Madrid alerta del «coladero» de Barajas: la mitad de los menores entra por el aeropuerto
El Gobierno autonómico ha pedido por carta a Interior que implante medidas para frenar estas llegadas irregulares
El colapso en las salas de asilo del aeropuerto el pasado mes de enero.
Que el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha convertido en una nueva ruta de inmigración irregular hacia España ya no es ninguna novedad. Esta realidad se evidenció sobre todo a principios del año cuando miles de pasajeros procedentes de Senegal colapsaron todas las infraestructuras policiales y de acogida en las terminales, tras pedir protección internacional una vez hacían escala en la capital española. Ahora, seis meses después, estos flujos migratorios, según advierte la Policía Nacional, están volviendo a reactivarse con la llegada de decenas de mauritanos en distintos vuelos. Un escenario del que ya está padeciendo las primeras consecuencias la Comunidad de Madrid, según denuncia en una carta que ha remitido al Ministerio del Interior.
En el escrito, fechado el pasado 19 de julio y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno autonómico alerta al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska de que el aeródromo madrileño se está convirtiendo en «un coladero para las mafias que comercian con los seres humanos» y le pide que lleve a cabo acciones planificadas y coordinadas para frenar esta situación. La prueba de esta realidad, señalan, es que «de los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio han llegado a nuestros centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo han hecho a través de Barajas, en su mayoría procedentes de Mauritania».
Esta no es la primera advertencia, en cualquier caso, que lanzan desde la Comunidad de Madrid a Interior. En abril, el citado departamento remitió otra carta en la que solicitaba al ministro la actuación urgente de su departamento ante la entrada masiva de personas en Barajas. Dos meses después, Interior respondió que ya se habían tomado medidas, como la imposición de visado de tránsito a países como Senegal, Kenia o Somalia, lo que había disminuido ese proceder irregular. Un extremo que también corroboró la Policía Nacional. El problema, no obstante, es que pasajeros de otros países siguen llegando al aeropuerto y se teme un efecto llamada.
Una «ruta caliente»
El Gobierno de Ayuso admite que la imposición del visado en los citados países «pudo retener en el mes de febrero la entrada irregular de personas (…) aunque con un retraso que supuso la saturación puntual de los recursos destinados a la primera acogida de menores». Sin embargo, insisten, «el problema persiste a día de hoy» con adultos y adolescentes que están llegando, principalmente, de Mauritania. La Policía es consciente de que las mafias han visto en los aeropuertos una nueva ruta de entrada en España más fácil que cruzar el Atlántico en cayuco hacia el archipiélago canario, donde la inmigración que llega desde Mauritania roza el 80% del total, según señalan fuentes policiales.
Por este motivo, advierten de la necesidad de implantar visados de tránsito aeroportuario (VTA) a todos los viajeros de países del África subsahariana para evitar otro colapso en Barajas. El modus operandi es el mismo. Los nacionales cogen el avión, normalmente en Casablanca (Marruecos) con destino a un país de Sudamérica. Una vez aquí se deshacen de su documentación, saltan los controles y piden asilo ante la Policía Nacional en la frontera. La mayoría de personas que ha pedido protección internacional llega a Madrid procedente de vuelos de Casablanca fletados por la aerolínea de Mohamed VI, Royal Air Maroc. Una serie de vuelos que ya son considerados por los agentes como «una ruta caliente».
«400.000 inmigrantes» en el aeropuerto
De este modo, la «grave crisis migratoria que está viviendo nuestro país», advierte a Interior la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el escrito, «no solo afecta a las comunidades autónomas costeras, sino también a otras como la Comunidad de Madrid». «Estoy segura de que conoce esta situación porque es reiteradamente denunciada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen encomendaba la vigilancia aeroportuaria y las responsabilidades de extranjería. Al igual que sabe seguro que, mientras el año pasado llegaron a las costas españolas 57.000 inmigrantes —40.000, según los datos del Ministerio— en situación irregular, al aeropuerto lo hicieron siete veces más, superando las 400.000 personas», señala Dávila.
Desde el Gobierno madrileño advierten que el aeropuerto de Barajas «no puede seguir siendo un coladero, provocando, entre otros efectos, un colapso del sistema de protección de menores». Una situación a la que se verán abocados, señalan, «si el Gobierno no lleva acciones planificadas y coordinadas. Si no dispone de recursos que permitan un mayor control en la entrada, o si no se produce la necesaria coordinación del Ministerio del Interior con el de Exteriores para firmar convenios con países de origen y exigir visado de tránsito de los inmigrantes procedentes de esos países».
«Le pido que actúe con la mayor celeridad y que tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria. Desde la Comunidad de Madrid nos ponemos, de nuevo, a su disposición para dar respuesta al inmenso reto que tenemos por delante», trasladan desde el Gobierno madrileño al área de Grande-Marlaska.
«Una alarma injustificada»
Fuentes del Ministerio del Interior, sin embargo, advierten que las salas de asilo del aeropuerto funcionan con plena normalidad y que el número de personas que se encuentran en los espacios habilitados ronda las 30 personas, lo que está permitiendo una adecuada gestión de la demanda de peticiones de protección internacional. Desde el área de Grande-Marlaska critican que «una situación excepcional», haciendo referencia al colapso migratorio del pasado mes de enero, «no puede servir para alimentar una alarma injustificada como la lanzada por la Comunidad de Madrid de manera irresponsable».
En la misma línea, las mismas fuentes señalan que las cifras facilitadas por el Gobierno de Ayuso sobre llegadas irregulares a través de Barajas «son absolutamente desproporcionadas y no se ajustan a la realidad». Desde Interior señalan que, en 2023, en toda España se recibieron 163.000 solicitudes de protección internacional, cifra que sitúa a nuestro país como el tercero de la UE en número de solicitudes «y muestra el respeto y el compromiso con la legislación nacional e internacional en materia de asilo y refugio».
