Las regiones solo han aceptado acoger al 11,5% de los menores que necesita reubicar Canarias

Lejos de mejorar, la situación de colapso que vive Canarias con la acogida de menores migrantes se agrava cada día. El Gobierno autonómico ya no se esconde a la hora de admitir que es incapaz de garantizar los derechos de estos jóvenes. El desbordamiento que sufren es total, según palabras del propio presidente, Fernando Clavijo, tras el aumento de las llegadas irregulares a las islas. Actualmente, tutelan alrededor de 6.000 menores, cuando solo tienen capacidad para 3.000. Y, en este contexto, los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las comunidades autónomas para el reparto voluntario de estos niños y adolescentes apenas va a tener efecto en el archipiélago. 

Pese al revuelo generado en torno a la Conferencia Sectorial de Infancia y a la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería para crear un sistema de derivación obligatorio de los menores entre las regiones, lo cierto es que la reunión, celebrada el pasado miércoles en Tenerife, apenas registró avances. Las comunidades, a excepción de Cataluña, se comprometieron a asumir la acogida de 347 menores de Canarias y Ceuta, en el marco de un reparto voluntario que estaba pendiente de aprobar desde 2023. Es decir, no suponía ninguna novedad. Se trata de un cupo anual establecido hace dos años entre las regiones que, en cualquier caso, ha demostrado ser insuficiente para hacer frente al problema. 

Principalmente, porque casi en ningún año ha llegado a completarse por cuestiones burocráticas o de otra índole entre las regiones afectadas, un asunto en el que Canarias también ha asumido su responsabilidad. Sin ir más lejos, en 2023 solo Andalucía, Aragón y Asturias asumieron sus cuotas. De modo que, pese a lo pactado y teniendo en cuenta los datos oficiales, las regiones solo han aceptado acoger al 11,5% de los menores que necesita reubicar Canarias (3.000). Esto último sin tener en cuenta lo que ocurre en Ceuta, que ha advertido que sus centros de acogida también sufren una sobreocupación del 365%. 

¿Qué pasa con la reforma de la ley?

El objetivo de la Conferencia Sectorial de Infancia, señalaron hace una semana en el Congreso el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, era ultimar el borrador para la modificación de ley de extranjería, acordada entre el Gobierno central y canario para aliviar la congestión migratoria en el archipiélago. Un fin que implicaba convencer a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, cuyo voto resulta necesario para la aprobación de la nueva norma en la Cámara baja. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto. El encuentro estuvo repleto de reproches entre ambas partes, según advierten las fuentes consultadas por este periódico.

Los consejeros populares, tal como avanzó su líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, aceptaron el reparto voluntario, el primer punto que constaba en la orden del día, pero no entraron a debatir a fondo la propuesta de la modificación de la ley, que conlleva el reparto de 2.500 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas, así como un sistema de derivación obligatorio cuando las capacidades de acogida de una región sobrepasen el 150%. Aunque actualmente, el archipiélago canario es quien más sufre la presión migratoria, este plan está contemplado para cualquier comunidad autónoma.

Más financiación

Cabe destacar que en 2018 la comunidad que reclamó medidas urgentes por encontrarse en el mismo escenario fue Andalucía, tras lo que se acordaron distintos sistemas de reparto voluntario de menores. Ahora, en cualquier caso, la situación es más grave. En 2023, llegaron 40.000 personas de forma irregular a Canarias, y en lo que llevamos de año, la cifra supera ya los 20.000. Desde las comunidades del PP, en un principio, no se oponen rotundamente a la norma, pero critican que los gobiernos implicados en la propuesta les enviasen tarde el borrador, y, sobre todo, no contasen con las regiones para buscar una solución pactada.

También incidieron en la financiación, ya que la reforma no contempla ninguna partida presupuestaria concreta para las comunidades autónomas. En este sentido, desde el PP quieren que se concreten más las medidas económicas en cuanto a la acogida de los niños y adolescentes migrantes. No solo durante el primer año, sino también durante los siguientes para asegurar una correcta integración y formación. En este sentido, piden que se equiparen con el gasto que algunas regiones ya dedican a los menores en el marco de sus sistemas de acogida. Unas cuestiones que, tanto el ministro Torres como el presidente canario, se abrieron a modificar en el trámite parlamentario de la norma. 

Pendientes de la votación

En cualquier caso, la emergencia humanitaria en Canarias continúa y se prevé que a final del verano las llegadas irregulares se disparen por las condiciones del mar, como ocurrió el pasado año, y se alcance el dato de 70.000, teniendo en cuenta la crisis social, política y económica que atraviesa Mauritania, de donde proceden la mayoría de inmigrantes. Sin soluciones a corto plazo, el siguiente paso es que la propuesta de ley llegue al Congreso y salga adelante o no, dependiendo de lo que decidan los de Núñez Feijóo. 

De aprobarse, la distribución se decidirá basándose en un modelo que tendrá en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. Un sistema al que se han opuesto la mayoría de regiones, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. La más perjudicada por este sistema sería La Rioja, a donde irían a parar la mayoría de menores extranjeros no acompañados, porque apenas acoge a una docena en la actualidad. No obstante, este sistema, fijado para el reparto voluntario, puede modificarse a posteriori de la aprobación de la nueva norma, señalan fuentes gubernamentales.