Policías y guardias civiles estallan contra Interior por la cesión a la Ertzaintza: «Es una traición»
Los agentes denuncian que su papel en las fronteras Schengen queda relegado frente a un cuerpo autonómico
El ministro del Interior junto al consejero vasco de Seguridad. | Interior
La cesión de las competencias de seguridad y mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos a la Ertzaintza en detrimento de Guardia Civil y Policía Nacional, que hasta ahora se encargaban de estas taras en las citadas infraestructuras, ha generado un gran malestar en ambos cuerpos. No «porque sea algo inesperado», pues esta transferencia se recogía en el acuerdo de investidura del PNV y el PSOE en noviembre, denuncian fuentes policiales, «sino porque confirma definitivamente la disposición del Ministerio del Interior para despojar a las fuerzas de seguridad estatales de sus competencias. No solo en País Vasco, esto solo es el principio, la siguiente será Cataluña. Es otra traición más», critican las mismas fuentes.
El departamento de Grande-Marlaska y la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco cerraron el pasado miércoles el acuerdo por el que la policía autonómica ampliará sus cometidos en los puertos y aeropuertos, en la zona pública y en la de acceso restringido, donde desarrollarán labores de seguridad ciudadana y policía judicial. Un cambio que, según señaló el ministro, no supondrá reducción alguna de competencias para policías y guardias civiles. Se trata, dijo, de «una clarificación de las que tiene otorgadas la Ertzaintza como policía integral en el Estatuto de Guernica». Todo ello «en aras de una mayor eficiencia policial», ya que «la experiencia acumulada recomienda que una policía integral ejerza todas las atribuciones que le corresponden en el territorio».
Un pacto, explicó el consejero vasco, Bingen Zupiria, de «aplicación inmediata», pero que llevará un tiempo poner en marcha, ya que requiere de «coordinación con los cuerpos que hasta ahora desarrollaban esas funciones». En cualquier caso, según señalan desde Interior, los puertos y aeropuertos contarán también con un punto permanente de coordinación operativa e intercambio de información entre las unidades de la Guardia Civil y de la Ertzaintza.
Las plantillas se mantendrán
Frente a futuras críticas, Grande-Marlaska aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán desarrollando las mismas actividades que realizan en la actualidad, «puesto que son competencias exclusivas del Estado». Estas son, precisó, «la custodia policial de puertos y aeropuertos, la lucha contra el contrabando, fraude fiscal, extranjería o el control de fronteras». No obstante, ha matizado, ahora las realizarán «en correspondencia con las competencias que por la Constitución y el Estatuto de Autonomía vasco corresponden a la Ertzaintza».
El acuerdo entre ambos ejecutivos tampoco se traducirá en una reducción de plantilla en la Guardia Civil o en la Policía Nacional, explicó el titular de Interior. El número de efectivos será el mismo y no habrá ningún repliegue de agentes en puertos ni aeropuertos. Aunque, según denuncian desde hace años las organizaciones sindicales, el número de agentes destinados en la comunidad autónoma ha descendido en torno a un 10% en la última década. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, frente a los 2.350 agentes que había en 2017, hoy gay 2.271, es decir, un 3,36% menos.
«Interior nos despoja de nuestros cometidos»
A juicio de las organizaciones de policías y guardias civiles, sin embargo, la realidad es bien distinta. Desde la Confederación Española de Policías (CEP) critican que el pacto supone despojar a los funcionarios de todos los cometidos policiales comunes, «los relacionados con la protección de la seguridad ciudadana y policía judicial en esas instalaciones», que «son esenciales, para entregárselos a la Policía vasca que, a partir de ahora, tendrán una posición preeminente en las fronteras españolas y europeas».
En este sentido, recuerdan desde este sindicato, «las instalaciones como los puertos o aeropuertos son puntos habilitados de acceso no solo a España, sino a territorio Schengen, con lo que la medida acordada es doblemente sensible en el ámbito europeo, puesto que supone entregar el control físico de esas infraestructuras y de los cometidos policiales generales a un cuerpo de seguridad no estatal y que, en consecuencia, tiene unas prioridades y objetivos ajenos al esquema unitario que debe presidir una política de seguridad alejada de iniciativas que supongan despiezar y trocear competencias con claras implicaciones estatales y supraestatales».
Critican también que pese a que Interior enmarca este acuerdo en el Estatuto de Autonomía vasco, lo cierto es que «nunca antes un Gobierno había aceptado realizar una cesión de este tipo porque siempre se ha entendido que la custodia, diligencia, protección de la seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público, prevención de la delincuencia e instrucción de atestados por delitos en puertos y aeropuertos eran cometidos sensibles que ni podían ni debían ejercerse por Cuerpos que no fuesen Policía Nacional o Guardia Civil». Por lo que, frente a todos los argumentos esgrimidos por ambos gobiernos, para esta organización solo hay una realidad: «El cálculo político».
El origen de un plan
Todo, insisten, además, «sin valorar el perjuicio que tal medida provocará a la seguridad pública al desgajar una parte esencial, tanto en lo operativo como en el ámbito de la obtención de información de interés para la protección de la seguridad ciudadana, de las competencias que Policía Nacional y Guardia Civil ejercían hasta ahora en esas infraestructuras críticas». Se trata de una «decisión basada en otros criterios, y no en los de eficiencia, competencia o capacidad policial», señalan también desde Jucil su secretario general, Ernesto Vilariño.
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que viene advirtiendo meses atrás de la presión del Gobierno vasco para ejecutar esa transferencia, el acuerdo es «solo el origen de un plan a corto plazo cuyos efectos se extenderán, finalmente, al resto de España y modificarán todo el escenario policial en puertos y aeropuertos». En cualquier caso, advierten, no descartan acciones judiciales «ante esta pérdida de competencias tan importantes y que solo tienen atribuidas las fuerzas de seguridad estatales».
