomentar la endogamia y el clientelismo interno» en esta universidad. Para este profesor, esto «explica la mayoría de los escándalos que ha tenido la URJC, porque la regla es ver y callar, so pena de quedarte sin el contrato por la inestabilidad laboral de esta figura, que se renovaba año a año por iniciativa de cada departamento».
Este periódico ha contactado con la URJC para conocer su versión y el centro público ha contestado afirmando que esas contrataciones empezaron a realizarse en distintas universidades españolas hace diez años, como solución a la falta de profesorado. «Los contratos de este tipo, más recientes en la URJC, son de hace dos años y ya se han resuelto», alegan. Además, insisten en que «es precisamente el actual equipo de gobierno el que quiere terminar con esta situación dentro del marco de la nueva ley».
