Hay Derecho denuncia pérdida de «autonomía» de la Fiscalía y «politización» en el TC
La asociación pide al Gobierno que use los decretos-leyes sólo para asuntos verdaderamente urgentes
Rueda de prensa organizada por la fundación Hay Derecho. | Hay Derecho
La fundación Hay Derecho ha lanzado este viernes un informe sobre la situación del Estado de derecho en España, en el que ha denunciado la «politización» del Tribunal Constitucional, así como la pérdida de «autonomía» de la Fiscalía. Además, pide al Gobierno que use los decretos-leyes para asuntos verdaderamente urgentes y que eluda los llamados ‘ómnibus‘, que regulan materias sin relación entre sí.
Así lo recoge en el segundo informe sobre la situación del Estado de derecho en España, referido a 2022 y 2023, aunque con incorporaciones del primer semestre de 2024, durante su redacción, el cual es una continuación del primer informe, publicado hace dos años y que analizó el período 2018-2021.
La Constitución dicta que los decretos-leyes, que se convalidan por las Cortes después de su entrada en vigor, sean para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero, según ha constatado Hay Derecho, la tendencia a «abusar» de esta figura legislativa se ha consolidado, aunque haya disminuido respecto a los años previos.
Abuso de decretos-leyes
Así, según sus cálculos, entre 2022 y 2023 se aprobaron 28 decretos-leyes, en un bienio en el que, en contraste, salieron adelante 71 leyes y leyes orgánicas, mientras que en el bienio anterior, entre 2020 y 2021, los decretos-leyes habían sido 71, por 47 leyes y leyes orgánicas. La fundación recuerda que los decretos-leyes tienen menos garantías de calidad técnica que las previstas para la elaboración de leyes ordinarias y orgánicas.
«Al alto uso de los decretos-leyes, se añade su elevado uso para regular materias heterogéneas, lo cual obliga al Congreso a votar en bloque materias dispares, con la correspondiente merma de la calidad normativa», añade la fundación en el informe, en referencia a los «decretos-ómnibus».
De los 20 decretos-leyes aprobados en 2023, fueron ómnibus 7, algo que ocurrió en 5 de los 8 del año anterior, según su recopilación de datos. Otra alerta de Hay Derecho es sobre «los proyectos de ley encubiertos», como denomina a las proposiciones de ley que provienen de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno. Así, en 2022, fueron 21 de las 96 proposiciones de ley que hubo, y en 2023 fueron 18 de las 95.
Asimismo, Hay Derecho recomienda menos imprevisión y más planificación para las normas, y, en este sentido, lamenta que en 2022 fueran 7 las leyes y 179 los decretos que se aprobaron sin haber estado previstos en el Plan Anual Normativo, mientras que en 2023 ocurrió con una ley orgánica, 4 ordinarias y 214 decretos.
‘Lobbies’ y lucha contra la corrupción
España sigue sin regular los lobbies, a pesar de los llamamientos de la OCDE y la UE. La ley de protección a informantes de corrupción también sigue sin aplicarse plenamente, con la Autoridad Independiente de Protección al Informante aún pendiente de creación, de manera que los denunciantes de corrupción carecen todavía de garantías efectivas.
«Esta investigación ofrece datos que muestran cómo se están agujereando desde dentro procedimientos legislativos y sistemas de control, deteriorando el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Es algo que no se puede normalizar desde el Gobierno, y como sociedad civil debemos exigir respeto al funcionamiento de las instituciones y que afecta a derechos de la ciudadanía», ha declarado Safira Cantos.
Faltan jueces y sobra politización
En el informe también se indica que al cierre de 2023 España tenía 81 procedimientos abiertos por infracción o falta de trasposición de la normativa europea; el estado miembro de la Unión Europea que más tenía, empatado con Bulgaria.
España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos jueces por habitante. A 1 de enero de 2024, la tasa en España era de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del CGPJ. La media europea es considerablemente superior: unos 22 jueces por cada 100.000 habitantes. El CGPJ estima que se necesitan al menos 350 nuevos jueces anuales durante la próxima década, pero el acuerdo PP-PSOE sólo prevé la creación de 200 plazas cada año.
