El filtrador del 'caso Cifuentes' dirige un departamento irregular en la Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos vuelve a estar en medio de una polémica. El centro mantiene un departamento creado de forma irregular, dirigido por el profesor que desveló el conocido como caso Cifuentes, el catedrático de Sociología Salvador Perelló. Esta situación, denunciada por varios docentes e incluso elevada en repetidas ocasiones a las autoridades universitarias, se da con la complacencia del rector, Javier Ramos, que ha rechazado intervenir a pesar de las múltiples alertas recibidas e ignoradas.

Esta situación, que comenzó como un debate jurídico acerca del funcionamiento de una universidad, se ha enquistado. Dos años después, ha dejado tras de sí una ristra de polémicas y crisis internas que incluso ha obligado a la intervención de la Justicia y a la apertura de varios procesos internos en el centro que, por el momento, siguen sin una respuesta para los afectados, a pesar de su insistencia.

La situación no es menor ni un mero asunto administrativo. El centro, financiado con dinero público, ya ha sido señalado en anteriores ocasiones por las malas prácticas que se han dado entre sus paredes, siendo la más conocida la polémica por la concesión de títulos de máster irregulares a cargos políticos. La situación que se vive en esta ocasión tiene varios frentes: unas normas que se aplican a conveniencia, un departamento que ha sido una olla a presión durante dos años y una situación que se alarga en el tiempo sin que nada se haya hecho para atender a los afectados; todo ello a pesar de los costes económicos que tiene para las arcas de la universidad, de unos 40.000 euros en forma de salarios y complementos.

El mantenimiento de dicho departamento está en un limbo jurídico que se alarga desde el año 2021. Según apuntan fuentes consultadas por este medio, parece inevitable un desenlace judicial, pues este espacio académico origina importantes gastos de dinero público que, si finalmente hay un pronunciamiento legal contra su existencia, podría derivar en posibles delitos de prevaricación y malversación, recogidos por el Código Penal.

Dos años de crisis

Todo comienza en julio de 2021, cuando el Consejo de Gobierno, la máxima autoridad del centro, aprueba la división del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología en tres diferentes. Este hecho, un simple trámite administrativo, fue el detonante de un nuevo escándalo que vuelve a poner en el punto de mira el funcionamiento de una de las universidades más prestigiosas de la capital. Dos de los departamentos resultantes de la división fueron de nueva creación (no existían con anterioridad): el de Comunicación Audiovisual y Publicidad y el de Periodismo y Comunicación Corporativa. El de origen, a la vez que homónimo, se consideró nuevo por modificación al pasar de casi 200 profesores a poco más de 30.

Es aquí cuando se da el primer conato de irregularidad, ya que para poder formar este nuevo departamento se debía contar con un mínimo de docentes, requisito que no se cumple en el momento. Según exige el Reglamento Marco de Funcionamiento de los Departamentos de la URJC, este debe ser de, como mínimo, 40 profesores a tiempo completo.  No solo se incumplía esta norma, sino que, además, se vulneraba el artículo 4.1 del Real Decreto 2360/1984 de 12 de diciembre sobre Departamentos Universitarios, todavía en vigor, pues solo contaba con 11 profesores titulares y catedráticos con dedicación a tiempo completo, cuando el mínimo legal son 12. 

Desde el centro se dieron repetidas prórrogas para regularizar esta situación. Una vez terminados los plazos, que se pospusieron hasta en dos ocasiones, la irregularidad y la falta de personal no quedaron resueltas, teniendo que cumplirse lo que marca el citado decreto en su artículo 1.3: que si no se llega a esta situación la universidad debe determinar «con qué área o áreas con las que mantenga afinidad científica debe agruparse».  

El profesor Salvador Perelló, filtrador del ‘caso Cifuentes’ y actual director del departamento, en una conversación telefónica con este medio, sostiene que el departamento no debía acogerse a esas normas al no ser considerado de nueva creación, una posición en la que, según ha podido saber THE OBJECTIVE, se encuentra solo entre las autoridades de la URJC. La asesoría jurídica de la universidad ya determinó la novedad del departamento de marras, y la Secretaría General del centro, en manos de Pilar Trinidad, llegó a la misma conclusión y así lo defendió en sede judicial. Incluso el Rectorado comparte esta posición, tal y como ha confirmado en la consulta que este diario le ha realizado.

Todo apunta –señala un profesor del Departamento, consultado por THE OBJECTIVE– a que «este equipo de Gobierno aplica las normas que le interesa, y las que no, las estira a conveniencia». Lo cierto es que esta situación ha llevado a episodios internos muy tensos; y lo que es más trascendente, fue el detonante de una querella del propio profesor Salvador Perelló contra la exdirectora del departamento, Clara Muela.

Por ello, Muela le ha llegado a denunciar en varias ocasiones, e incluso ha elevado su denuncia al Rectorado, por lo irregular de esta situación. Pero la demanda de la docente, al menos hasta ahora, parece que ha sido en vano, pues pese a pedir ser escuchada, no solo no ha recibido respuesta, sino que también se ha visto obligada a solicitar la baja ante la presión psicológica a la que, afirma, mantiene.

Gracias a que el rector mira para otro lado, el profesor Perelló, como director del irregular departamento, y la profesora Rosa Berganza, en calidad de secretaria académica, cobran complementos salariales por su respectiva gestión. Si además se suma el contrato de un personal de administración, y otros pagos para hacer frente a quienes deben impartir la docencia que la dirección y la secretaría dejan de dar por la dedicación al cargo, el departamento ha generado unos gastos de casi 40.000 euros desde julio de 2021. Este es un cálculo aproximado realizado a partir de los datos publicados en el portal de la transparencia de la propia universidad. 

El profesor Perelló no oculta ser quien filtró los papeles que acusaban a Cristina Cifuentes por el asunto del falso título de máster. Afirmó en su momento que actuó así porque su «obligación como funcionario» era denunciar estos delitos. Mientras, la otra protagonista del mantenimiento del presuntamente ilegal departamento, la profesora Rosa Berganza, presentó su candidatura a rectora en 2018 para «luchar contra el acoso y limpiar la Universidad Rey Juan Carlos de redes clientelares y mafiosas». A pesar de las irregularidades denunciadas en repetidas ocasiones, ambos han apostado por mantenerlo. 

Ambos, Perelló y Berganza, mantienen desde octubre de 2021 una guerra abierta contra la también profesora Muela, entonces directora en funciones del controvertido departamento, porque, según fuentes próximas a ella, no cedió a sus exigencias, acompañadas de amenazas, para que convocara unas elecciones a dirección del departamento que hubieran sido ilegales a tenor de la normativa vigente y expuesta en este texto. 

Muela, catedrática de Publicidad y Relaciones Públicas, lleva ya un año de baja a consecuencia de las presiones y faltas públicas de respeto recibidas, en muchos casos a través de varios correos electrónicos con copia a todos los profesores del departamento a los que ha tenido acceso este medio. Estas comunicaciones fueron denunciadas en su momento en las instancias internas de la universidad sin que aún haya habido respuesta. Estas presiones tuvieron un efecto muy negativo en la convivencia entre los profesores del departamento, de lo que algunos de ellos, que han pedido guardar de momento el anonimato, han dado cuenta a THE OBJECTIVE.

Califican la situación como «desagradable» e impropia de un puesto de trabajo «sano», en especial tras el comienzo de los calificados como «correos agresivos» que complicaron sobremanera la convivencia en un espacio en el que la mayoría de docentes no se conocían. Algunos recuerdan que tras la baja de la catedrática Muela la situación se complica, en especial contra los 16 docentes que ante este mal ambiente pidieron abandonar el departamento para poder desarrollar sus carreras en otros espacios más tranquilos.

El ruego de estos profesores fue rechazado e incluso conllevó a un señalamiento de la nueva dirección del departamento con amenazas de no renovación de contrato para los profesores asociados que no renunciaran por escrito a este cambio. Algunas de estas presiones quedaron recogidas en nuevos correos, de nuevo con copia a todo el departamento, como medida de señalamiento. 

Durante la  ausencia laboral por baja de la profesora Muela, el 1 de julio de 2022 el rector, Javier Ramos, nombra a Rosa Berganza directora en funciones por ser la profesora de mayor categoría y antigüedad del departamento. Ella procede a su vez a nombrar a Perelló Secretario Académico, nombramiento que las normas especifican que se trata de una competencia exclusiva del Rector, según rige en el artículo 81 de los Estatutos de la URJC. El profesor Perelló ejerció ese cargo, en lo que podría ser una presunta usurpación de función pública, hasta la fecha en que fue elegido director del departamento, al que se presentó como candidato único. 

En su programa electoral, que él mismo distribuyó al departamento, faltó a la verdad sobre la situación del departamento. Decía que este se ajustaba a los «parámetros establecidos en el Reglamento Marco de Funcionamiento de los Departamentos de la URJC (RMFD) y al Real Decreto 2360/1984». Por esas fechas, no llegaba al mínimo necesario de 40 profesores a tiempo completo, y solo 11 de ellos eran catedráticos y titulares, cuando el requisito legal, de nuevo, es de mínimo 12. Por tanto, volvía a saltarse la norma vigente De nuevo, el rectorado no aplica el decreto ley y no une el departamento con otro afín. 

Una consulta elevada al Rectorado por este diario confirma la norma del RMFD: «El Reglamento establece que los Departamentos deben contar con un número mínimo de docentes a tiempo completo o equivalente y la Disposición Transitoria señala un plazo para que los Departamentos se adapten a las nuevas normas, transcurrido el plazo de adaptación sin propuesta de los Departamentos, el vicerrectorado con competencias en materia de profesorado propondrá al Consejo de Gobierno la creación, modificación o supresión de aquellos Departamentos que no satisfagan dichos requerimientos». Sin embargo, añade que no existe un plazo para que el vicerrector eleve esta causa, lo que permite situaciones como la actual en la que por dos años y tras varias prórrogas no se ha actuado.

Nada se ha hecho desde entonces para adaptar el espacio académico a la normativa vigente. A fecha de hoy, el departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología cuenta con solo 37 profesores a tiempo completo, según muestra la web de la propia universidad, de los cuales 12 son titulares y catedráticos desde marzo de 2023 que se firmó la última titularidad del departamento, según confirman fuentes internas este medio. En una conversación con THE OBJECTIVE, el profesor Perelló sostiene que esta norma no es de obligado cumplimiento. 

Querella archivada

Perelló llegó a interponer una querella contra Muela por prevaricación administrativa por no haber atendido sus reiteradas peticiones de convocatoria del Consejo que habría convocado las elecciones a la dirección del departamento, a las que él quería concurrir, según había confirmado en noviembre de 2021; todo ello a pesar de que la entonces directora en funciones insistía en que el departamento no estaba constituido porque se había considerado como nuevo tras el proceso de división, postura que él rechazó en repetidas ocasiones y que incluso traslada en diferentes correos. 

Tal y como sentaba la decisión de la asesoría jurídica, se debía esperar a las elecciones a representantes de estudiantes para poder constituir el órgano colegiado. La Asesoría Jurídica de la URJC, después de haber traspapelado «accidentalmente» un informe durante más de tres meses, confirmó a la entonces directora en funciones la imposibilidad de convocar comicios a dirección del departamento hasta que éste estuviera constituido. Así lo confirmó también la Secretaria General de la URJC, Pilar Trinidad, como consta en el auto de la querella a la que fue llamada a declarar por el propio Perelló como testigo de parte y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Contradecía así al propio convocante de  su persona, ratificaba de modo tajante que el departamento era de nueva creación y respaldaba a Clara Muela por haber actuado correctamente. 

A finales de marzo, la querella fue archivada en sentencia firme y definitiva emitida y registrada el pasado 27 de marzo de 2022 por la Sección nº 16 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Señalamiento al funcionamiento de la URJC

La profesora Muela nos deriva a su representante legal, Antonio Benítez Ostos, letrado y socio director de Administrativando Abogados. Sobre las actuaciones que su representada tomará contra la URJC y los profesores Perelló y Berganza no ha querido adelantar nada a THE OBJECTIVE, al estar «en el inicio de los oportunos trámites». Pero sí han recordado que los funcionarios públicos están obligados a no seguir órdenes de sus superiores contrarias al derecho, y que esto no exime de responsabilidades penales y civiles.

Asimismo, Antonio Benítez ha explicado a este diario que no solamente el departamento es presuntamente ilegal porque se han contravenido normas de carácter general y el propio reglamento interno de los departamentos, sino también porque se omitieron en la constitución del mismo por modificación las memorias prescriptivas. «Y -añade- lo que es más sorprendente, se omitió el trámite de audiencia, al no publicarse previamente la creación del departamento por modificación en el tablón de anuncios, lo que hace que la URJC vuelva a reincidir en las mismas causas por las que el TSJ de Madrid, el 19 de enero de 2022, extinguiera otro departamento ilegal» como ya informó THE OBJECTIVE.