La Fiscalía solicita ocho años de prisión para 'Tito Berni', exdiputado del PSOE
El Ministerio Público acusa al exparlamentario de delitos de cohecho y de pertenencia a organización criminal
Tito Berni.
Ocho años de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni. Esa es la pena que solicita la Fiscalía en un escrito de acusación al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Está acusado de un delito continuado de cohecho y otro de pertenencia a organización criminal. El Ministerio Público sostiene que, gracias a su condición de parlamentario, habría obtenido «dádivas» y «regalos» por parte de empresarios que recurrían a la trama para obtener ventajas administrativas.
El escrito de la Fiscalía no solo se dirige contra Fuentes Curbelo, sino que detalla las responsabilidades penales exigidas para el resto de los implicados principales de la red desmantelada. De acuerdo con el documento de la acusación, los procesados principales actuaron coordinados y guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico. Para lograrlo, habrían diseñado una estructura destinada a captar a empresarios a los que prometían ventajas administrativas a cambio de pagos y comisiones, estructurando las solicitudes de prisión en función de la gravedad y la reiteración de los delitos imputados a cada uno de ellos.
Dentro de este reparto de penas, la mayor solicitud de privación de libertad recae sobre Marco Antonio Navarro Tacoronte, considerado el intermediario clave de la trama y el ‘Mediador’ que da nombre al procedimiento. La Fiscalía solicita para él una pena de 13 años de cárcel, imputándole seis años por cohecho, dos por integración en grupo criminal, tres por estafa continuada, un año por falsedad documental y un año más por tráfico de influencias. Por su parte, Taishet Fuentes Gutiérrez, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino del exdiputado, afronta una solicitud de 11 años de prisión por los delitos de cohecho, grupo criminal y estafa.
La red operó nueve meses
El caso saltó a la luz pública en febrero de 2023, tras una serie de detenciones coordinadas por las fuerzas de seguridad. Las pesquisas policiales y judiciales determinaron que la red delictiva operó de manera intensiva durante un periodo de aproximadamente nueve meses, comprendido entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021. El mecanismo de funcionamiento de la organización combinaba el uso de dependencias institucionales con entornos de ocio privado para captar y asegurar la confianza de los empresarios que buscaban trato de favor en sus negocios.
Según el sumario de la causa, el grupo utilizaba la condición de diputado del principal acusado para aportar una apariencia de legalidad y una notable capacidad de influencia a las negociaciones. Los encuentros iniciales con los empresarios se organizaban en lugares de prestigio institucional, incluyendo visitas al propio Congreso de los Diputados o a dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, antes de trasladar las reuniones a restaurantes y locales de ocio nocturno donde se cerraban los acuerdos.
Comisiones y falsas donaciones
A cambio de estas gestiones, los empresarios abonaban comisiones y peajes económicos que, según los informes de la investigación, rondaban habitualmente importes iniciales de unos 10.000 euros. Estos fondos se canalizaban de forma opaca mediante transferencias bancarias a cuentas de personas vinculadas al mediador o a través de donaciones directas a un club deportivo de Fuerteventura presidido por el propio Fuentes Curbelo, sirviendo como pantalla para el blanqueo de los pagos recibidos.
La acusación penal subraya que la organización ofrecía a las empresas contrataciones públicas ventajosas, acceso privilegiado a subvenciones europeas o la manipulación de expedientes sancionadores del ámbito agrícola y ganadero. Los implicados aprovechaban su conocimiento de la administración para identificar explotaciones ganaderas que sufrían dificultades o deficiencias en sus expedientes, ofreciéndoles corregir las anomalías a cambio de los citados pagos. No obstante, las investigaciones judiciales acreditaron que los acusados eran plenamente conscientes de la imposibilidad de modificar la mayoría de los expedientes administrativos prometidos. Con la presentación de este escrito de conclusiones provisionales por parte de la Fiscalía, el proceso judicial entra en su fase definitiva de cara a la próxima apertura del juicio oral ante el tribunal competente.