Marlaska se 'olvida' del dispositivo de 2018 que blindó la frontera para detener a Puigdemont
Interior se escuda en que no pudo detectar al prófugo porque el espacio Schengen permite la libre circulación de personas
El ministro del Interior. | EP
El Ministerio del Interior renunció a sus competencias en Cataluña para detener al expresident Carles Puigdemont y, tal como ha remitido en un informe al Tribunal Supremo, solo activó a sus agentes de Policía Nacional y Guardia Civil cuando se tuvo certeza de que el líder nacionalista se había fugado de nuevo. El departamento dirigido por Grande-Marlaska delegó todo el peso del operativo en los Mossos d’Esquadra como policia integral de Cataluña y, ahora, tras el fiasco, descarga toda la responsabilidad en el cuerpo autonómico. No obstante, Interior también se ha excusado en que no detectó a Puigdemont en las fronteras porque el espacio Schengen permite la libre circulación de personas sin que se realice inspección alguna.
«Limitaciones que dificultan que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento», insisten desde Interior. Que ya no existan los pasos fronterizos en los que agentes revisaban los pasaportes coche a coche y levantaban o no la barrera, según advierten fuentes policiales, no impide que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado puedan redoblar los controles en la carretera, o en otros puntos de la frontera, cuando, como en este caso, se buscaba a un prófugo de la justicia desde hace siete años.
El área de Grande-Marlaska insistió en el dossier remitido al juez Pablo Llarena «que el código de fronteras Schengen abre la posibilidad de restablecer de manera temporal los controles en las fronteras interiores por la existencia de una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior». Esta medida, sin embargo, solo se ha ejecutado durante la celebración de la cumbre de la OTAN de 2022 o en 2020, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Fuentes policiales, sin embargo, advierten que en ningún momento se planteaba este extremo, pero sí se esperaba un refuerzo de agentes en las fronteras, al menos días antes de que el político fugado llegase a España, como ha ocurrido en otras ocasiones. También para detener a Puigdemont.
El operativo policial de 2018
En este sentido, estas mismas fuentes recuerdan el gran dispositivo policial que dispuso a principios de 2018 el Ministerio del Interior, entonces en manos del popular Juan Ignacio Zoido, para impedir que Carles Puigdemont cruzase la frontera catalana. En ese momento, existía el temor en el Gobierno de Mariano Rajoy de que el político, fugado un año antes, se presentase en el Parlament para ser investido president, cuando pesaban sobre él delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, tras haber ganado de nuevo las elecciones autónomicas.
No ocurrió, finalmente. Y el trabajo policial contribuyó en gran medida a ello, pues la intención del expresident era regresar a Barcelona, insisten las mismas fuentes. Puigdemont, como ocurrió hace unos días, también comentó la posibilidad de regresar sin riesgo para poder ser investido presidente de la Generalitat. Las fronteras entonces se reforzaron durante prácticamente un mes con decenas de policías y guardias civiles, quienes recibieron la orden, entre otras, de «estar muy pendientes del interior de los vehículos». El blindaje de la comunidad autónoma se trasladó incluso hasta a puntos no fronterizos: carreteras interiores y pueblos limítrofes con Francia como la zona la Pobla de Segur o en Puigcerdà.
Un dispositivo que cerró prácticamente la frontera y que lideraron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con los Mossos d’Esquadra. Distintos mandos recuerdan que el hecho de que esta última sea la policía integral en la comunidad autónoma no impide a Policía Nacional y Guardia Civil puedan detener a presuntos delincuentes como policía judicial, ni que establecer controles en las fronteras, aunque los Mossos tengan también transferencias las competencias de Tráfico. Al final, insisten estos responsables, lo que se buscaba el pasado jueves «era detener a un prófugo, no poner una multa por conducción temeraria».
El papel de la inteligencia policial
Lo que derivó en el fiasco del operativo de detención, en cualquier caso, también fue la falta de información sobre los planes que tenía previstos ejecutar el expresident. En el caso de 2018, según señaló Zoido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aportaban información a la Fiscalía continuamente y realizaban seguimientos sobre el expresident desde que se había fugado a Bélgica «para poder evitar que cruzase la frontera en helicóptero, en barco o en el maletero de un coche». Tanto la Comisaría General de Información, como los Servicios Centrales de Información de la Guardia Civil, trabajaban sobre el terreno y conocían cuáles eran los movimientos del político fugado.
En el caso de los Mossos d’Esquadra, según trasladó el jefe del cuerpo, Eduard Sallent, el pasado viernes, «no disponían de información operativa ni de Inteligencia sobre el paradero de Puigdemont. «De haberla tenido se hubiese procedido», añadió. La Comisaría General de Información de la policía catalana era la encargada de detener discretamente al expresident cuando llegase a las inmediaciones del Parlament para evitar disturbios en los actos que se habían convocado en los alrededores. Se fiaron de la palabra del fugado —que dijo que acudiría a la Cámara catalana— pero finalmente aprovechó para huir a medio camino, entre la muchedumbre.
Desde Interior insisten que ofrecieron apoyo operativo a la policía autonómica, pero esta la rechazó. Fuentes policiales, sin embargo, advierten que ceder el peso del dispositivo a los Mossos no debería haber implicado la renuncia de las fuerzas de seguridad del Estado a intervenir en el marco de sus competencias en Cataluña. Es decir, endurecer los controles en las carreteras, como ya ocurrió hace seis años, o poner en marcha a la inteligencia policial que tiene allí la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Ministerio decidió actuar cuando el expresident ya se había fugado. «Con un trabajo previo, esto se habría evitado», insisten mandos policiales.
